SEMINARIO INTERNACIONAL “MODERACIÓN DE CONTENIDOS Y LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS USUARIOS DE REDES SOCIALES”
EL 12 de marzo se llevó a cabo la primera jornada del seminario intitulado “Moderación de contenidos y la protección de la libertad de expresión de los usuarios de redes sociales” el cual fue organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) y el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (OBSERVACOM). Esta primera jornada consistió en una conferencia y dos mesas de análisis donde participaron expertas y expertos de los sectores público, privado y sociedad civil.
Al inicio de la jornada, Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México, se refirió a la importancia de este seminario como un esfuerzo cuyo objetivo es ayudar a articular una de las discusiones más relevantes que enfrenta la sociedad actualmente. El propósito es responder a los paradigmas que representa la sociedad del conocimiento con soluciones basadas en cuatro pilares: la libertad de expresión, el acceso universal al conocimiento, el respeto a la diversidad cultural y lingüística y la educación de calidad para todos.
Vacheron reiteró que con este ejercicio participativo se busca promover una discusión basada en derechos humanos. Recordó que desde 2018, la UNESCO ha impulsado el que el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) se realice bajo una serie de principios éticos. Asimismo, destacó el desafío que representa desarrollar marcos regulatorios en el entorno digital, donde la propagación de la desinformación, alimentada por la “malinformación”, se ha convertido en “un gran problema social, incluso hasta el punto de socavar los procesos democráticos y poner hasta en riesgo [la vida] en el caso de la pandemia”. Sin embargo, los intentos por imponer prohibiciones a la desinformación, por ejemplo, mediante leyes penales, no pueden transformarse en restricciones a la libertad de expresión. Aseguró que en ello radica la sensibilidad del tema.
Jesús Ramírez Cuevas, vocero y coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, habló del alcance mundial de la discusión sobre redes sociales, Internet y derechos digitales como nuevas fronteras que surgen a partir del desarrollo de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Como parte de este debate, se analizan los alcances y el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, en el desarrollo de las democracias, la inclusión económica, digital y tecnológica, educativa y cultural, así como en la construcción del imaginario y de ciudadanía. En particular sobre el tema de redes sociales, aseguró que se trata de un anexo a una nueva realidad digital.
En ese sentido, señaló que las nuevas tecnologías plantean nuevos desafíos de inclusión y exclusión. La nueva realidad implica nuevas formas de comportamiento del Estado, la sociedad y el mercado, en la que el uso de estas tecnologías se ha vuelto imprescindible. En una realidad donde el ecosistema mediático se ha trasladado al mundo virtual, surgen nuevos horizontes que obligan a los distintos sectores a actuar de manera distinta. Desde la perspectiva del Gobierno mexicano, consideró que la democracia digital debe incluirse como parte de la búsqueda por ampliar la democracia, teniendo en cuenta que el derecho a la libertad de expresión y a la información son “derechos fundamentales en esta realidad”. Por lo tanto, consideró que el Estado no se debe ni puede arrogar el control de los contenidos de la Internet, como tampoco las empresas. Las sociedades deben construir espacios con contrapesos, donde ningún organismo pueda tener la posibilidad de incidir en el entorno digital.
En su intervención, Gustavo Gómez, director de Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (OBSERVACOM) subrayó que “no se pueden construir soluciones sólidas, robustas y sostenibles en el tiempo sin procesos abiertos, transparentes y de amplia participación”. En cuanto al tema que debe estar en el centro de la discusión, se refirió a la importancia de la construcción de los derechos de usuarios de redes sociales. Al respecto, señaló que se deben buscar soluciones para evitar la censura estatal y privada. Es bajo esa idea que se tienen dos expectativas de este seminario: 1) encontrar soluciones que permitan que haya una Internet más libre y más abierta, y 2) que las regulaciones no se den en sentidos contrarios, garantizando una mayor libertad de expresión para los usuarios en las redes sociales.
