Tensión política en Nicaragua rumbo a las elecciones de noviembre
Lo que está ocurriendo en Nicaragua preocupa e intranquiliza cada día más a nivel mundial. El próximo 7 de noviembre este país celebrará comicios generales para elegir al presidente, a 90 de las 92 diputaciones de la Asamblea Nacional y a otras 20 para el Parlamento Centroamericano.
El presidente actual, Daniel Ortega, busca la posibilidad de conseguir un cuarto mandato consecutivo. Sin embargo, las recientes detenciones,[1] hechas por el régimen en el poder, de precandidatos, políticos, ex compañeros sandinistas, opositores, periodistas, empresarios, críticos, activistas e integrantes de ONG, amenazan y ensombrecen el proceso electoral. Diversos países y organismos internacionales aumentan su presión ante esta represión política.
La tensión reciente encuentra indicios del descontento en las administraciones precedentes, en particular desde que el presidente Ortega retornó al poder en 2007. Numerosos son los elementos críticos a su gestión, entre ellos, la manera como logró su primera reelección en 2011; las posteriores reformas que garantizaron su perpetuidad en el cargo; la paulatina concentración del poder; la consecuente represión y censura hacia la oposición; restricciones a los derechos fundamentales; la falsa esperanza de la mejora económica y social; la adopción de leyes y penas para quienes contraríen los intereses gubernamentales; el rechazo a las demandas de apertura democrática, y el control y apoyo de las fuerzas armadas y de seguridad.
La inconformidad ciudadana explotó en las protestas de 2018. Ante la violenta respuesta gubernamental, el deseo social de restablecer el Estado de derecho y la solicitud de fortalecer las instituciones fue apoyada por el sector empresarial que, al igual que las iglesias, se posicionó en contra de la represión. Esto rompió la alianza entre estos sectores y el Gobierno, un factor que hasta entonces había traído estabilidad al régimen de Ortega. Esta fractura ha generado mucha incertidumbre, borrando los avances en inversión y exacerbando la crisis económica derivada por la pandemia de COVID-19.[2] No obstante, a pesar de que los costos políticos internos y externos para el mandatario y su administración se han incrementado, diversos factores evidencian una oposición fragmentada rumbo a los comicios de noviembre.
Indicios del descontento político: reelección indefinida y concentración del poder
Tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979, Daniel Ortega fue nombrado coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. En 1985 se le eligió, por primera vez, como presidente de Nicaragua. Cinco años después, junto con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), perdió frente a Violeta Chamorro, quien encabezó la coalición Unión Nacional Opositora (UNO). Ortega pasó a la oposición y no regresaría al poder sino después de 17 años.
En 2007, retornó al poder con el FSLN y fue reelegido en 2011. Sin embargo, en 2009, el mandatario buscó la reelección por la vía judicial mediante un recurso de amparo que presentó ante la Corte Suprema, y que inicialmente intentó conseguir a través de una reforma constitucional, vía la Asamblea Nacional.[3] En su beneficio, el Poder Judicial declaró inconstitucional el artículo que prohibía la elección presidencial sucesiva o a quien hubiese ocupado el cargo en dos ocasiones. La oposición denunció y consideró la decisión como una violación a la Carta Magna, y el acontecimiento despertó los primeros cuestionamientos relativos a la probable consolidación de Ortega en el poder.[4]
La reelección indefinida quedó garantizada con la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de enero de 2014. Los cambios, además, establecieron la posibilidad de elegir al presidente en primera vuelta con mayoría simple, eliminando el mínimo de votos necesarios y el mecanismo de segunda vuelta. Igualmente, dieron a la Presidencia la facultad de emitir decretos con fuerza de ley, y habilitaron a los militares para ocupar cargos en las instituciones del Estado y la administración pública.[5]
Nuevamente, la oposición y sectores de la sociedad civil expresaron su rechazo, señalaron el carácter autoritario de la reforma[6] y advirtieron de una mayor entrega de poderes al mandatario, en un momento en el que ya controlaba la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral.[7]
En 2013, durante el debate legislativo sobre la reforma, Alberto Lacayo, subjefe de la opositora Bancada Democrática Nicaragüense, afirmó que las propuestas de reforma traían todo lo contrario a lo que se había luchado para derrocar a Anastasio Somoza, “se luchó para no tener una familia dinástica y corrupta en el poder, para [no ser] gobernados por militares, para tener libertades públicas, para que no hubiera un presidente permanente”.[8]
