¿Nueva Constitución en Chile?
Luego de un largo proceso constituyente, el pasado 4 de julio las personas encargadas de redactar la posible nueva Carta Magna de Chile hicieron la entrega formal de la propuesta de documento.[1] El encargado de recibirla fue el presidente Gabriel Boric, quien llegó a ese cargo impulsado por el mismo movimiento de protestas de 2019 que, en buena parte, produjo la redacción de ese texto normativo.
Sin embargo, ahora mismo el mandatario chileno enfrenta bajos niveles de popularidad, en contraste con la animosidad y esperanza con las que alcanzó el puesto hace algunos meses.
De cierto modo, la propuesta de texto de la Convención Constitucional corre con la misma suerte que el presidente. Las primeras mediciones formales, desde que se entregó el proyecto, han puesto en duda si finalmente la población apoyará la proposición en el referéndum que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre, cuando se decidirá si se adopta o no.
El documento redactado por la Convención es calificado como un texto con un profundo sentido de justicia social, en claro contraste con el documento vigente, heredado del régimen de Augusto Pinochet en 1980. Sin embargo, no ha encontrado eco entre la población chilena, principalmente en el sector de derecha, que afirma no sentirse representado ni en la Convención Constitucional ni en el texto. El pueblo chileno enfrenta un proceso de suma importancia para los años venideros. A continuación, se analizan algunos de los elementos más relevantes sobre el asunto.
¿Por qué una nueva Constitución?
Desde hace varios años en ese país se han reportado intensas manifestaciones sociales. En 2019, en el marco de otros levantamientos populares alrededor del mundo, las protestas en el país sudamericano se convirtieron en un fenómeno masivo con amplia participación de diversos sectores de la población.
Desde cierta perspectiva, Chile fue percibido durante largo tiempo como un país en donde las políticas neoliberales fueron exitosas. Un modelo de mercado que en buena medida protege al empresariado con supuestos efectos positivos en los salarios y bienestar de la población en general. Incluso, analistas relatan cómo liderazgos de derecha en Latinoamérica elogiaron el modelo privatizador en esa nación y lo utilizaron como ejemplo para sus propias políticas.[2]
Sin embargo, las protestas de 2019 rompieron con tal mito y el sistema chileno fue cuestionado por su propia población. Desde la educación privatizada hasta el desempleo, sobre todo para las personas más jóvenes, fueron puntos clave para desmontar aquella imagen.
A pesar de ser una de las naciones más abiertas a nivel comercial, dado que cuenta con tratados de libre comercio con 64 países, que en su totalidad representan el 90 por ciento del Producto Interno Bruto del mundo, el crecimiento no ha sido uniforme.
La política pública que dejó de lado el beneficio general y favoreció a las élites llevó al estallido colectivo. La población cuestionó su organización actual y clamó por un nuevo pacto social con mayor justicia.[3]
En buena parte, las manifestaciones de 2019, conformadas de manera importante por estudiantes de nivel universitario, permitieron cuestionar públicamente la organización heredada del régimen de Pinochet.
El sistema vigente continúa siendo el construido durante aquel periodo, y su elemento toral es la Constitución de 1980. Aunque en 1990 Patricio Aylwin tomó posesión como el primer presidente elegido democráticamente luego de la dictadura militar, lo cierto es que durante ese proceso de transición Pinochet continuó ejerciendo su influencia.[4]
Con la Constitución actual, las reglas heredadas de ese periodo histórico continúan vigentes, aunque los años hayan pasado y las demandas sociales sean distintas. De acuerdo con personas expertas, las disposiciones legales de hoy impiden reformas al sistema político y económico desde el siglo pasado.
