Reforma al Poder Judicial busca consolidar a SCJN como un tribunal constitucional

• En Parlamento Abierto, senadoras y senadores analizan con expertos los mecanismos de control constitucional que traerá la reforma

Con el objetivo de enriquecer la reforma para y por el Poder Judicial, la Junta de Coordinación Política del Senado, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, reanudó los trabajos, a distancia, en Parlamento Abierto en la materia, en un diálogo constructivo con académicos, especialistas e integrantes de la sociedad civil.

Durante la tercera Mesa de diálogo: “Mecanismos de Control Constitucional”, la cual fue moderada por la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, de la bancada del PRI, se discutió la eliminación del amparo; la materia de las controversias constitucionales; legitimación de órganos autónomos para promover controversias constitucionales; declaratorias generales de inconstitucionalidad y recursos de revisión en amparo directo.

Al inaugurar la Mesa de diálogo, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, dijo que la reforma profunda al Poder Judicial se ha postergado mucho tiempo. Señaló que, a pesar de la creación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, todavía existen privilegios, ya que los órganos autónomos y los juzgadores siguen percibiendo salarios más altos que los del Presidente de la República.

El legislador informó que después de este ejercicio de Parlamento Abierto, las Comisiones dictaminadoras retomarán las opiniones vertidas en las mesas para fortalecer el dictamen en la materia. Acotó que la propuesta será discutida y deliberada mañana en Comisiones; el jueves se ingresará el proyecto al Pleno y el viernes iniciará la discusión constitucional.

Además, reveló que la próxima semana buscarán la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el cual también es un tema impostergable ante la creciente inseguridad pública y la reciente presencia del crimen organizado, el cual no cede. “Tenemos que dotar al Fiscal o a la Fiscalía como institución, de reglas jurídicas más claras”, aseveró.

En este sentido, lamentó el feminicidio “cobarde y artero” de Sofía Alejandra, una niña de 12 años originaria de Fresnillo, Zacatecas, de donde es originario el legislador. “La Fiscalía del estado es la responsable de aclarar y determinar quiénes fueron los responsables. Exigimos que haya justicia para la familia de Sofía Alejandra y le exigimos a la Fiscalía en el Estado, que con rapidez se aclare”, sentenció.

En su intervención, Miguel Carbonell Sánchez, del Sistema Nacional de Investigadores, aseguró que esta propuesta de reforma consolidará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como un tribunal constitucional. La Corte sólo podrá asumir las controversias constitucionales, las violaciones del ámbito legal serán atendidas por otras instancias, puntualizó.

Apuntó que el federalismo mexicano supone, en una pluralidad de materias, la necesidad de la colaboración entre todos los niveles de gobierno, la cual no se da de la manera en la que lo ordena la Constitución como seguridad, salud y medio ambiente. En este sentido, informó que la propuesta plantea emitir controversias de violaciones por omisión, una herramienta para plantear la ausencia de colaboración y apoyo, lo cual fortalecerá el federalismo.

Además, Carbonell Sánchez pidió a las senadoras y los senadores no olvidar la reforma de la justicia local. Aseguró que la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual no existe, regularía el 66 por ciento de todos los procedimientos judiciales del país. La justicia local necesita normas, apoyo y modernización, y sólo el Legislativo tiene la facultad para hacer esto realidad, señaló.

El catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, Enrique Rabell, consideró que se debe dar marcha a tras a las facultades que la reforma le otorga al Consejo de la Judicatura, pues son negativas, exceden el campo de este órgano y podrían ser violatorias de derechos humanos.

Dijo que es necesario avanzar en mayores mecanismos de transparencia y permitir mayor participación ciudadana de manera honoraria, vía universidades públicas, barras de abogados e instituciones de prestigio, en el Consejo de la Judicatura, lo que ayudaría a que la administración del Poder Judicial sea más transparente y eficiente.

También sugirió crear una sala especializada en materia constitucional para ayudar a la Corte a desahogar mejor sus asuntos. Asimismo, para evitar la acumulación de casos propuso mejorar los supuestos de procedencia de controversia constitucional y dar mayor competencia a los colegios de circuito en materia de amparo.

Fabiana Estrada Tena, coordinadora general de asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó la importancia de esta apuesta por la justicia constitucional, avanzar hacia un sistema de jurisprudencia por precedentes y no dar pasos regresivos en la separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas, que desempeñan la Corte y el Consejo de la Judicatura.

Dijo que el argumento que se ha esgrimido, según el cual el federalismo se vería debilitado si la controversia constitucional sólo procede por violación a la carta magna y no por violaciones a la ley y otros ordenamientos secundarios, parte de un falso dilema porque “la Corte defiende al federalismo, defendiendo la Constitución”.

Aseguró que la reforma es a la vez una apuesta por el fortalecimiento de la justicia constitucional local, pues esa debería ser la sede natural para la resolución de muchos de estos conflictos. Limitar la controversia a violaciones directas no es vaciarla ni debilitarla, sino reorientar su función como un sistema de control constitucional, subrayó.

El magistrado José Manuel de Alba de Alba fijó su postura a favor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, pero indicó que esta debe contar con la suspensión de plano, para hacerla más eficaz.

Cuando se trate de norma discriminatorias, precisó, la Constitución debe establecer que estas tendrán un efecto de suspensión de plano, de este modo se podrá avanzar en la eficacia de los derechos humanos, “porque un texto normativo declarado inconstitucional por discriminación no puede tener efectos en el tiempo para nada”.

Por otro lado, explicó que la eliminación del amparo soberanía no tendría ningún problema, ya que representa un amparo contra leyes por la invasión de esferas de una entidad con relación de otra.