Para evaluar la consulta popular
El INE dejó pasar la oportunidad histórica de presentarse como un garante sólido de la democracia ciudadana directa.
Tenemos que considerar al menos dos criterios.
En términos cualitativos, la consulta popular del pasado domingo fue un ejercicio importante, porque inicia formalmente el ciclo de la democracia participativa directa en el país.
Se abre la posibilidad de impulsar otras prácticas de la democracia directa, como la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato.
De hecho, en marzo del próximo año, por primera vez en la historia de México, desde Guadalupe Victoria hasta AMLO, un presidente de la República se someterá a la prueba del ácido, que es la revocación de mandato. En un sistema presidencialista hasta el tuétano, la revocación es una señal profunda de cambio de régimen político.
Para constatar que hay un pensamiento político conservador que se orienta a neutralizar y contener la participación directa de la ciudadanía o del pueblo, pensemos que hay quienes prefieren la reelección sobre la revocación; los órganos autónomos sobre el plebiscito; el blindaje constitucional sobre el referéndum, y las acciones de judicialización en lugar de la iniciativa ciudadana.
“La ley no se consulta, se aplica” es la máxima expresión de este pensamiento conservador y autoritario que ignora todo el proceso de auscultación previo a una iniciativa de ley, el ciclo de negociación y el acuerdo que acompaña a las leyes, la figura de los jurados populares en las cortes judiciales y la máxima de los jurisconsultos romanos antes de votar una ley: “la mejor norma legal es la que consulta el sentir del pueblo”.
La consulta del pasado domingo también es cualitativamente importante, porque permite hacer un corte de caja con el pasado. No hay cambio de régimen político sin este enjuiciamiento, sin esta revisión y superación de los hechos de tiempos anteriores, sobre todo cuando se presenta el dilema histórico de toda transición: lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Una consulta popular sobre qué hacer con el pasado ayuda a expiar esos traumas históricos de antaño, además de aligerar y acelerar la transición.
El segundo plano por considerar sobre la pasada consulta es lo cuantitativo. La participación del siete por ciento fue baja en comparación con el criterio del 40 por ciento que señala la legislación para que los resultados sean vinculantes u obligatorios. Sin embargo, fue alta en relación con los otros ejercicios de consulta que se habían venido realizando en el país, como la relativa a la reforma energética o la referente a la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
La promoción de la consulta se basó más en difundir los vetos que los votos. Se supo más de la veda electoral, de las limitaciones organizativas y del “alto costo” de la consulta popular que de la pregunta por responder o los alcances históricos del ejercicio, los aspectos novedosos al ser la primera consulta popular, y sus beneficios para la democracia directa.
El INE dejó pasar la oportunidad histórica de presentarse como un garante sólido de la democracia ciudadana directa, y no únicamente como una institución gestora de la democracia representativa indirecta o partidocracia.
Respecto a MORENA, los resultados de la consulta popular plantean un desafío mayúsculo para el ejercicio de la revocación del mandato presidencial el próximo año.
No hay duda de que la revocación terminará en una ratificación. Pero la contundencia cuantitativa del resultado debe estar a la altura de la importancia cualitativa de la democracia participativa directa.
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