Versión estenográfica de la participación del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en la inauguración del Foro “Oportunidades Laborales para Jóvenes en el Sector Agropecuario”, organizado por Ahifores y el Consejo Nacional Agropecuario
Celebro este espacio de diálogo, de análisis y de reflexión, sobre uno de los puntos cruciales para el desarrollo mexicano: crear oportunidades para la juventud que habita el medio rural; por ello es indispensable analizar el tema del relevo generacional de las productoras, de los productores, abriendo oportunidades para la población joven del campo.
La información poblacional indica, que en el campo tenemos, por un lado, adultos mayores que han trabajado la tierra por años; pero que requieren relevo generacional por un retiro digno.
Nadie puede negar que el envejecimiento de los productores, de las productoras del campo es creciente. De acuerdo con datos del INEGI, el 46 por ciento tiene 60 años o más, casi el 50 por ciento.
Por el otro, millones de jóvenes buscan oportunidades reales en el campo, que les cubra el costo de no emigrar (falla de audio de origen) …porque es un contexto, en este mismo contexto de pandemia, se presenta mayor demanda de productos, de alimentos, y México está mostrando gran capacidad para su participación en el mercado internacional.
En un ejercicio de equidad, requerimos pensar en un retiro digno para quienes han trabajado la tierra por décadas, en un sistema de seguridad social para el campo.
Este aspecto que está regulado en el régimen voluntario de la Ley del IMSS, ha resultado insuficiente debido a que existen pocos productores y pocas empresas mexicanas, cuyos trabajadores tienen un número de seguridad social y cotizan en el IMSS. Aportan para su pensión de retiro, la gran mayoría de los trabajadores del campo y, sean propietarios o sean titulares de derechos ejidales o comunales o sean contratados, no gozan del derecho humano a la seguridad social.
Es impostergable analizar, en el marco del Sistema de Pensiones de México, la seguridad social para los pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, colonos. Y, por la parte también del trabajo de los jornaleros agrícolas, reflexionar sobre el proceso que debemos seguir para pasarlos a un régimen que les garantice salud y un retiro digno.
Investigaciones serias, hablan de que se requiere el 0.25 del Producto Interno Bruto, 0.25 por ciento anual o del 4.5 por ciento del productor agropecuario, para destinarlo a cerca de 1 millón de personas que tendrían derecho a un retiro digno y que en el relevo generacional, sus familias, sus familiares jóvenes adquieren y trabajan la parcela incrementando el uso de la tecnología en el campo e innovando nuevas formas de aprovechamiento del agua, amigables con el medioambiente.
Simultáneamente, al retiro de las personas mayores, es urgente crear alternativas para hombres y mujeres jóvenes, que demandan oportunidades sin que tengan que salir necesariamente de su lugar de origen.
Hace unos meses concluí una de las más recientes obras que escribí, el libro se llama “Otro Campo es Posible”, editado por Porrúa Hermanos; en el que hago propuestas para el desarrollo del campo, entre ellas se encuentra la de introducir en el campo un sistema obligatorio de seguridad social para garantizar salud y retiro digno a los productores rurales.
No es posible que trabajen la tierra toda una vida, generen alimentos para el país y para el exterior en muchos casos, y carezcan de lo elemental: salud y pensión.
Vivimos en un país de 128 millones de mexicanos, 126; de las cuales 27 millones habitan en el campo; 17 millones en condiciones de pobreza y de éstos, 5 millones en pobreza extrema.
La frontera agrícola es de 24.6 millones de hectáreas. La superficie sembrada en el último año, ascendió a casi 27 millones de hectáreas; y la cosechada, la superficie cosechada a casi 19.4 millones de hectáreas.
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en su análisis de la balanza comercial agroalimentaria de México a 2020, señala que la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial, por sexto año consecutivo, presentó superávit.
El reporte señala que el valor de las exportaciones agroalimentarias de México fue el más alto desde 1993, que en mucho se explica por los tratados comerciales; en este caso, el último, el TLC y ahora el T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá.
Los datos anuales del 2021, por los avances trimestrales que hoy tenemos, ratifican también para el año que pasó los resultados congruentes con esta tendencia de superávit.
Sin embargo, hay problemas en el campo. Los sistemas productivos rurales se han visto gradualmente desarticulados a causa del creciente flujo de población rural hacia las ciudades, como resultado de procesos estructurales, pobreza y violencia, que ha propiciado el abandono del campo en las 188 mil localidades con hasta 2 mil 500 habitantes, y con ello la dispersión de su población.