Incluso, quienes estudian el tema señalan que, de algún modo, el fracaso de algunos Gobiernos en Chile se debe principalmente a que las reglas “no permitieron atender adecuadamente las demandas ciudadanas, particularmente en áreas tan relevantes como la política social, regulaciones del mercado laboral, abusos a los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos indígenas y diseño constitucional.”[5]
Por lo menos desde la administración de la entonces presidenta Michelle Bachelet (2014-2018), la discusión pública sobre una nueva Constitución fue constante. Sin embargo, ya entonces en el ámbito académico de Chile se advertía sobre los retos que esto significaría, por ejemplo, apoyar una reforma institucional profunda y la renovación del liderazgo político. Además, reestructurar la organización de los partidos políticos para promover la consulta y participación de la población en general. Sólo así el texto constitucional tendría el impacto y apoyo general necesario.[6]
En medio de la pandemia de COVID-19 y del recrudecimiento de las protestas en Chile, el 25 de octubre de 2020 se llevó a cabo un plebiscito nacional para que la población decidiera si se iniciaba o no un proceso constituyente para la redacción de un nuevo pacto social. El resultado fue claro y determinante, pues la ciudadanía chilena votó con casi un 80 por ciento a favor.
El proceso de redacción no fue fácil y encontró diversos obstáculos para su conclusión, y aunque finalmente se logró encontrar un relativo consenso entre las partes negociadoras, algunos sectores reclaman la falta de representatividad de cierta población, sobre todo la de derecha. A continuación, se analiza de manera general el contenido de la posible Constitución.
¿Qué hay de nuevo en el texto presentado?
El borrador presentado está compuesto por 388 artículos, por lo que, de aprobarse, Chile contaría con una de las constituciones más largas del mundo. Además, una de las más progresistas. Por un lado, el proyecto cuenta con apartados dedicados a asegurar el acceso a servicios básicos como educaciones, salud y vivienda para toda la población, disposiciones clásicas de la izquierda política. Por otra parte, también incluye contenido que representa demandas sociales novedosas en los cuerpos constitucionales que rigen alrededor del mundo, como la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género.
Entre los asuntos más destacados, Diego García-Sayán, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirma que la regulación de los derechos indígenas es de lo más destacable del proyecto. La Constitución vigente no menciona ni reconoce a los pueblos indígenas, por lo que su enunciación es en sí misma un logro. Con la definición de Chile en su primer artículo como un país “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, se introduce una forma innovadora de percibir al Estado. Con el texto actual, es el único país latinoamericano que no reconoce en su Carta Magna a los pueblos originarios y sus derechos, por tanto, es imprescindible que este asunto no quede fuera del nuevo texto o de futuras conversaciones.[7]
En este mismo tema, se contempla la restitución de tierras a comunidades indígenas, lo que en buena medida permitiría trabajar en la pacificación de algunas zonas en tensión, principalmente al sur del país. Por otro lado, se encuentra la protección del medio ambiente como pilar del texto, con el objetivo de hacer frente a las crisis climática y ecológica. Finalmente, en materia de género, Chile podría convertirse en un Estado paritario, con la obligación de que al menos un 50 por ciento de mujeres ocupen lugares en los órganos públicos.[8]
Entre los asuntos menos debatibles, se considera que el texto expande y fortalece la democracia. Sin embargo, los temas relacionados con los servicios públicos y su universalidad han sido criticados con mayor profundidad. Por ejemplo, los derechos a educación, vivienda y atención de la salud, aunque son bien aceptados por la población en general, plantean preocupaciones sobre la forma en que se financiarán. Los asuntos fiscales son los que más preocupación han traído sobre lo propuesto.[9]
En temas judiciales, también son importantes las críticas que señalan que la distribución de poder no es adecuada.
Por ejemplo, se propone un consejo judicial compuesto por 17 integrantes que, entre otras atribuciones, tendría una importante autoridad sobre la designación de personas juzgadoras, incluidos los de la Suprema Corte. Además, el consejo revisaría el trabajo de juezas y jueces cada cinco años. Si se aborda desde una perspectiva de rendición de cuentas, la propuesta es interesante, porque aborda un asunto que ha planteado retos a los gobiernos del mundo.[10]
Sin embargo, la designación a través de este mecanismo y, sobre todo, la revisión periódica de la actuación de las y los jueces podría centrar la actuación de las personas funcionarias en “satisfacer la opinión pública predominante” y no la imparcialidad judicial con que debe trabajar el Poder Judicial en todo el mundo. Analistas del país sudamericano abordan la posibilidad de que bajo este esquema dicho poder se encuentre vinculado a la agenda política coyuntural.