Con un enfoque en los desafíos a la libertad de expresión y prensa, Rosa González, consejera regional para Comunicación e Información de la UNESCO, mencionó que a la UNESCO le preocupa el impacto que los nuevos modelos de generación de ganancias en el mundo digital pueden tener sobre el periodismo de investigación –ya sea en términos de su viabilidad o seguridad–, y como consecuencia, sus efectos sobre los procesos democráticos, especialmente en periodo de elecciones. Sin referirse a ninguna empresa, consideró que el centro del problema es que “el ecosistema digital está principalmente diseñado para generar beneficios alrededor de la publicidad y la venta de datos de los usuarios”, y no cuenta todavía con un modelo que haga prevalecer el interés público y la libertad de expresión.
Como una manera de enfrentarlos, señaló que a nivel internacional han surgido numerosas respuestas. Asimismo, habló de los principios que, de acuerdo con la UNESCO, deben guiar los esfuerzos: respeto a los derechos humanos, apertura, accesibilidad y gobernanza de todos los actores. Aseguró que “una solución derivará no de una regulación de contenido, sino de una regulación, co-regulación o autorregulación de los procesos que fomenten la transparencia” sobre el modelo económico de las redes sociales, las decisiones en el diseño de las plataformas y el uso de algoritmos, la moderación y la gestión de contenidos, el origen y el financiamiento de contenidos nocivos, políticas y prácticas publicitarias, entre otros. Es por ello que, argumentó, la transparencia es central.
Posteriormente, Scott Campbell, oficial de Tecnología y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que en la medida en que las interacciones y debates se digitalizan, surgen oportunidades y riesgos. Al respecto, señaló que se debe asegurar un debate amplio y democrático en la elaboración de la nueva regulación, las cuales no serán efectivas si no se elaboran con una participación amplia que permita atraer distintos enfoques a la mesa de discusión, fomentar toda regulación en línea con estándares internacionales en derechos humanos, evitar todo tipo de definiciones deficientes sobre los conceptos y centrar la atención sobre el proceso de moderación de contenidos.
En torno a este debate, añadió que, si bien los Estados y gobiernos pueden exigir una transparencia total a las empresas en cuanto a la forma en la que moderan el contenido en sus plataformas, también deben ser mucho más transparentes sobre sus propias solicitudes dirigidas a las plataformas—por ejemplo, para eliminar contenido o para obtener datos de los usuarios—y ofrecer los recursos necesarios. Lo anterior bajo el entendido de que “las decisiones deben estar sometidas al escrutinio público y los usuarios deben tener oportunidad de apelar contra las decisiones relacionadas con el contenido que consideren injustas”, ofreciendo transparencia y la posibilidad de revocar cualquier decisión para garantizar la equidad procesal.
Guilherme Canela, jefe de la Sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la UNESCO, habló de los estándares internacionales de libertad de expresión y el ecosistema digital. Al respecto, mencionó que “las oportunidades de los medios digitales para la protección de los derechos humanos son mucho mayores que los riesgos”. En ese sentido, cuando se definen las políticas públicas y las legislaciones sobre el entorno digital, es importante no solo enfocarse en mitigar los riesgos, también en buscar ampliar las oportunidades y fortalecer el respeto a los derechos.
Asimismo, señaló que es importante crear conciencia sobre que existe una jurisprudencia internacional sobre estándares de libertad de expresión que se ha ido aplicando al mundo de las telecomunicaciones, la cual no puede omitirse. Destacó que la experiencia en la aplicación de dicha jurisprudencia sirve para esta discusión. Sobre el conjunto de principios, señaló que los esfuerzos regulatorios deben preservar la integridad de la arquitectura de la red, estar basados en los derechos humanos, ser procesos transparentes y abiertos, garantizar la accesibilidad a los distintos sectores sociales y que cualquier decisión se tiene que dar en un proceso de gobernanza de las múltiples partes interesadas para incluir distintos puntos de vista.
Más adelante, la discusión con los representantes de las instituciones gubernamentales fue moderada por Eduardo Bertoni, representante alterno de la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Durante su presentación, Bertoni reiteró la preocupación que existe por el respeto de los derechos humanos en la era digital.
