Nueva ley: autonomía y atención a víctimas
Terminar con la impunidad es uno de los pilares de la transformación que actualmente se está llevando a cabo en el país. Lograr este objetivo requería una reforma de fondo de las instituciones a cargo de la impartición y la procuración de justicia. Por esta razón, uno de los compromisos de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador fue la creación de una fiscalía que gozara de autonomía verdadera, y que no recibiera consignas de ninguna autoridad, para que sus prácticas se apegaran al derecho y no a los deseos de alguna persona.
El cumplimiento de este compromiso inició en diciembre de 2018, cuando se aprobó la creación de la Fiscalía General de la República, en sustitución de la Procuraduría General de la República. Éste fue un primer paso para mejorar la procuración de justicia en México, al poner fin a una etapa en que la respuesta a las víctimas era inexistente y simplemente se maquillaba con la administración de la criminalidad, en la que se llevaban a cabo investigaciones no para tratar de atender los daños causados a la sociedad, sino para proteger la desgastada imagen de autoridades que realmente no tenían interés en poner fin a la impunidad.
Pero una reforma de este calado, como cualquier modificación institucional progresista que realmente busque mejorar la vida de una sociedad y no solamente simularlo, implica recorrer un camino largo y complejo, el cual demanda revisiones y mejoras constantes. Precisamente, como parte de este proceso, presenté una iniciativa para expedir una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con el objetivo de modificar el marco jurídico para asegurar tanto la autonomía de la institución como la correcta atención a víctimas.
Durante el debate en torno a esta nueva ley se destacó la importancia de que la Fiscalía fortaleciera su independencia y que siguiera formando parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Se trata de un balance complejo, en el que, por un lado, no se podía abandonar la convicción de acompañamiento a las víctimas de delitos que atentan contra los derechos humanos y, por otro, se debía garantizar la verdadera autonomía de la Fiscalía.
La misma complejidad del tema generó que algunos sectores vaticinaran que no sería posible un acuerdo; se habló incluso de tomas de tribuna y de posiciones irreconciliables. Pero lejos de generar preocupación, estas posturas debían ser entendidas y atendidas. Hay que reconocer que el proceso de diálogo y la expresión de puntos de vista diversos por parte de instituciones del Estado pertenecientes a distintos ámbitos es precisamente el resultado de que finalmente en México se cuenta con poderes que en verdad son independientes, así como consecuencia de haber dotado a la Fiscalía con una autonomía real y no sólo de papel.
En este sentido, el proceso de discusión en torno a esta propuesta, lejos de preocuparnos, debe servir como un indicador de que la construcción del nuevo régimen que actualmente tiene lugar en México se aleja de la simulación que por tanto años debilitó el Estado de derecho, para acercarse a la consolidación de un sistema que realmente pueda poner fin a la impunidad en el país.
Otra de las lecciones importantes que nos deja el proceso de aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República es que cuando el bienestar de la población se convierte en el objetivo principal, a pesar de las diferencias ideológicas y de la complejidad técnica de cada tema, los consensos son posibles. Así lo demuestran los 118 votos a favor que esta legislación obtuvo en el Senado, en los cuales se refleja la voluntad de todos los grupos políticos para poder fortalecer a la institución rectora de la procuración de justicia en México, asegurando su autonomía y sin descuidar su participación en los procesos de atención a las víctimas de delitos que atentan contra los derechos humanos.
Esta nueva ley es un instrumento indispensable para enfrentar a la delincuencia y al clima de inseguridad que aún persiste en el país. Con la aprobación de esta normatividad, la Fiscalía podrá contar con más y mejores herramientas e instrumentos para modernizar sus sistemas de investigación, y le será posible evitar la fragmentación en la integración de carpetas de investigación, lo cual le permitirá volverse más eficiente y empezar a pavimentar el camino de la legalidad.
El debate en torno a esta nueva ley nos ha demostrado que México vive un momento histórico, en el que quienes integramos las instituciones del Estado enfrentamos una disyuntiva: rehuir los grandes debates que pueden generar costos políticos o encararlos con la convicción de que construir el país al que aspiramos requiere de la suma de voluntades políticas, así como de poner en el centro el bienestar de las y los mexicanos.
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Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
