Presupuesto presionado
Paradójicamente, las presiones más fuertes para el PEF del próximo año vienen de la propia dinámica de la 4T.
El próximo mes inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura, y entre las iniciativas que conoceremos se encuentra la del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que, de manera exclusiva, corresponde a la Cámara de Diputados recibir, dictaminar y votar.
El PEF es la carta de navegación de todo gobierno; allí se vislumbran y fondean las auténticas prioridades de una administración. Programa no presupuestado es programa relegado u olvidado; política pública que no se refleja en el presupuesto es demagogia.
Hasta 2022, los PEF de la 4T han logrado reflejar con puntualidad las prioridades del Ejecutivo federal, de manera especial las que tienen que ver con la austeridad republicana, la política social y los proyectos estratégicos del nuevo régimen: desde la Guardia Nacional hasta el AIFA; desde la refinería de Dos Bocas hasta el Tren Maya, y desde la compra de vacunas contra la COVID-19 hasta el apoyo a pequeñas empresas para sortear la crisis sanitaria.
Lo más notable de ello es que esta reasignación presupuestal se realizó sin contraer deuda pública y sin crear nuevos impuestos o aumentar las contribuciones existentes más allá de la inflación. Estos dos fundamentos son anclas irreductibles para los presupuestos de la 4T, que no se han modificado ni con la crisis sanitaria del coronavirus ni con la inflación que trajeron consigo la reactivación económica y la guerra de Rusia contra Ucrania.
La aplicación de medio billón de pesos para subsidiar el IEPS de las gasolinas y, de esta manera, contener una espiral inflacionaria, obedece también a esta visión no ortodoxa, pero eficaz, de una política económica radicalmente distinta de la que se aplicó durante más de tres décadas por los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN.
Entre los actores políticos que solían presionar el presupuesto cada año debemos anotar a las organizaciones político-sociales, como las del campo, y a los gobernadores de origen diferente al del partido del presidente. Ambas figuras han visto mermada su capacidad de presión ante el hecho de que el fenómeno de los “gobiernos divididos” (mayorías parlamentarias distintas del partido del Ejecutivo) cedió su lugar a una nueva mayoría, de un mismo color, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.
Esto explica por qué la llamada “Alianza Federalista”, formada por 10 gobernadores no pertenecientes a MORENA, nunca prosperó en su afán de conseguir más recursos del PEF. No tenían el número suficiente de legisladoras y legisladores que hicieran valer sus reclamos en las negociaciones presupuestales.
Paradójicamente, las presiones más fuertes para el PEF del próximo año vienen de la propia dinámica de la 4T. Presupuestar medio billón de pesos para programas sociales; fondear los proyectos estratégicos de infraestructura, como la nueva refinería y el Tren Maya, que han visto incrementar sus insumos; cumplir con las metas de salud pública, como el abasto gratuito de medicinas; contener el precio de los energéticos básicos (gasolinas, gas y electricidad), y conseguir los recursos fiscales de una base de contribuyentes pequeños, medianos, grandes y enormes, que parece haber tocado techo, son las presiones de fondo que tiene a la vista el PEF 2022.
Si a ello agregamos que la inflación, como la COVID-19, aún no está dominada, tendemos el cuadro completo de un presupuesto fuertemente presionado para el año por venir.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