Roberto Duque Roquero, titular de la Unidad de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, inició su intervención señalando la importancia de hacer un correcto y adecuado planteamiento del problema para encontrar la mejor de las soluciones posibles. Señaló que derechos como el de la libertad de expresión deben protegerse en todo momento, sobre todo cuando no esté justificado limitarla. Sin embargo, consideró que “el reto mundial tiene que ver con la transparencia”. Al respecto, destacó antecedentes relevantes como en el caso de la Unión Europea, donde en 2016 la Comisión Europea junto con las empresas de tecnología firmaron un código de conducta para bloquear y eliminar contenido xenófobo, racista y sexista, con el propósito de inhibir el discurso de odio en la Internet. Asimismo, el caso de Alemania donde se ha impulsado que las compañías de redes sociales retiren rápidamente el contenido manifiestamente ilegal. España, por su parte, cuenta con un catálogo de derechos digitales para garantizar una serie de derechos, incluido el derecho de rectificación o réplica, así como el derecho al olvido.
Por otro lado, hizo una reflexión sobre los intentos por equiparar a los medios de comunicación tradicionales con las redes sociales en cuanto al uso del espectro radioeléctrico. Sobre esto señaló que, si bien la Internet hace uso de dicha plataforma, “las redes sociales en sí mismas no ocupan la red pública de telecomunicación”, hacen uso de la estructura de la Internet, por lo que se debe ser cuidadosos al equiparar a las redes sociales con la lógica de la radio y la televisión, o incluso la Internet.
En su intervención, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, destacó que el aprovechamiento de la tecnología para el desarrollo sostenible depende de la confianza que exista en que los beneficios de la era digital superarán los riesgos y retos que conlleve. Entre los retos, mencionó, asegurar la inclusión, garantizar la protección de derechos fundamentales, evitar que la tecnología se convierta en un factor de inseguridad, proteger a grupos vulnerables y capitalizar las innovaciones para potenciar un desarrollo más justo y equitativo. No se puede abordar un reto sin tomar en cuenta el impacto en el resto. Elaboró sobre los intentos de regulación de diferentes países, la evidencia de resultados y los debates que estos intentos han generado, así como los diferentes esfuerzos internacionales de reflexión y diálogo que han abordado los retos mencionados.
Por otro lado, se refirió a que las redes sociales que lideran el mercado suelen estar disponibles en prácticamente todos los países y en distintos idiomas, facilitando la conexión de los usuarios sin importar las fronteras. Ello hace que su impacto sea transnacional y, por lo tanto, que requiera de “una discusión global para que, a partir del acuerdo de los principios, valores que se deben proteger a nivel internacional, se puedan construir regulaciones adecuadas a nivel nacional”.
En su oportunidad, el diputado Javier Hidalgo, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, consideró que actualmente nos encontramos en un entorno digital con vacíos serios en la regulación. Si bien en México se estableció el acceso a la Internet como un derecho humano fundamental, el marco jurídico se encuentra desactualizado. Señaló que desde 2013 en México se reconoce en la Constitución el acceso a tecnologías de la información y comunicación, incluida la banda ancha de la Internet, como un derecho fundamental. Por eso las telecomunicaciones son consideradas como un servicio de interés general y el Estado mexicano debe garantizar que sean presentados en las mejores condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura, universalidad, interconexión, convergencia, continuidad y con acceso libre en respeto a los derechos humanos.
En ese sentido, indicó que “es totalmente legítimo todo aquel marco jurídico que busca regular este tipo de bienes y servicios, así como su uso por la población”. Por ello, destacó que al inicio de la legislatura propuso una iniciativa en la materia denominada Ley General de la Ciudadanía Digital, la cual contiene nuevas herramientas como la cédula de identidad digital, ante la necesidad de asegurar una identidad en un entorno controlado por las empresas digitales. Destacó también la iniciativa de Ley Federal de Protección al Usuario Digital “para actualizar el marco legal ante la realidad en la que estamos inmersos”. Esta iniciativa busca proteger los derechos de los usuarios digitales a fin de clarificar jurídicamente como debe entenderse la libertad de expresión, la protección de los datos personales, los derechos de autor, el impulso a la innovación y el emprendimiento, así como los derechos que corresponden al hacer uso de los distintos servicios digitales.