El fraccionamiento y el minifundio siguen siendo un desafío. ¿Cómo hacerlos producir para que sean una opción rentable que generen ingresos para la economía familiar y coadyuven a romper el círculo de la pobreza?
Nueve de cada diez productores del sector agropecuario, forestal o pesquero son pequeños o medianos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria reciente, sólo el 9-4 por ciento de las unidades de producción agropecuarias, menos del 10 por ciento solicitaron un crédito o un préstamo para el desarrollo de sus actividades. De éstas, únicamente el 8.4 por ciento logró obtenerla.
Esta situación coincide con lo reportado por la CEPAL, donde se menciona que el crédito agrícola en México es uno de los tres más bajos de América Latina, con el 1.9 por ciento del total del financiamiento disponible en el país.
En unidades de producción agropecuaria, se muestra que uno de sus principales problemas radica en los elevados costos de los insumos y servicios, así como en las dificultades para la comercialización y exportación de productos, la falta de capacitación y asistencia técnica, la pérdida de fertilidad del suelo y la insuficiencia en la infraestructura; y fundamentalmente lo que ha pegado bastante en los últimos años, diríamos décadas, es la creciente inseguridad pública.
En el medio rural, el ingreso aún es inferior al de la ciudad; el empleo es escaso. Hay menor disponibilidad de servicios básicos y de comunicación y existe pobreza y migración.
Aún se observa una desconexión entre el pensamiento económico y los aspectos ambientales.
Los ecosistemas y sus servicios constituyen un capital comparable o más importante con los capitales financieros y de infraestructura que forman parte de las cuentas nacionales de un país.
El cambio climático tiene efectos cada vez más graves, altera los ciclos agrícolas con sequías más prolongadas, en mayores regiones y fenómenos meteorológicos más severos.
En síntesis, en el campo se profundiza la desigualdad de acceso al ingreso, la educación, la salud; y a veces dichas desigualdades generan incertidumbre, violencia, que requiere el Estado atender y resolver.
Afortunadamente, como ya lo señalé, el Producto Interno Bruto y la balanza agropecuaria, mantienen superávit; lo cual indica una demanda constante de los productos agrícolas y pecuarios, refleja que el campo mexicano es rentable, con enorme potencial.
El gran reto consiste en abatir la pobreza, particularmente la rural, creando condiciones que ayuden a fortalecer la producción y la productividad; en un marco de legalidad y sustentabilidad ambiental, propiciando mejores condiciones de vida de los habitantes del sector rural.
El desafío que enfrenta el campo mexicano es mayúsculo y se justifican las acciones que precisen mejores condiciones de vida de sus habitantes. Los 17 millones de personas que viven en situación de pobreza, sólo del medio rural, ameritan que el Estado promueva políticas públicas dirigidas al campo, con ideas prósperas de negocios entre inversionistas y productores; acompañamiento técnico, innovación tecnológica, que se traduzca en el mejoramiento de la capacidad productiva en una sinergia de ganar-ganar en beneficio de todos.
El análisis de la situación agropecuaria, revela que la apuesta del país sí puede dirigirse y orientarse a fortalecer al sector rural; situarlo en el centro de la agenda del desarrollo nacional. En el campo, si bien hay pobreza y desigualdad, ahí se concentra la mayor riqueza de recursos naturales: tierra, vegetación y agua, que proveen los servicios ambientales a las zonas urbanas y reúne la riqueza de la biodiversidad natural y cultural.
La CEPAL incluso, recientemente, y la ONU, la FAO, el Instituto de Cooperación para la Agricultura, plantean un enfoque intersectorial de doble vía, que reconozca en primer lugar, que no es posible superar la pobreza ni combatir el hambre, la malnutrición y el cambio climático, si las sociedades, si los actores políticos no plantean lo rural como un motor del desarrollo económico, social y ambiental.
Y, en segundo lugar, invita a considera a la agricultura y sus actividades relacionadas, como indispensables para desarrollar otras actividades económicas, complementarias que promuevan el desarrollo sostenible en los territorios rurales.
