Participación directa: complemento de la democracia representativa
La democracia es un sistema de organización política que atribuye la titularidad del poder a la ciudadanía en su conjunto. En estos regímenes, mediante el voto, las personas delegan en quienes ocupan los cargos de gobierno la responsabilidad de tomar decisiones en su nombre. En este marco, los mecanismos de participación directa complementan el ejercicio representativo. El sociólogo y politólogo Maurice Duverger decía que estos esquemas pueden de hecho funcionar como correctivos de la vida democrática.
Los instrumentos de democracia directa tienen varias funciones: contribuyen a la toma de decisiones de interés público, ponen en la agenda de discusión temas ciudadanos y cuestionan e incluso sancionan el ejercicio de la autoridad.
Estas iniciativas contemplan el voto, pero sin vincularlo a la selección de representantes en el Ejecutivo o el Legislativo. Habilitan a hombres y mujeres como protagonistas, más allá de delegar y observar; además, han contribuido a la legitimación de decisiones fundacionales o a la conclusión de conflictos nacionales.
Los mecanismos más utilizados de participación directa son los referéndums o plebiscitos, las iniciativas ciudadanas y la revocación de mandato. Los primeros son procedimientos en los que el electorado tiene voto directo en temas políticos, constitucionales o legislaciones específicas.
Los resultados de estos ejercicios pueden ser vinculantes o solamente tener una función consultiva. Según datos de 198 países recopilados por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, un 70 por ciento ha llevado a cabo algún referéndum de 1980 a la fecha y una proporción similar prevé las condiciones legales para organizarlos.
Los principales entes que promueven estas iniciativas son la figura presidencial, el Legislativo y el electorado registrado. En algunos países hay temas que están excluidos, como la política fiscal y el presupuesto (Italia o Uruguay) o asuntos sensibles, como la amnistía en procesos de transición política (Colombia).
En naciones de Europa se han sometido a votación cambios fundamentales. Algunos ejemplos incluyen el tratado constitucional de la Unión Europea en España, Francia y Holanda, y la adopción del euro en Dinamarca y Suecia. En América Latina se ha buscado la creación de una nueva constitución, como en Chile el año pasado, o la derogación o reforma de diversas leyes en Uruguay en diferentes ocasiones.
Las iniciativas ciudadanas permiten al electorado votar por (o incluir en la agenda) una medida constitucional, política o legislativa. Estos ejercicios deben estar respaldados por un número determinado de personas.
La decisión puede ser vinculante o solamente informativa. Después de la transición poscomunista varios países de Europa del Este incorporaron este instrumento en su legislación, así como lo hicieron algunos Estados de América Latina después del fin de sus gobiernos autoritarios.
En la Unión Europea se prevé la posibilidad de presentar una propuesta ciudadana si se reúne el apoyo de al menos un millón de ciudadanas o ciudadanos que residan en una cuarta parte de los Estados miembros. Desde el 2011 se han presentado seis iniciativas bajo esta figura.
La revocación de mandato, por otra parte, permite al electorado votar sobre el fin de un gobierno o una persona electa.
En estos casos, el resultado es vinculante. La decisión está relacionada con integrantes del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial.
Este instrumento se ha utilizado con más frecuencia desde finales del siglo XX. Su uso más común ha sido en localidades o regiones de Estados Unidos, Perú, Japón, Polonia y Alemania.
Algunos casos notorios son la remoción del gobernador de California, Gray Davis, en 2003; el intento de revocación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en 2004; la votación para destituir al presidente de Bolivia, Evo Morales, y a ocho gobernadores en 2008 (se determinó el fin del mandato de un gobernador), y la destitución del presidente de Rumania, Traian Băsescu, en 2012.
La mayoría de los países contempla algún instrumento de participación ciudadana en su normatividad.
El objetivo de estos ejercicios no es poner en duda la legitimidad o la utilidad de la representación para la toma de decisiones y la delegación de poder, sino enriquecer el pluralismo con la expresión directa de la voluntad de las personas en la vida pública, la consideración de todas las voces en tiempos no electorales y la posibilidad de que la población pueda decidir, en momentos críticos, sobre asuntos cruciales de su pasado, presente y futuro.
Estos ejercicios fortalecen la democracia. La experiencia nos muestra que debemos legislar para facilitar y hacer más accesible la participación de las personas en la vida pública.
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