Versión estenográfica del mensaje del senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, al inaugurar el Foro sobre el Proyecto de Iniciativa de Ley para Regular las Redes Sociales, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Senado
Muchas gracias.
Celebro la apertura de este espacio de diálogo que realizamos en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fundamentalmente con este ramo de inteligencia artificial.
Pero además, con la finalidad de promover la reflexión y el intercambio de ideas con la UNAM y con este Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Agradezco particularmente a todos los que van a participar, pero también de manera subrayada al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Máxima Casa de Estudios, por su apertura y por su comprensión para abordar un tema que sin duda es actual y muy relevante, tanto en nuestro país como en el mundo.
A través de este ejercicio de debate abierto y franco, buscamos contribuir al desarrollo nacional y al bienestar de los mexicanos y las mexicanas, en un entorno en que las redes sociales promueven la cercanía, intensifican la comunicación, estrechan las interacciones entre la gente e impactan cada aspecto de nuestra vida cotidiana; desde los Gobiernos, desde la sociedad civil surgen interrogantes acerca del alcance y la suficiencia de su regulación en virtud de los potenciales riesgos para los usuarios y para los estados nacionales.
Más allá de filias y fobias, lo cierto es que el marco jurídico de nuestro país y en general en el mundo, se muestra limitado y poco efectivo para hacer frente al reto jurídico de establecer parámetrosw justos en el espacio virtual de las redes sociales, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de cualquier personas, sin incurrir en actos de censura.
Existe una amplia variedad de propuestas que transitan entre la regulación y la autorregulación. El hecho es que mientras no alcancemos un consenso como sociedad hacia el futuro de la reglamentación de las redes sociales, perpetuaremos un escenario de incertidumbre jurídica y vulneración de los derechos humanos y las libertades civiles.
Día con día aumenta significativamente el número de personas, usuarios de redes sociales en el mundo, tendencia que se potencia en el contexto actual de la pandemia.
México es uno de los países de habla hispana que mayor uso hace de ella, de los 131 millones de habitantes que somos, el 67 por ciento son usuarios activos. Es decir, 88 millones de personas, la red social y plataforma con mayor uso en nuestro país es Youtube, en donde interactúan 86 millones de personas; mientras que Facebook ocupa el segundo puesto, con 84.9 millones; Instagram, por su parte, cuenta con 29.5 millones; y usuarios de LinkedIn con 13.1, y Twitter con 9.4 millones.
Las cifras son aún más significativas cuando se reflexiona en torno a los fenómenos nocivos que se presentan en el entorno digital, como la creación de cuentas falsas, mensajes discriminatorios y racistas, discursos de odio, el ciberacoso, la pornografía infantil, entre otros, trata de personas. Y a pesar de que las redes sociales tienen herramientas para denunciar contenidos y suspender publicaciones o cuentas; esos mecanismos no se encuentran regulados ni están construidos bajo esquemas de salvaguarda o de salvaguarda para la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas usuarias.
Los derechos humanos, en cualquier parte del mundo, deben ser protegidos por el Estado; y si el propio Estado encuentra en los derechos humanos los límites para su actuar, con mayor razón los entes privados deben de estar sometidos a la ley, para garantizar la plena efectividad de los derechos y las libertades de todas las personas que hacen uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
La regulación de las redes sociales ha sido un tema que también se ha retomado en otras latitudes, con el fin de garantizar estándares de protección transparencia y adecuación para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión en el ciberespacio; de manera tal que no sean las empresas privadas las que unilateralmente fijen las reglas y los límites a las personas usuarias, sino que ello esté a cargo del Estado y de su propio órgano autónomo, constitucional y democrático, priorizando estas libertades fundamentales.
Entre los países que han dado pasos importantes en este sentido están Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Alemania, Francia, Europa; quienes han avanzado en la regulación de temas relacionados con la promoción de la violencia, el terrorismo, los discursos de odio, la desinformación y el combate a ésta.
Australia, por ejemplo, está regulando las redes sociales para evitar que se piratee la información, que no se reconozcan sus créditos y que no se realicen los pagos correspondientes a quienes son generadores y creadores locales de ésta.
Otro de los casos más notorios es el de la Unión Europea. En diciembre del año pasado, el Parlamento Europeo puso a consulta una legislación que busca regular las redes sociales en varios aspectos como la libertad de expresión, los discursos de odio y la pornografía infantil.
Estas decisiones no tienen otro fin, que garantizar un entorno digital más seguro para los usuarios de las redes sociales, fijando principios diáfanos.
La propuesta que he sometido a consideración de toda la sociedad, y que no ha sido formalizada como iniciativa, retoma experiencias comparadas, criterios relevantes de organismos y órganos jurisdiccionales a nivel nacional e internacional, y también establece y retoma doctrinas en la materia.
Entonces, es un tema necesario de definir, por ejemplo el concepto de redes sociales, cómo se concibe, cómo se ha ofrecido a través del internet, cómo funciona la plataforma, información generada por sus propias personas, la privacidad de los datos, el manejo de los datos como textos, datos, voz, imágenes, videos, música, sonido, combinación de las anteriores, con la finalidad de proteger al usuario.