Estoy convencido de que la producción de alimentos es el área más competitiva que México posee frente al mundo. Es importante tecnificar el campo para tener acceso al agua y elevar tanto la producción como los rendimientos; fortalecer las capacidades de quienes habitan el medio rural, promover la diversificación de la economía rural, utilizar la inteligencia artificial y trazar la ruta para combatir pobreza y desigualdad, para los jóvenes, hombres y mujeres, estimo, pueden ser los actores de una gran organización rural para la producción y para poder darle valor agregado a la producción primaria y llegar, de ser posible, el campo a la parte más importante de aportación al país: los insumos, el acopio y los alimentos.
Aquí es el tema de fondo, y aquí concluyo mi participación, las jóvenes, los jóvenes pueden desde el campo, construir un ambiente estructurado del país. Se puede aprovechar la enorme demanda de alimentos que hay en el territorio nacional y en el mundo; sólo se requiere preparar tierra, prepararse, capacitarse, crédito, agua y pueden ser generadores de proyectos de gran escala mediante asociaciones que organicen a nivel regional y nacional.
También se puede aprovechar el conocimiento que adquieren muchas personas que del campo migran a Estados Unidos y utilizarlas en México, para reducir los costos de producción.
Aprovechemos todo el potencial que tiene el campo mexicano, como una herramienta incluso que ayude a combatir la violencia.
Es mucho lo que el sector rural aporta al crecimiento y desarrollo nacional, motivo por el cual deberá existir una especie de compensación a su favor que se traduzca por lo menos en el incremento sustancial a la inversión pública en el campo; acompañamiento técnico, innovación tecnológica, incremento de mejores empleos remunerados, acceso al crédito y a los mercados locales, nacionales y globales que ayuden a crear estas condiciones de las que hemos hablado.
En resumen, se requiere una alianza transformadora en el campo, en la que participemos todos los actores públicos y privados; pensar en los productores rurales, atendiendo a los de pequeña escala, sin descuidar el apoyo a los medianos y grandes que están haciendo de México un país exportador de alimentos a gran escala, promoviendo oportunidades para todos los habitantes del medio rural.
La pandemia por Covid-19 ha originado esta nueva mirada al campo como un espacio para el desarrollo y el crecimiento de México.
Estoy convencido de que desde el espacio legislativo de las políticas públicas debemos ubicar al campo como el mejor espacio de oportunidades para que la juventud que habita en el mundo rural despliegue todo su potencial.
Hay una iniciativa, sé que les preocupa a todos, que se aprobó en la Cámara de Diputados.
Tenemos en el Senado una minuta con proyecto de acuerdo, que ya lo hemos platicado con Juan y con varios de ustedes. El estado actual está en comisiones de trabajo.
Es una iniciativa que presentó la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo desde el 17, y es una iniciativa que tiene que ver con los jóvenes a los que irónicamente se les impide trabajar, que actualmente la ley considera como labores peligrosas o insalubres las que implican el uso de químicos, manejo de maquinaria, vehículos pesados y los que determine la autoridad competente.
Esta ley tenemos que modificarla para que los jóvenes puedan ser empleados de los 16, de los 17 y antes de los 18, que actualmente les están prohibido. Y las empresas, compañías o productores no pueden contratarlos porque incurren en responsabilidad.
Es una ley inadecuada, es un artículo fuera de contexto y que empuja a los jóvenes a emplearse en actividades lamentablemente criminales, porque no tienen acceso al mercado laboral.
Es un gran problema que espero resolverlo en el próximo periodo de sesiones, pero requiero de todo su acompañamiento.
Y Nancy, que ha sido punto de partida en esta ley, ha sido muy entusiasta, junto con la Comisión de Agricultura y ahora con todos los senadores vamos a empujar, aquí está el senador Dante, que es el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, pero voy a hablar con todos los coordinadores para poder empujar esta modificación indispensable, necesaria para que los jóvenes puedan emplearse en actividades productivas y no sean consideradas labores peligrosas o insalubres.
Una disculpa por la extensión de mi participación, pero yo soy agrarista de convicción, soy del sector agrario, mi origen es campesino y me apasiona todo lo del campo.
Por eso escribí este libro, ojalá y lo puedan leer y me den sus comentarios “Otro campo es posible”.
Y me voy a permitir declarar rápidamente, siendo las 9:57 horas, declarar formalmente inaugurado el Foro Virtual “Oportunidades laborales para jóvenes en el sector agropecuario”. Que las conclusiones sean para el bien de México.
Estoy seguro que el presidente López Obrador coincide con nuestros planeamientos y coincide con el compromiso que tenemos con el campo mexicano.
Saludos y éxito.
Buenos días.