Para los comicios generales de 2016, una serie de acontecimientos incrementaron el descontento político. Primeramente, la aprobación de la Ley de Seguridad Soberana en diciembre de 2015, estableció que cualquier acto ilegal que atentara contra la existencia del Estado y sus instituciones sería considerado como amenaza para la seguridad soberana. La definición fue interpretada por políticos, juristas, periodistas y activistas de la sociedad civil como un amago potencial a las libertades y garantías individuales desde el momento en que el Gobierno podía, a través de las fuerzas armadas y de seguridad, actuar contra cualquier forma de disidencia de tipo político que considerase peligrosa para sus intereses.[9]
Enseguida, a diversos miembros opositores del Partido Liberal Independiente (PLI) y del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) se les retiraron sus credenciales legislativas, y Eduardo Montealegre, líder del PLI, fue despojado de su representación legal ante el partido. Asimismo, enfureció la noticia de que la primera dama Rosario Murillo se registraba como candidata a la Vicepresidencia, situándose como cabeza de la línea constitucional de sucesión.[10]
En 2016, Ortega se reeligió con el 72.4 por ciento de los votos para un tercer mandato consecutivo.[11] Además, este resultado permitió revalidar la amplia mayoría del FSLN (71 asientos) en la Asamblea Nacional. A pesar del triunfo, la oposición calculó la abstención en más del 70 por ciento, aunque el Consejo Supremo Electoral reportó el abstencionismo en 31.8 por ciento.[12]
Crisis social y política: oposición, ruptura de la alianza gubernamental y panorama preelectoral
Desde su regreso en 2007, Ortega ha enfrentado la oposición del sandinismo disidente, que asegura que el comportamiento y la gestión del mandatario contrastan con los ideales de la revolución. Muchos de ellos piensan que el comandante sandinista se parece cada vez más a Somoza. Para el escritor Sergio Ramírez, quien en 1985 se desempeñó como vicepresidente de Ortega, en 2016, el “sistema democrático nicaragüense fue completamente aplastado, [y] no quedó nada más que una sumisión a un proyecto personal y familiar”.[13]
A mediados de abril de 2018 se desarrolló una ola de protestas, protagonizadas por estudiantes universitarios de Managua y personas adultas mayores en contra de las reformas al sistema de seguridad social.[14] La violencia y la represión contra este estallido social, ejercidas por actores como la Policía Nacional, generó un estado de indignación que pronto incorporó al reclamo original, las críticas y el rechazo de otros grupos hacia al régimen de Ortega y de Murillo por autoritarismo, arbitrariedad y corrupción.
Además de la unificación entre diferentes grupos de oposición con una misma agenda, el sector empresarial y el eclesiástico se posicionaron en contra de la agresión gubernamental. En paralelo, se rompió la coalición entre el Gobierno, el empresariado y las iglesias. La situación obligó al régimen de Ortega a convocar a un diálogo nacional que, al final, concluyó sin acuerdos.[15] Contrariamente, el Gobierno anunció la cancelación de las alianzas tácticas con las jerarquías eclesiásticas y empresariales, y argumentó que las protestas eran parte de un golpe de Estado, provocado por la derecha y financiado desde el exterior.[16]
No obstante, a pesar de que la crisis de 2018 amplió a la oposición, no logró cohesionarla. Voces académicas señalan que la permanencia de Ortega, además del control de las instituciones y el uso de la fuerza, se debe también a la naturaleza de la oposición y a las decisiones de su fragmentada dirigencia. Durante la pandemia, mientras el Gobierno implementó nuevas leyes represivas, la oposición desaprovechó la oportunidad para configurarse como alternativa responsable y cohesionada a las políticas negacionistas y erráticas de las autoridades.[17]
También se perciben los siguientes factores por considerar en el contexto preelectoral para la oposición: 1) debilitamiento del sistema de partidos políticos; 2) peso desproporcionado de la empresa privada, que en algunos casos parece seguir interesada en mantener una posición privilegiada con el Gobierno; 3) añoranza de la oposición por intentar construir un sistema democrático-liberal parecido al de 1990; 4) falta de un mensaje socioeconómico coherente que contemple preocupaciones como el desempleo y la inseguridad, y 5) excesiva dependencia de la comunidad internacional.[18]
La última encuesta realizada por CID-Gallup, indicó que el FSLN mantiene un apoyo del 25 por ciento entre las y los votantes, mientras que ninguna formación opositora llega a un 5 por ciento, y la población, desilusionada o enfocada en sobrevivir, no simpatiza con ningún partido político.[19]
Presión internacional