Adolfo Cuevas Teja, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), inició su participación planteando una pregunta sobre si el principio del interés público es suficiente para justificar cualquier esfuerzo por regular las redes sociales. Sobre esa idea señaló que, el simple hecho de que se puede intervenir soberanamente por los órganos legislativos para regular, no indica que necesariamente se deba regular. Al referirse a que la Constitución establece limitaciones a la libertad de expresión en México, señaló que hay dudas sobre si son los particulares o es el poder público quien debe aplicar dichas limitaciones.
Sin embargo, en el caso de intervención por interés público, donde se justifica que sea un órgano de poder del Estado el que establezca y desarrolle dichas limitaciones, y no un acuerdo entre particulares, se tiene que revisar cuál es el grado apropiado de intervención. Para el caso concreto de las redes sociales, destacó que un esfuerzo de legislación tiene que ser desde un enfoque de múltiples partes, donde se tome en cuenta la opinión de los diferentes actores, no solo en la elaboración, sino también en el proceso de implementación de la regulación. Subrayó que “un poder público en el siglo XXI es un poder que se toma en serio la participación de la sociedad en el acompañamiento del diseño legislativo y la implementación de las medidas”. Aseguró, además, que se debe construir confianza con los gigantes tecnológicos para diseñar una legislación que cumpla con el propósito, salvaguarde el interés público y evite que haya limitación unilateral de los derechos fundamentales por un privado.
Más adelante, la discusión con representantes del sector privado y de la sociedad civil fue moderada por Gustavo Gómez, director de OBSERVACOM. Durante su intervención, Priscilla Ruíz, coordinadora legal de Derechos Digitales de Artículo 19, señaló que regular la Internet implica conocimientos y respeto a la construcción que se ha realizado por medio de las distintas partes actoras que han intervenido en las discusiones sobre “cómo, dónde y de qué manera se construye y mantiene un equilibrio para conservar una Internet libre y abierta como se ha tenido hasta ahora”.
Indicó que desde Artículo 19 consideran que la regulación de redes sociales debe proteger el derecho de los usuarios, evitando excesos y arbitrariedades por parte de los intermediarios, bajo estándares mínimos de derechos del consumidor que pueden ser ejecutables por las autoridades encargadas; la moderación de contenido debe seguir ciertos requisitos y contar con procesos claros; se debe otorgar e impulsar un debido proceso entre las Partes frente a las plataformas digitales, contando con un mecanismo de apelación justo, transparente y con información clara; además, se debe poner énfasis en los términos y condiciones con definiciones claras y de acuerdo con los marcos de derechos humanos, entre otros aspectos.
Por su parte, Sissi de la Peña, Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), reiteró la posición de ALAI en cuanto a que la regulación de las redes sociales debe considerar todas las voces de la sociedad, a fin de reducir al máximo una afectación permanente a la libertad de expresión de los mexicanos, la innovación, las seguridad en línea y la economía digital, a través de iniciativas legislativas que, desde su punto de vista, merecen un análisis profundo.
Asimismo, subrayó que “se debe tener en cuenta que la regulación no debe inhibir la innovación del sector y debe estar dirigida a la construcción de una política digital integral que permita, entre otras cosas, acabar con la brecha digital en el país”. Recordó que en ALAI ya han compartido su preocupación con el Senado de la República en cuanto a la definición de redes sociales en la iniciativa de regulación del senador Monreal, ya que prácticamente todos los servicios que se ofrecen en la capa de Internet estarían sujetos a ser controlados por un organismo público y, por tanto, puede poner en riesgo la naturaleza descentralizada y abierta de la red al tratar con carácter nacional un fenómeno global y transjurisdiccional.
Jorge Bravo, presidente de Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), se refirió a que para cualquier regulación se debe apelar a los principios de derechos humanos, toda vez que las tecnologías de la información y comunicación son habilitadoras de derecho y si se afecta a uno, se afectan a los demás por su carácter interdependiente.
