Trump y sus laberintos
No hay duda de que el expresidente Donald Trump es protagonista de la política estadounidense. De hecho, ha mencionado que no está en duda su postulación para 2024, sino cuándo sería el mejor momento para anunciarla de manera formal. Normalmente, este tipo de notificaciones se dan después de las elecciones de medio término.
Hace unas semanas, una encuesta reportó que algo más de la mitad de las y los republicanos que podrían votar en las primarias de su partido hacia el 2024 simpatizaban con un candidato diferente al exmandatario, quien obtuvo el 49 por ciento de las preferencias, y su más cercano contendiente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el 25 por ciento de los posibles votos. Por otra parte, es probable que en las elecciones de noviembre el Partido Republicano mejore su posición actual.
El empresario enfrenta una serie de obstáculos legales en el mediano plazo. Sin embargo, según analistas, el allanamiento de hace unos días por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de su residencia en Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach, Florida, le entregó un salvavidas, ya que inclinó la balanza a su favor como una víctima perseguida por el Gobierno. La mayoría de las y los republicanos, incluso sus posibles rivales hacia 2024, lo apoyaron.
La operación sin precedente del FBI forma parte de uno de los pendientes del exmandatario con la justicia, a partir de una investigación sobre la eliminación ilegal de registros presidenciales. Medios estadounidenses indicaron que los materiales eran confidenciales, algunos de “ultrasecreto”, que sólo podían consultarse en instalaciones gubernamentales seguras; parece que hay documentos relacionados con armas nucleares.
Si Donald Trump manipuló, destruyó, ocultó u obstruyó el acceso a estos registros, podría enfrentar cargos. Para emprender este tipo de operaciones, el FBI necesita autorización judicial, que sólo se otorga ante la posibilidad de comisión de un delito. Ya fue informado que se entregó una orden al expresidente antes del registro de su propiedad, y el fiscal general Merrick Garland declaró que él mismo aprobó el allanamiento.
Por otra parte, un panel del Congreso que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio busca probar que el exmandatario violó la ley al tratar de anular su derrota en las elecciones de 2020. El Departamento de Justicia cuestiona especialmente su actitud, entre la inacción y la complacencia, durante el asalto. También se indagan sus esfuerzos para presionar al Departamento de Justicia y a algunos funcionarios para cuestionar los resultados de los comicios. Está por verse qué pasará con esta investigación. El grupo no puede acusar al expresidente de delitos federales, lo cual, en todo caso, le correspondería al Departamento de Justicia.
Otra vertiente derivada de la investigación del comité sobre los hechos del 6 de enero es la recaudación de 250 millones de dólares que hizo el expresidente Trump para financiar litigios electorales, aunque parte del dinero se utilizó para otros fines. Por esta razón, el empresario podría ser acusado de fraude electrónico.
Una pieza adicional de este rompecabezas tiene que ver con las elecciones en Georgia. Un gran jurado investiga los supuestos esfuerzos del exmandatario para influir en los resultados de los comicios estatales de 2020. La denuncia se centra en la petición a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, de “encontrar” los votos para anular la derrota electoral.
Adicionalmente, hay dos investigaciones que tienen que ver con el patrimonio de la familia Trump: un caso penal en Nueva York, por fraude fiscal, que parece no ir por muy buen camino, y otro, civil, en el distrito de Manhattan, por inflar el valor de los activos. El expresidente niega haber actuado mal en ambos casos y ha dicho que las pesquisas tienen un sesgo político.
Hace unos días, en su comparecencia ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por el caso civil, el exmandatario se acogió a la Quinta Enmienda. Fue importante este encuentro, porque, en caso de declarar y mentir, se hubiera expuesto a ser condenado posteriormente por perjurio.
Un caso menor tiene que ver con los impuestos que paga por la propiedad de uno de sus clubs de golf, en Westchester, en los alrededores de Nueva York. Finalmente, hace unos días, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que las declaraciones del valor de sus activos —reservadas hasta ahora— podrían entregarse al Congreso.
Además de enfrentar estas vicisitudes, también está pendiente el caso de difamación de la escritora Jean Carroll, quien lo demandó en 2019 después de que el entonces presidente negara una acusación de violación y señalara a la autora de mentir para aumentar las ventas de un libro. Está por decidirse si esta demanda se desestima.
Ahora, ¿qué pasaría si hubiera un procesamiento? En principio, ser condenado por un delito impide el acceso a cargos federales, pero es tema de debate jurídico, que podría terminar en el Tribunal Supremo, con mayoría conservadora y, ciertamente, en un aumento de la polarización y desconfianza hacia las instituciones. Lo que es un hecho es que el expresidente utiliza este laberinto de acusaciones para alentar a su base ante una “persecución colectiva”, narrativa que podría funcionarle muy bien hacia el 2024.
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