Hace falta altura de miras para tratar esta tragedia; en cambio, sobran la perversidad y el zopiloteo político.
El lamentable caso del rancho Izaguirre ilustra claramente los dos extremos por los que ha transitado la tragedia social y judicial de las personas desaparecidas en México: de la invisibilidad de los hechos a la politización de los mismos. Y es que buscar sacar raja partidista de esta tragedia es otra forma de revictimizar a las y los desaparecidos.
Afirmar que el predio era el “Auschwitz mexicano”, un campo de exterminio de la delincuencia organizada, no tiene otro propósito que abonar a la narrativa de que los cárteles mexicanos, como el CJNG, son “organizaciones terroristas extranjeras”, por lo que se requiere con urgencia una intervención armada extranjera para terminar con esta tragedia.
Por supuesto que deben combatirse los cárteles del crimen sin retraso alguno, con independencia del concepto con que se designen. El crimen, sea organizado o no, extranjero o nacional, aterrorice o sólo explote económicamente a la población, debe enfrentarse sin excusa ni pretexto alguno. Pero cumplir con este imperativo urgente recurriendo a cualquier método o recurso, poniendo en riesgo derechos humanos o la soberanía nacional, es tan pernicioso como quedarse de brazos cruzados.
Lo expuesto ayer por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue la existencia de un ilegal campamento de entrenamiento, no un centro de exterminio. No había ni hornos crematorios ni fosas clandestinas ni restos humanos, en una primera indagación. Si algo de esto llegó a existir antes, es una situación que deberá aclarar pericial y judicialmente la autoridad local, primer eslabón de la procuración de justicia.
Hay urgencia extrema de un sector de la oposición para equiparar Teuchitlán con Ayotzinapa y con la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. ¿Con el propósito de ayudar a las víctimas y sus familiares? Por supuesto que no, es con el objetivo de minar la legitimidad de la actual administración federal.
Es importante valorar que lo hecho hasta el momento en el caso Teuchitlán es lo correcto. Primero: lo que está realizando la Fiscalía General de la República son las diligencias conforme al debido proceso, para atraer un caso de competencia local.
Segundo: la Presidenta Claudia Sheinbaum jamás ha negado la gravedad de lo sucedido en el rancho Izaguirre ni ha escatimado el apoyo y la solidaridad con las madres buscadoras. Tan es así, que envió dos iniciativas para reforzar y fortalecer tanto la búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas como la prevención de este tipo de sucesos. Y en la Cámara de Diputados, el grupo mayoritario de MORENA y sus aliados aprobaremos de manera prioritaria estas iniciativas y las demás que sean necesarias para terminar con este tipo de eventos delictivos.
Tercero: rechazamos de manera contundente la invisibilización de las personas desaparecidas o no localizadas, así como la politización de este tipo de tragedias con el único fin de obtener ventaja partidaria o rentabilidad electoral, ya que esta forma de actuar es la peor de las revictimizaciones de las personas desaparecidas.
Cuarto: es falsa la narrativa de que las cifras que muestran la baja en ejecuciones extrajudiciales esconden el incremento de las y los desaparecidos. Ni estadística ni judicialmente se sustenta ese discurso.
Hace falta altura de miras para tratar esta tragedia; en cambio, sobran la perversidad y el zopiloteo político para aprovecharse de esta asignatura pendiente de la agenda nacional sobre seguridad y derechos humanos.
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