Supongamos…
Cuando se propone regular las redes, no está a discusión el derecho a la libertad de expresión y a la información, mucho menos al debate de las ideas políticas en la vida pública digital.
Supongamos que a Carlos y a otros compañeros de página de Milenio Diario o de otros medios los trolean y tapizan de calificativos en las redes, como “periodistas chayoteros”, “vendidos”, “centaveros” y otras infamias.
Supongamos que los epítetos son repetidos una y otra vez desde granjas de bots y alguna que otra cuenta orgánica, a grado tal que empiezan a perder personas que los lean o sigan y hasta espacios en otros medios, lo que afecta sus ingresos e incluso su desarrollo profesional.
¿Qué garantías de defensa y audiencia tienen Carlos y en general las y los periodistas o profesionales de cualquier otra disciplina, la ciudadanía, las y los adolescentes y hasta las niñas y los niños que en cualquier momento pueden ser estigmatizados y señalados dolosamente en alguna de las redes sociales, causándoles un daño irreparable en su desarrollo personal, profesional y hasta patrimonial?
Hoy, la única garantía de legítima defensa es acudir a las mismas redes para dar la versión propia de los hechos, desmentir lo afirmado y tratar de equilibrar lo difundido sin más veredictos que el número de likes, de emoticones o de memes que un video de máximo dos minutos despierte.
En México hay leyes y reglas para que la libertad de expresión y el derecho a la información se garanticen de manera puntual, sin más restricciones que las que otras leyes, reglas y tesis jurisprudenciales dicten, y tienen que ver con garantizar otros derechos humanos fundamentales, como la protección de los datos personales, el derecho a la intimidad, a la justicia pronta y expedita, a una vida libre de violencia, al desarrollo de la libre personalidad y, sobre todo, el derecho a la verdad.
Lo paradójico es que todo este marco normativo y regulatorio ya existe y aplica tanto a los llamados medios tradicionales como a la prensa escrita, la radio y la televisión, pero no existe algo similar o análogo para las redes sociales, que permanecen en el “estado de naturaleza original” descrito por Juan Jacobo Rousseau para el “buen salvaje”.
Vamos, ni siquiera la garantía de audiencia, a la que tiene derecho el más peligroso de los criminales, se le puede brindar en este momento en las redes sociales a la persona más inerme frente a un linchamiento digital.
Avanzamos aceleradamente hacia una sociedad regida por las tecnologías de la información y de la comunicación, en que la libertad de elección y decisión podrá ser esclava de un algoritmo, y nuestras emociones y sentimientos, moldeados a imagen y semejanza de un modelo matemático predictivo.
Falta muy poco para que las fake news sean sustituidas por las deepfakes, y aquí seguimos con resistencias hasta para crear la figura de una ombudsperson digital, que garantice los derechos de audiencia y al olvido de quien ha sido arteramente agredida o agredido en su intimidad, en su privacidad o en su derecho a pensar y actuar de manera diferente.
Cuando se propone regular las redes, no está a discusión el derecho a la libertad de expresión y a la información, mucho menos al debate de las ideas políticas en la vida pública digital. Nada de eso. Lo que está en deliberación es precisamente lo contrario: cómo garantizar a la ciudadanía digital de a pie las más elementales de sus libertades básicas en el ciberespacio, sin la injerencia de un Big Brother público (Leviatán) o la intromisión interesada de un Big Brother privado (Behemot).
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