En contraste, García-Sayán afirma que la propuesta suma a la independencia judicial, porque en el proceso de designación no se involucrarán ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo. Además, agrega que, en respuesta a las objeciones a la propuesta, las y los integrantes de ese órgano tendrán que enfrentar un proceso de selección regulado, abierto y transparente.[11] Finalmente, la propuesta de instaurar un sistema legislativo unicameral preocupa por el riesgo de transitar nuevamente hacia un régimen dictatorial.[12]
Oposiciones desde la derecha y la izquierda
Aunque para buena parte del mundo, especialmente activistas, el proceso constituyente chileno y el texto presentado son ejemplos de cómo los movimientos populares se pueden concretar en nuevas reglas o modificar en buena parte el orden jurídico, entre las y los ciudadanos de ese país no ha provocado el mismo entusiasmo.
En la primera semana de julio, una encuesta realizada por Cadem reportó que el proyecto constituyente sólo cuenta con el 35 por ciento de aprobación de la población. El movimiento que promovió y en cierto modo redactó el texto tendrá, para esta fecha, menos de dos meses para convencer al electorado de que lo presentado es la opción adecuada.
Analistas coinciden que el poco apoyo al proyecto presentado era previsible. Por un lado, aunque durante la consulta en que se decidió emprender la escritura de la nueva Constitución tuvo un importante apoyo del 50.95 por ciento de participación, durante la elección de quienes integran la Convención Constituyente se redujo a un 41.51 por ciento.
Dado que las personas promoventes buscaban dejar atrás la actual Carta Magna de derecha, era evidente que la población más entusiasta en participar en la elección de constituyentes se identificaría con la izquierda política. En consecuencia, sólo 37 de los 154 integrantes de la Convención proceden de movimientos de centroderecha y derecha.
El rechazo de buena parte de la población al proyecto constitucional podría estar vinculado justamente a esa falta de representatividad de otras visiones políticas. El texto, con clara vocación de izquierda, no ha logrado sumar apoyos suficientes de diversos sectores de la población, para que finalmente la Constitución sea promulgada. Sin embargo, los partidos de derecha iniciaron una campaña contra la aprobación, bajo el argumento de que el texto presentado “favorece una fe ciega en el Estado” y no construye “estabilidad y paz”.
“favorece una fe ciega en el Estado” y no construye “estabilidad y paz”.
La elección presidencial y las legislativas de 2021 revelaron una conformación ideológica muy distinta a la representada en la Convención Constituyente. De esos comicios resultó una amplia gama de corrientes políticas que serán representadas en el Congreso chileno. Los resultados son tan divergentes que, incluso, a diferencia de la predominancia de la izquierda entre quienes redactan la Constitución, en el Senado la derecha logró su mayor representación desde que el país regresó a la democracia.[13]
Lo realmente significativo es la oposición desde la izquierda. Por ejemplo, el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) emitió un comunicado en el que expresó la necesidad de que la Constitución genere consenso y, desde su perspectiva, ni el documento vigente ni la propuesta lo hacen. Asimismo, Andrés Velasco, ministro de Economía durante la administración de la ahora expresidenta Bachelet y actualmente profesor en la London School of Economics, afirma que el sistema político propuesto por el borrador constitucional está “mal diseñado y no funcionaría”.[14]
Sin embargo, ambos líderes de izquierda coinciden en que, si se rechaza el texto propuesto, no necesariamente ello implicaría la finalización de pláticas y negociaciones para la conformación de uno nuevo. Ambos perciben el rechazo generalizado como el comienzo de un proceso de mejora.
