Cuando Philip K. Dick escribió Ubik, en 1969, imaginó un mundo donde hasta lo cotidiano tenía precio. En un capítulo de la novela, Joe Chip, el protagonista, queda atrapado en su propio apartamento porque la puerta automática le exige cinco centavos para abrirse. Después, descubre que los electrodomésticos y la cafetera funcionan bajo la misma lógica.

Lo que entonces parecía una sátira del capitalismo consumista anticipó algo que ahora nos resulta bastante familiar. Hoy, la propiedad ha cedido terreno al acceso temporal. Pagamos suscripciones para tener acceso a software, entretenimiento, música y también por escapar de la publicidad o acceder sin interrupciones a contenidos que ya contratamos. 

La economía digital convirtió la transparencia en un bien escaso. Pensemos, por ejemplo, en una película; pagamos por acceder al contenido, pero cada vez aparecen más anuncios que lo interrumpen. La pregunta es sencilla: si ya pagamos, ¿por qué emergen nuevas condiciones? 

Veámoslo a detalle. Lo que parece un anuncio a mitad de una película forma parte de un patrón más amplio de opacidad. La persona consumidora contrata un servicio y después descubre que el costo real es otro. Lo barato deja de serlo y la oferta preferencial termina siendo un gancho. 

Es lo que se conoce en inglés como drip pricing, que consiste, precisamente, en anunciar un precio inicial bajo y añadir después impuestos, tarifas de servicio, comisiones o costos administrativos. Al final, el precio que se paga tiene poco o nada que ver con el que se ofertó al principio.

Es un fenómeno global que requiere respuestas concretas. En el caso de México, la PROFECO ha documentado que en hospedaje, boletaje y plataformas de reparto de alimentos el precio final puede superar hasta en un 50 por ciento lo anunciado. 

Y lo más importante es que estamos hablando tanto de dinero como de libertad de elección. Si la persona consumidora no puede comparar precios reales porque cada plataforma esconde una parte del costo, la competencia deja de funcionar correctamente. 

En la actualidad, el artículo 7 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a informar de manera notoria y visible el total, incluidos impuestos y comisiones, pero no establece con precisión cuándo debe hacerse. Así, una plataforma puede mostrar el precio completo hasta la última pantalla. Cumple con la letra de la norma, pero deja desprotegidas a las personas consumidoras cuando deciden.

Por ello, para reformar esa ley, presenté una iniciativa en materia de transparencia de precios en plataformas digitales, con la finalidad de cerrar el vacío existente —mediante medidas concretas— para devolverle a las personas consumidoras la certeza de saber cuánto pagarán desde el primer momento. 

La iniciativa busca obligar a las plataformas digitales a mostrar el precio completo en la primera pantalla de interacción —impuestos, comisiones, tarifas de servicio y cualquier cargo adicional— y prohibir que esos costos aparezcan tardíamente en las últimas etapas del proceso de compra. 

Al mismo tiempo, propone fortalecer las facultades de la PROFECO para investigar algoritmos, procesos internos y diseños de interfaz que manipulan la percepción de las personas consumidoras, y rediseñar el esquema sancionador para que las multas sean proporcionales a la escala económica de las plataformas digitales y realmente disuasivas. 

La iniciativa también busca transparentar la publicidad y las promociones, obligando a distinguir claramente entre contenido comercial y ofertas reales, de modo que las personas consumidoras no confundan anuncios disfrazados con beneficios efectivos. En suma, se trata de poner reglas claras que protejan la libertad de elección y restauren la confianza en el mercado digital.

La gente tiene derecho a conocer cuánto pagará, claramente y desde el inicio, cuando todavía puede decidir si continúa o no con la compra, con total libertad y sin presiones de ningún tipo. A final de cuentas, la transparencia también es confianza social y garantía de justicia; esta certeza compartida fortalece la democracia, la vida cotidiana y la dignidad ciudadana.

En la actualidad, más de un tercio de la población mexicana ya compra en línea, y nuestro país ocupa el octavo lugar mundial en crecimiento del sector. Tal dinamismo es una oportunidad para democratizar el acceso a bienes y servicios, pero sólo si se construye sobre bases sólidas de confianza. Sin éstas, el mercado digital corre el riesgo de convertirse en un terreno de abusos.

No se pretende frenar la innovación ni obstaculizar el desarrollo tecnológico, aunque sí establecer bases legales para que la innovación crezca en un entorno justo. Las plataformas son aliadas cuando ofrecen comodidad, rapidez y variedad, pero se vuelven antagonistas cuando esconden información o imponen publicidad invasiva. 

Esta iniciativa busca, precisamente, devolver a las personas consumidoras algo elemental: la certeza de saber cuánto pagarán y la tranquilidad de recibir el servicio contratado sin condiciones que aparecen después. La transparencia no debe ser una concesión del proveedor, sino un derecho de la población.

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