Pobreza, hambre, deuda y acceso a las vacunas en los países más pobres y vulnerables
La pandemia de COVID-19 ha sido un evento sin precedente para la humanidad, y ha traído consecuencias peculiares tanto para los países de ingresos altos como para los de ingresos medios y bajos. Para los segundos, algunas de estas secuelas se pueden observar en: 1) el retroceso en los niveles de pobreza y hambre; 2) el desafío de la ya asfixiante deuda pública, y 3) la inequidad en la distribución y el acceso a las vacunas.
Hasta antes de la aparición del nuevo coronavirus, el mundo mostró avances positivos en la lucha contra la pobreza extrema. La pandemia ha puesto en peligro estos progresos, y sus consecuencias se suman a los conflictos, al cambio climático, la desigualdad y las turbulencias económicas que en 2019 incrementaron las cifras de la población en situación de inseguridad alimentaria extrema. Sin duda, no se alcanzará el objetivo de la ONU para, en 2030, reducir la tasa de pobreza mundial a menos del tres por ciento.
En 2020, según el Banco Mundial (BM), 100 millones de personas se sumaron a la pobreza, mientras que la pobreza extrema se elevó un 1.5 por ciento, cifra que en 2021 podría llegar a casi el dos por ciento. Además, la pandemia ha creado “nuevos pobres” en las ciudades: personas con mayores grados educativos, que se dedican a los servicios y son jóvenes. Volver a los niveles anteriores a la COVID-19 será casi imposible. Para reducir la pobreza y el hambre no serán necesarias solamente una feroz cooperación internacional y políticas públicas focalizadas, sino también combatir otros factores y fenómenos, como los conflictos y la desigualdad.
Por otro lado, un mayor número de Estados ha entrado a una crisis de endeudamiento. Y aunque éste era necesario para reactivar la economía, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo también advirtió que la situación no sería la misma para todos. Después de la irrupción del SARS-CoV-2, la deuda pública ha alcanzado su máximo histórico, igualando casi el tamaño de la economía mundial.
En la era pospandemia, el endeudamiento ya representa uno de los mayores desafíos para los Estados pobres o de ingreso bajo, superando incluso el promedio histórico en el último lustro. El FMI proyecta esta cifra en un tres por ciento del PIB para 2021. Para hacer frente a esta situación, en mayo de 2020, el BM y el FMI, en conjunto con los integrantes del G20, pusieron en marcha la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, la cual ha ayudado a más de 40 países elegibles, y ha permitido a 73 acceder a la suspensión temporal de los pagos del adeudo que contrajeron. El período de suspensión se ha extendido hasta fines de junio de 2021.
En el tercer aspecto, los países de altos ingresos son los únicos que hasta ahora han podido acceder a las vacunas, y para los demás Estados existe una inequitativa distribución y un desigual acceso a las dosis. Esto no se debe a la capacidad de fabricación en el mundo, sino a la manera en cómo los países desarrollados compraron y accedieron primero a los antígenos.
Aprovechando su poder adquisitivo e inversiones en el desarrollo de las vacunas, los países de altos ingresos compraron la mayoría de las dosis antes que sus pares de ingresos medios y bajos. Con el 16 por ciento de la población mundial, estas naciones han obtenido alrededor del 60 por ciento de las dosis hasta ahora vendidas. La mayor preocupación es que los Estados de ingresos medios y bajos no tendrán las suficientes dosis para inocularse. Así, de manera contrastante, mientras que las personas que viven en los países ricos estarán protegidas, el virus y sus nuevas cepas se propagarán en los países más pobres.
Para los países de ingresos medios y bajos, por ahora, la única salida posible es el mecanismo COVAX, una alianza que busca acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la COVID-19, así como garantizar un acceso justo y equitativo para todas las naciones del mundo, en especial, las más pobres. Sin embargo, ante el serio desafío que enfrenta el mecanismo para satisfacer la demanda, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha solicitado a los Estados que poseen las vacunas que compartan sus dosis.
En otras iniciativas, Sudáfrica e India están promoviendo ante la Organización Mundial del Comercio una suspensión de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, para que los demás países puedan participar en su producción. Igualmente, existe el C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la COVID-19), que busca compartir de manera voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra la enfermedad. Sin embargo, hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.
Los organismos internacionales advierten que estos factores profundizarán las desigualdades y las vulnerabilidades ya existentes, lo que sin duda impactará en el desarrollo y el capital humano de los países pobres durante los próximos años.
En la universalización de la vacuna, México está liderando una lucha internacional y regional por el acceso igualitario y un reparto más justo de las dosis. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reclamado la intervención de la ONU en esta distribución desigual, al tiempo que ha señalado el acaparamiento de los países productores. Finalmente, en el ámbito regional, la tarea de priorizar la lucha contra la pandemia en América Latina la comparte nuestro país con Argentina.