El expresidente Lagos afirma que el debate debe seguir hasta que el texto alcance el consenso de la mayoría de chilenas y chilenos. De otra manera, el resultado de apoyo al “No” o al “Sí” simplemente dejará un país polarizado y muy complicado de gobernar; de ahí la necesidad de continuar con el diálogo. Incluso, si llegase a entrar en vigor, seguramente sería por un margen muy estrecho, lo que complicaría su implementación. El presidente Lagos es defensor de la necesidad de convocar a una gran mayoría ciudadana.[15]
Por ahora, el propio presidente Boric ya adelantó que, aunque el proyecto actual se rechace en septiembre, tiene que haber otro proceso constituyente, incluida una elección de personas redactoras. El mandatario adelantó que el proceso se podría prolongar por un año y medio más e iniciar desde cero.[16]
Últimas consideraciones
Lo más destacable del texto propuesto son los avances en los derechos sociales, como la salud, la educación y la vivienda. Sin embargo, los asuntos fiscales preocupan a algunos especialistas. El proyecto, sin duda soberbio, plantea retos importantes en esa materia, pero son demandas que la población ha pedido para promover un esquema de justicia social. En buena parte fue el origen de las manifestaciones.
Si finalmente la población decide no apoyar el texto propuesto, sin duda, tal y como lo han señalado liderazgos chilenos, el proceso no termina.
Es posible que encuentren un mecanismo alternativo para construir un nuevo pacto social y así, satisfacer las demandas sociales imperantes.
Sin embargo, aunque las encuestas le dan pocas posibilidades al “Sí”, lo cierto es que aún hay un buen sector indeciso que podría cambiar los resultados, en cualquiera de los dos sentidos. Aún quedan varias semanas para que se discuta públicamente el documento y la ciudadanía chilena tome su decisión.
Desde México nos mantenemos al tanto del proceso y enviamos nuestros mejores deseos para que la voluntad ciudadana de emprender un proceso político que abone a la justicia social, altamente demandada por la población, concluya en un éxito, ya sea con la adopción de una nueva Constitución o con un proceso de diálogo y negociación prolongado.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
Fuentes
[1] Para consular el texto completo véase: Convención Constitucional de Chile, “Propuesta. Constitución Política de la República de Chile 2022”. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2022) [En línea]: https://bit.ly/3zfwrT9 [Consulta: 14 de julio, 2022].
[2] Nicolás Saldías, “Chile’s Protests Are a Rejection of the Excesses of Neoliberalism”. World Politics Review (4 de noviembre, 2019), sec. Articles [En línea]: https://bit.ly/3civ3Wu [Consulta: 13 de julio, 2022].
[3] Idem.
[4] Jennifer Pribble, “Did Chile ditch its authoritarian government 26 years ago? Not quite.”. The Washington Post (6 de mayo, 2016), sec. Monkey Cage [En línea]: https://wapo.st/3ccwVjD [Consulta: 13 de julio, 2022].
[5] Idem.
[6] Idem.
[7] Diego García-Sayan, “¿Habrá nueva Constitución?”. El País (8 de julio, 2022), sec. Chile, Abriendo Trocha, ed. América-México [En línea]: https://bit.ly/3IKQxaK [Consulta: 14 de julio, 2022].
[8] César G. Calero, “Chile y el intrincado camino de la primera Constitución paritaria”. Público (10 de julio, 2022), sec. Internacional [En línea]: https://bit.ly/3uTAfqA [Consulta: 14 de julio, 2022].
[9] Frida Ghitis, “Chile’s New Constitution Is Inspiring Everyone but Chilean Voters”. World Politics Review (14 de julio, 2022), sec. Articles [En línea]: https://bit.ly/3zcYJxm [Consulta: 14 de julio, 2022].
[10] Idem.
[11] D. García-Sayan, op. cit.
[12] Idem.
[13] Idem.
[14] F. Ghitis, op cit.
[15] Idem.
[16] AFP, “Chile: Boric apostaría por otro proceso constituyente si se rechaza nueva Carta Magna en septiembre”. France24 (15 de julio, 2022), sec. América Latina, ed. Español [En línea]: https://bit.ly/3aQkmKr [Consulta: 15 de julio, 2022].