Destaca también en la iniciativa o en la propuesta de iniciativa, todo el tema de cómo se irá generando mecanismos para expedir, para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de suspensión o cancelación definitiva de cuentas o perfiles, de la eliminación de contenidos.
En todo caso, se establecen protecciones amplias a los derechos de expresión y de comunicación; sin embargo, es un primer borrador.
Esto es lo que nosotros estamos intentando realizar, con algunos temas del contenido que ojalá haya aquí en este seminario, en este foro que durará desde las nueve hasta la una de la tarde, en tres mesas, podamos dilucidar algunas de ellas.
Al establecer sus mecanismos expeditos, se deja a salvo el derecho de los usuarios y se protege la libertad de expresión, que es nuestra principal guía y nuestro principal propósito.
También se establece cómo los propietarios de redes tienen que acatar las decisiones del órgano autónomo constitucional, en el caso de suspensión o cancelación de cuentas y eliminación de contenidos.
Aún se establece un procedimiento abreviado, por el cual un órgano autónomo, en este caso el IFT, atenderá las quejas presentadas para las personas usuarias y contra esta resolución procederá el juicio de amparo.
Es la propuesta.
Las autoridades podrán utilizar algoritmos o tecnologías automatizadas para el efecto de suspender cuentas o eliminar contenidos para el supuesto de cancelación definitiva de cuentas o perfiles, el autorizado deberá contar con un área de especialistas de derechos humanos y libertad de expresión.
El IFT cuenta con días naturales para emitir lineamientos, sanciones, como órgano autónomo.
Pero este es el primer borrador, ojalá se haya leído. Pero quisiera agradecerle, ya lo comenté al Director de Investigaciones Jurídicas, en esta instalación de estas tres mesas.
Quisiera decir que tenemos de lujo en el Senado de la República, en donde están conectados muchos senadores para esta charla que tendremos con ustedes, que están muy interesados en ello.
Habrá tres mesas, una de 9:30 a 11 de la mañana, luego que concluyamos esta inauguración por parte de Pedro y yo, pero en la primera mesa, que será de las 9:30
a las 11, el tema es “Principales modelos de regulación de redes sociales en el mundo”.
El moderador es Pablo Pruneda Gross, que nos ha ayudado mucho, por cierto, gracias, Pablo. Es el coordinador en Líneas de Investigación en Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto.
Y participan Germán Martínez, el senador Germán Martínez Cazares; Jorge Fernando Negrete de Digital Police; Agustina del Campo, Directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo; Edison Lanza, exrelator para la libertad de expresión del CID; Alejandro Pisanty de la Facultad de Química; León Felipe Sánchez.
Es muy interesante, en todas las mesas son expertos de muy buen nivel que nos darán luces sobre el tema.
La mesa dos “Visiones de los actores sobre la iniciativa para regular las redes sociales”. Está Hugo Concha Cantú, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él es el moderador, Hugo.
Participa Priscila Ruiz, de Artículo 19, México y Centroamérica; Raúl Trejo Delarbre, del Instituto de Investigaciones Sociales; Raúl Echeberría, del ALAI, director ejecutivo; Julio Vega, de la Asociación del Internet en México; Judith Mariscal, Centro de Investigaciones y Docencias Económicas; Kiyoshi Tsuru de Abogados TMI; y Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, de la Escuela Libre de Derecho. Aquí se incorpora Ciro Murayama, del Instituto Nacional, consejero del Instituto Nacional Electoral.
A todos bienvenidos.
Y en la mesa tres, está muy interesante también “Riegos y perspectivas a futuro de las redes sociales”. La moderadora, Issa Luna Pla, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Participan Luis Fernando García, Red por la Defensa de los Derechos Digitales; Jesús Peña Palacios, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Anahiby Becerril Gil, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Jorge Luis Ordelín Font, de la Línea de Investigación en Derecho e Inteligencia Artificial y Alejandro Martínez Varela, es el Presidente del Capítulo ISOC México; así como Laura Márquez, del Centro de Innovación y Acceso a la Justicia.
Como ven, es una serie de mesas de nivel extraordinario, plural, incluyente, de todas las voces.
Lo que les puedo decir aquí a quienes van a exponer en las tres mesas, es que tomaremos muy en cuenta sus opiniones; por eso es que no he presentado formalmente la iniciativa.
No dudo ni tampoco omito que es una iniciativa, un borrador muy discutible, muy discutido en este momento y que hay versiones en todas partes. Pero es muy importante que la inteligencia esté reunida para buscar una alternativa y buscar un método para lograr el propósito fundamental.
Muchas gracias a todos.
Pedro, muchas gracias y a todos los investigadores; a Pablo, muchas gracias por su respaldo para llevar a cabo entre el Senado y el Instituto de Investigaciones Jurídicas este foro con tres mesas.
Buenos días.
