La inestabilidad política e institucional que vive Perú desde hace varios años se acrecentó con la destitución de Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre, aún en su calidad de presidente, en un mensaje a la nación ordenó de manera sorpresiva disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional, convocar a elecciones parlamentarias y elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor a nueve meses.

Durante ese período se gobernaría mediante decretos de ley. También estableció el toque de queda a nivel nacional y declaró la intención de reorganizar el sistema de justicia, incluidos el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.

De inmediato este anuncio fue cuestionado no solo por la oposición y por diversos parlamentarios, sino también por la vicepresidenta del país, Dina Boluarte; por algunos de sus ministros y embajadores, y por otras autoridades, como la Policía y las Fuerzas Armadas.

En una sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso peruano avaló, con 101 votos de los 130 asientos, la destitución al cargo del presidente Castillo, por “permanente incapacidad moral”. En paralelo, el mandatario fue detenido y acusado de rebelión, al tiempo que se suscitó una ola de renuncias entre altos funcionarios.

Pedro Castillo llegó al poder el 28 de julio de 2021. Como un candidato ajeno a las élites, con gran apoyo de los sectores populares y con un discurso anti-establishment, prometió superar el hartazgo ciudadano respecto a los partidos tradicionales y la polarización política.

Sin embargo, en año y medio de gestión enfrentó sucesivas crisis de gobierno, dos intentos de vacancia y diversas renuncias y destituciones. La situación lo llevó a reemplazar su gabinete en cinco ocasiones. En ese curso, el mismo día de su destitución enfrentaría su tercera moción ante el Congreso.

En Perú, los enfrentamientos entre congresistas y presidentes han sido una constante; las turbulencias entre Poderes generaron gran inestabilidad política, y las medidas extraordinarias se convirtieron en ejercicios cotidianos.

En este desequilibrio, el Ejecutivo es el órgano que resultó más afectado, ya fuera por falta de mayorías parlamentarias afines o por mayorías legislativas débiles que se desvinculan con el tiempo.

A esto se suman el diseño institucional y el uso excesivo de mecanismos abocados al equilibrio de Poderes; por el Congreso, la figura constitucional de vacancia, y por el Ejecutivo, el ordenamiento unilateral de disolución. Desde 2016, el país tuvo cinco presidentes que, en progresivo, han dejado o salido del cargo luego de hostilidades con el Legislativo.

Además de estos elementos, analistas y organismos internacionales señalan que la crisis peruana encuentra sus raíces en la alta corrupción que desafortunadamente prevalece en ese país. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, elaborado por Transparencia Internacional, la nación andina fue clasificada en el lugar 36 de un rango de 0 a 100, y en 2020 se colocó en el 38. Algunos de sus mandatarios desde 2016 son investigados por presunta corrupción.

En adición, hoy Pedro Castillo también está vinculado a seis casos por ese delito, con acusaciones que incluso involucran a integrantes de su familia. La diferencia entre él y sus antecesores es que en esta ocasión y por vez primera en la historia político-jurídica peruana, se utilizaría esta figura para cesar del cargo al mandatario.

Entre algunos de los elementos por considerar en este círculo vicioso que prevalece en Perú están la caída de los partidos políticos tradicionales versus la aparición de otros movimientos múltiples con un sentimiento antisistema o antigubernamental; la crisis de representación que prevalece en el Congreso.

Un Legislativo muy cuestionado (el 86 % de la ciudadanía peruana lo desaprueba), fragmentado (la actual Legislatura comenzó con nueve grupos y hoy suman trece) y sin una agenda clara y continua, sin soslayar la enorme desigualdad y exclusión que padecen millones de habitantes y grupos indígenas.

Lo anterior dañó la confianza entre los Poderes del Estado peruano, afectando la representación política y la democracia en general. Al mismo tiempo, bloqueó el avance de las iniciativas en pro de la consistencia por el propio desarrollo del país. El contexto interno es inédito y las consecuencias son ya de alcance internacional.

Luego de tomar posesión por designación del Legislativo, Dina Boluarte llamó al diálogo y al entendimiento. Sin embargo, en un intento por dar respuesta a las amplias protestas y movilizaciones que se acrecientan en el país, propuso adelantar las elecciones generales para abril de 2024, dos años antes de lo previsto.

Desde el Senado de México y con absoluto respeto a la soberanía de Perú y al derecho internacional, sumamos votos por el retorno de la estabilidad política en ese país, en apego al orden constitucional y en beneficio de las instituciones y la sociedad.

Finalmente, en el marco de nuestra tradición diplomática y política exterior, reafirmamos nuestra vocación de asilo auspiciada por el titular del Ejecutivo federal.