Sobre el proyecto de regulación, Bravo consideró que crea un procedimiento “desproporcionado y peligroso” a manera de juicio para defender el derecho a la libertad de expresión, al condicionar este derecho a un procedimiento y resolución regulatorias o de un tribunal en última instancia. En caso de eliminación o suspensión de cuenta, el derecho de libertad de expresión no depende del usuario, sino de un poder público al conferir facultades judiciales a un órgano administrativo como el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT).
En ese sentido, aseguró que el IFT se vería rebasado para resolver las quejas y decidiría sobre qué contenidos pueden difundirse y cuáles no, lo cual no estaría exento de matices políticos. Todo ello lo haría “sin contar con capacidades en materia de derechos humanos para tomar dichas decisiones”. Adicionalmente, señaló que el derecho a la libertad de expresión en línea y fuera de línea no solo incluye el derecho de los ciudadanos a no ser señalados por sus opiniones, sino el de buscar y difundir información sin límites de fronteras. Los usuarios deben decidir libremente qué cuentas y contenidos seguir y compartir.
En seguida, Luis Fernando García, director ejecutivo de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), enfatizó que cuando se habla de regulación, es importante enfocarse de manera preponderante en los procesos y evitar la regulación de los contenidos desde el Estado. Consideró preocupante tanto “el poder que pueden ejercer algunas compañías, como [el hecho de] que el Estado utilice eso como pretexto para establecer mecanismos de censura” que son incompatibles, en el caso de México, con la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Desde la perspectiva de R3D, señaló que cualquier regulación debe evitar que el Estado sea quien les diga a las compañías qué deben censurar, sobre todo bajo conceptos vagos incompatibles con la Constitución y la Convención, y más bien enfocarse en los procesos que permitan que haya mayor transparencia, rendición de cuentas, competencia y libertad de elección para los usuarios y, con ello, facilitar un ejercicio efectivo de libertad de expresión.
Mencionó también que es importante evitar restringir excesivamente la libertad de moderación de contenido de ciertas plataformas, dado que, si las plataformas no tienen libertad para la regulación de contenidos, la experiencia de los usuarios en las distintas plataformas sería intransitable y la discusión pública perdería todavía más seriedad; proliferarían los bots, el spam y el contenido que imposibilita un debate público saludable. Entre los esquemas que promueven recalcó el de la co-regulación donde “el Estado garantice que las plataformas tengan políticas consistentes con las formas de derechos humanos, políticas de transparencia estadística, que las personas afectadas por decisiones de moderación sean notificadas con claridad en cuanto a las motivaciones de las decisiones, donde los procedimientos de apelación que ofrecen las propias plataformas sean adecuados y permitan un verdadero acceso a la justicia dentro de esos mecanismos”, entre otras medidas.
Cynthia Solís, representante de la Internet Society (ISOC) Capítulo México, destacó que preocupa que el enfoque de discusión sobre las redes sociales esté sesgado y limitado, porque se estaría rompiendo la democratización de las herramientas digitales. Por ello, propone que se lleven a cabo investigaciones y estudios profundos sobre los pros y contras de la regulación. En ese sentido, refirió que, desde el Capítulo México, pugnan por una regulación que, por una parte, entienda la naturaleza de la Internet y las redes sociales, y por el otro, cause el menor impacto y la menor restricción a los derechos humanos.
Desde su perspectiva, indicó que el modelo de autorregulación es un modelo muy criticado y poco comprendido, sin embargo, es un modelo muy utilizado en el ámbito digital, que permite un monitoreo del propio cumplimiento sobre cuestiones éticas o de seguridad, que incluso pueden ir más allá para atender las normativas que los países establecen. Actualmente, existen procesos internos para moderar contenido que son mucho más expeditos que cualquier acto de autoridad, por lo que se debe evaluar cuál es el impacto de burocratizar este tipo de procedimientos, teniendo en cuenta que cualquier usuario puede hacer valer sus derechos directamente en la plataforma sin la necesidad de acudir a una instancia judicial. En cualquier caso, consideró que “los modelos de co-regulación o autorregulación vinculantes son una vía más idónea que el modelo legislativo tradicional”.
