Quédate en México
El pasado 2 de diciembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el programa Quédate en México, que comenzó en la administración del expresidente Donald Trump en 2019 y fuera cancelado por el mandatario Joe Biden al iniciar su Gobierno, se reiniciaría.
¿Qué implica esta decisión? Que el Gobierno mexicano deberá recibir a las personas migrantes que esperan saber si les será otorgado asilo o no en Estados Unidos. Se trata de una situación compleja, pues mientras estuvo en curso, el programa registró a aproximadamente 70 mil solicitantes, reduciendo, de acuerdo con la administración Biden, los flujos migratorios, pero a un costo humanitario injustificable.
¿Por qué reiniciar un programa que no funcionó? La reactivación, que fue ordenada por un juez federal de Estados Unidos a la Casa Blanca, ha provocado preocupaciones fundadas, dado su desarrollo previo, pero a diferencia del pasado, esta vez el Gobierno de ese país, al igual que el del nuestro, ha mostrado un talante humanitario y solidario. Esto cambia por completo la concepción del programa, pues lo que nació como un instrumento coercitivo se puede convertir en un mecanismo eficiente para mitigar algunos problemas que genera la migración.
¿A que se compromete cada país? Este nuevo paradigma inicia con el compromiso del Gobierno estadounidense a destinar mayores recursos para albergues, para la protección de grupos vulnerables y para la aplicación de medidas anti-COVID-19. No obstante, se debe reconocer que se trata de un escenario igualmente complicado.
Por su parte, México ha sido, y debe seguir siendo, tierra generosa y hospitalaria para quienes no tienen más opción que dejar sus países de origen por motivos de pobreza, inseguridad, violencia, persecución política u otras causas de fuerza mayor. Ofrecer garantías para la seguridad personal y familiar de las personas migrantes que cruzan por nuestro territorio para ir a Estados Unidos es compromiso del Gobierno del presidente López Obrador.
Pero la humanidad y la solidaridad no deben dar paso a omisiones. La pandemia aún no cede, la nueva variante ómicron representa un nuevo reto para los gobiernos, y la mayoría de las personas migrantes proviene de países con tasas bajas de vacunación. Se debe asegurar la existencia de protocolos claros, que puedan garantizar la salud la población migrante así como de la residente en las ciudades receptoras.
Por eso, en el Senado de la República convocaremos a las autoridades correspondientes a contar con la información completa y detallada del impacto que tendrá la decisión del Gobierno estadounidense en la vida diaria de nuestras ciudades de la frontera norte, y sobre las medidas que se adoptarán para atender a los miles de personas migrantes internacionales y a compatriotas que sean devueltos a México. En la Cámara Alta queremos contribuir a las mejores soluciones para proteger los derechos humanos de todas y todos, y garantizar su seguridad y tranquilidad.
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