La democracia judicial que estrenamos el pasado domingo, con todas sus insuficiencias, es mucho mejor que la oligarquía judicial que padecimos.
Justo a un año de la elección de la primera Presidenta en la historia de México, se realizó la histórica elección de integrantes del Poder Judicial federal y de los poderes judiciales locales en 18 de las 32 entidades federativas.
El común denominador de ambos eventos es la participación, también histórica, del pueblo de México en las decisiones que están dejando una estela de transformaciones en el país.
Con la elección popular y ciudadana del Poder Judicial, se consuma el ciclo de cambio de régimen político que desde la campaña de 2018 ofreció el entonces candidato y luego Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
Así como no se puede conservar vino nuevo en odres viejos, un cambio de régimen político no se consuma íntegramente hasta que se modifica también el Poder Judicial, es decir, la forma de impartir y garantizar justicia a la población.
En ese sentido, una reforma judicial es, en el fondo, una reforma política, en tanto que modifica la correlación y el funcionamiento de los tres poderes del Estado. Y la actual reforma judicial —que ayer tuvo su momento fundacional con la primera elección popular en más de 200 años de historia del Poder Judicial en México—viene a modificar de raíz la existencia y el funcionamiento de la impartición de justicia en el país. Que las y los justiciables elijan a sus juzgadoras y juzgadores es la piedra de toque de esta transformación sin precedente.
Por un dogma ideológico y doctrinal, producto del positivismo jurídico, se había considerado herético que las y los jueces pudiesen ser seleccionados mediante el voto universal, directo y secreto. Se pensaba equivocadamente que la independencia y la autonomía judiciales serían sojuzgadas por “las emociones y prejuicios del pueblo elector”. “Eso es populismo judicial”, argumentan todavía los seguidores y malos lectores de Montesquieu y su Espíritu de las leyes.
En cambio, los seguidores de Rousseau y su escuela del Contrato social no encontramos disfuncionalidad alguna en que la misma fuente de legitimidad que hace posible la existencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo sea compartida también por el Judicial, ya que los tres realizan funciones diferentes y, a la vez, complementarias, para el funcionamiento democrático del Estado de derecho. El Ejecutivo aplica las acciones de gobierno que exige una sociedad; el Legislativo emite las leyes que norman las conductas de la ciudadanía y el Gobierno, mientras que el Judicial vigila y garantiza que los otros dos poderes se apeguen a las leyes vigentes, con un referente cada vez más importante: el respeto a los derechos humanos. Al compartir de ahora en adelante los tres poderes la misma fuente de legitimidad, la cancha de juego queda más pareja; de esta manera, el Poder Judicial adquiere mayor autonomía e independencia respecto a los otros dos poderes.
Como sucede en toda democracia, el ejercicio del pasado domingo no fue perfecto. Habrá que revisar lo hecho en materia de organización, difusión y cómputo, para que las próximas elecciones judiciales resulten mejor que las del pasado 1 de junio. El voto electrónico ayudará mucho en ese aspecto.
De algo sí estamos seguros muchas mexicanas y mexicanos: la democracia judicial que estrenamos el pasado domingo, con todas sus insuficiencias, es mucho mejor que la oligarquía judicial que padecimos, con su secuela de corrupción y privilegios judiciales.
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