El mandatario nicaragüense se ha aislado de la comunidad internacional, que está aumentando la presión sobre los hechos recientes, condenando los arrestos y exigiendo la liberación inmediata de las personas opositoras detenidas, así como elecciones libres, justas y transparentes. Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la ONU y su Consejo de Derechos Humanos han expresado su preocupación y exigencias a Ortega. Congresistas estadounidenses incluso plantean imponer nuevas sanciones, como la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.[20]
En la resolución aprobada en el seno de la OEA,[21] México y Argentina se abstuvieron bajo el principio de no intervención en asuntos internos. Enseguida, en un comunicado conjunto, manifestaron su preocupación por los acontecimientos ocurridos, especialmente por la detención de figuras políticas de la oposición, rechazaron la persecución política, llamaron a restablecer el diálogo interamericano, expresaron su disposición plena para colaborar constructivamente[22] y llamaron a sus respectivos embajadores a consultas.[23] La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión también ha declarado su preocupación sobre la situación en Nicaragua.[24]
Al respecto, el canciller nicaragüense Denis Moncada ha advertido que el Gobierno no admitiría injerencias, imposiciones u obligaciones para romper su sistema jurídico.[25] Mientras, el presidente ha defendido los arrestos, asegurando que la justicia de ese país no está procesando a políticos, sino a criminales que buscaban un golpe de Estado. Asimismo, indicó que las sanciones no doblegarán a Nicaragua, que ha pasado momentos más difíciles y mucho más duros.[26]
Finalmente, valdría la pena reflexionar sobre el efecto y los resultados de las sanciones y la presión mundial. En ambos casos, se ha logrado contener el flujo del financiamiento internacional, pero sin un impacto positivo en la democracia, en las exigencias ciudadanas y en la resolución de los problemas de fondo. Al mismo tiempo, cabría replantear los espacios y las herramientas para el debate regional, en un momento en que los procesos democráticos en América Latina enfrentan graves amenazas.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
Fuentes
[1] CNN Español. (17 de junio de 2021). “¿Qué está pasando en Nicaragua? Detención de opositores, elecciones cuestionadas y la reacción de organismos internacionales”. CNN. https://cnn.it/3detNBx
[2] Cota, I. (21 de junio de 2021). “Ortega y sus ataques a la disidencia acaban con años de crecimiento económico en Nicaragua”. El País. https://bit.ly/3xNikka
[3] “La Corte Suprema de Nicaragua da vía libre a la reelección de Ortega”. (2009). El País. https://bit.ly/3qnFwTK
[4] CNN Español. (4 de noviembre de 2013). “Daniel Ortega busca la reelección indefinida en Nicaragua”. CNN. https://cnn.it/2U49IqG
[5] Ortiz de Zárate, R. (Ed.). (17 de julio de 2018). “Daniel Ortega Saavedra”. CIDOB. https://bit.ly/3gWUkFI
[6] “Nicaragua: reforma oficializa la reelección indefinida”. (28 de enero de 2014). BBC News. https://bbc.in/3wYvNFY
[7] Salinas, C. (28 de enero de 2014). “El presidente Daniel Ortega consigue la reelección indefinida”. El País. https://bit.ly/3wW5EYo
[8] CNN Español. (4 de noviembre de 2013).
[9] Ortiz de Zárate, R. (17 de julio de 2018).
[10] Idem.
[11] Wallace, A. (7 de noviembre de 2016). “La reelección de Daniel Ortega, el sandinista que ayudó a derrocar a los Somoza y ahora gobernará Nicaragua por más tiempo que cualquiera de ellos”. BBC News. https://bbc.in/3zYdJ0v
[12] AFP, AP y DPA. (8 de noviembre de 2016). “Ortega revalida amplia mayoría en el Congreso de Nicaragua”. La Jornada. https://bit.ly/3zXspNm
[13] Wallace, A. (7 de noviembre de 2016).
[14] Salas, A. y Calderón, J. (22 de abril de 2018). “Pensiones y protestas sociales en Nicaragua”. CELAG. https://bit.ly/3jl1NQJ
[15] Cuadra, E. (Diciembre de 2018). “El largo abril de Nicaragua”. Nueva Sociedad. https://bit.ly/35SMTcw
[16] Martí, S. y Jarquín, M. (Junio de 2021). “El precio de la perpetuación de Daniel Ortega”. Nueva Sociedad. https://bit.ly/3zWJmYd
[17] Idem.
[18] Idem.
[19] Idem.
[20] Salinas Maldonado, C. (17 de junio de 2021). “Congresistas de EE UU piden expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica”. El País. https://bit.ly/3xPYXXR
[21] CNN Español. (17 de junio de 2021).
[22] Secretaría de Relaciones Exteriores. (15 de junio de 2021). “Comunicado conjunto de México y Argentina en la OEA sobre la situación actual en Nicaragua”. Gobierno de México. https://bit.ly/2SsuAYt
[23] Secretaría de Relaciones Exteriores. (21 de junio de 2021). “México y Argentina llaman a consultas a sus embajadores en Nicaragua”. Gobierno de México. https://bit.ly/3h1NQUS
[24] Comisión Permanente del Congreso de la Unión. (23 de junio de 2021). “Pronunciamiento de la Comisión Permanente respecto a la situación en Nicaragua”. Gaceta de la Comisión Permanente. https://bit.ly/3xLhh4m[25] CNN Español. (17 de junio de 2021).
[26] Redacción. (24 de junio de 2021). “Daniel Ortega justifica la ola de detenciones de opositores en Nicaragua: ‘Están gritando los enemigos de la revolución’”. BBC News. https://bbc.in/3qt7gpP
