Un caso de critocracia o dictadura judicial
La mejor vacuna contra la critocracia es precisamente la elección popular de las y los jueces, magistrados y ministros.
La critocracia es el “gobierno de los jueces”, también conocida como critarquía o dictadura judicial. Se origina en los vocablos griegos krito (“juzgar”) y kratos (“poder”). Es una forma de gobierno en la cual los poderes legislativo y ejecutivo quedan neutralizados, supeditados y sometidos a los criterios de interpretación y aplicación de la ley por parte de un juzgador (individual o colectivo), cuya fuente de legitimidad es meritocrático-burocrática, no electivo-popular, lo que produce con frecuencia el fenómeno político conocido como choque de trenes entre poderes.
La critocracia es producto de una desviación o malformación de la división de poderes, en la que el principio de equilibrio y moderación entre las ramas de gobierno es alterado por la concentración, invasión o intromisión del poder judicial en el funcionamiento de los otros dos.
La más conocida y frecuente de estas malformaciones es la concentración del poder en el ejecutivo (autarquía), pero también existen la dictadura parlamentaria y la dictadura judicial, según se excedan las facultades y actuaciones en uno u otro poder, alterándose el principio democrático de alineación y balance entre poderes.
El “gobierno de jueces” más famoso de la historia es el Gran Sanedrín, que juzgó y condenó a Jesús a morir en la cruz. Fue una decisión legal, pero no legítima, a tal grado que Poncio Pilatos tuvo que lavarse las manos. Desde entonces sabemos que la critocracia es una mala solución a la contradicción permanente entre derecho y justicia, legalidad y legitimidad, la tribuna judicial y la plaza pública.
Por ejemplo, ya en 2023, Israel estaba inmerso en un debate sobre los alcances de la judicatura, en términos similares al que estamos viviendo hoy en México: ¿puede un juez revertir una reforma aprobada por la mayoría parlamentaria y hasta decirle en qué términos debe legislar? ¿Puede un juez detener las políticas públicas del jefe de gobierno, que tienen el aval y el presupuesto autorizados por el Parlamento?
En México, hace unos días, el juez Rodrigo de la Peza ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que nombrara a dos magistrados electorales faltantes —que el Senado de la República aún no ha designado—. Tanto el Tribunal como la Cámara Alta rechazaron esa orden, porque excedía las facultades y competencias del juzgador. El TEPJF anunció una denuncia penal contra el juez, mientras que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó sobre un posible juicio político para destituirlo. Después de estos anuncios, el juez De la Peza retiró su sentencia.
El presidente López Obrador nos dio el contexto político de este diferendo jurídico: la orden del juez nació de la impronta de un sector conservador del Poder Judicial para nombrar a dos magistrados electorales afines, con el propósito de impedir que MORENA y sus aliados ejerzan durante la próxima legislatura la mayoría calificada que ganaron en las urnas.
La mejor vacuna contra la critocracia es precisamente la elección popular de las y los jueces, magistrados y ministros. Al compartir la misma fuente de legitimidad (el voto ciudadano), los tres poderes estarán homologados desde su origen y no podrán alegar que uno es superior al otro. Y podríamos ir más allá todavía: en caso de un diferendo del Ejecutivo y del Legislativo con el Poder Judicial, el voto popular decidiría también a cuál de ellos le asiste la razón. Hablamos del plebiscito judicial (Ejecutivo vs. Judicial) y del referéndum judicial (Legislativo vs. Judicial).
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