Alto a la discriminación financiera
Al momento de intentar contratar un servicio de aseguramiento, nos damos cuenta rápidamente de que las empresas encargadas de proveerlo emplean mecanismos de clasificación de riesgos para determinar el costo y la cobertura que pueden ofrecernos.
Lamentablemente, en el caso de las personas con discapacidad, esto representa un verdadero reto, pues difícilmente encuentran información accesible en medios electrónicos o en ventanillas; por el contrario, se enfrentan a barreras físicas y humanas que las discriminan, especialmente a quienes son mayores de 60 años y conforman el rango de edad con mayor prevalencia en este grupo poblacional.
Tales estrategias le han permitido a las aseguradoras y a los grupos financieros mantener la rentabilidad de sus negocios, lo que se puede advertir con claridad, considerando que algunos de ellos pertenecen al selecto grupo de personas morales que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. No obstante, se han generado inequidades, como cobros diferenciados, que producen mayores cargas a las personas con discapacidad, quienes normalmente tienen mayor dificultad para obtener empleos bien remunerados y deben solventar gastos adicionales en materia de salud, movilidad, etcétera.
Lo anterior ocurre aun cuando existe un robusto andamiaje legal —nacional e internacional— que prohíbe las prácticas de discriminación, por lo que es indispensable la intervención del Estado para garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes se acercan a las instituciones financieras con el fin de contratar sus servicios.
En su libro Una historia de la anormalidad, María Luisa Bacarlett Pérez afirma que el poder conforma un conjunto de estrategias que delimitan las posibilidades de acción, y de ese modo genera grandes patrones a los que la población se debe ceñir; sin embargo, en la actualidad, la lucha por la inclusión de todas las personas nos obliga a ver el rostro humano de cada una y no los fríos números de la estadística que refuerza estereotipos, según lo han advertido investigadores como Kenneth Arrow y Edmund Phelps.
Con el fin de acabar con las estrategias de mercado que marginan a la población con discapacidad en México, en agosto de 2020 presenté una iniciativa para modificar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley sobre el Contrato de Seguro, con el fin de prohibir a las aseguradoras negar sus servicios a las personas por tener alguna discapacidad, así como por su condición social, origen étnico, género o cualquier otro factor, y establecer su obligación de promover la igualdad de oportunidades de acceso a sus servicios, así como diseñar productos adecuados para personas con discapacidad, ofreciéndoles un trato digno y respetuoso.
El pasado martes, el dictamen relativo fue aprobado por unanimidad en el Senado de la República, poniendo de relieve el consenso que existe entre todas las fuerzas políticas para generar un marco normativo más incluyente, y se envió a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, en donde se espera una votación similar, dada la relevancia de sus implicaciones y el compromiso de la mayoría parlamentaria con los grupos poblacionales históricamente marginados.
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