Crédito de nómina y justicia laboral
Para el Gobierno de la Cuarta Transformación, la justicia laboral ha sido uno de los propósitos más claros de la política económica impulsada desde el Poder Ejecutivo, acompañado por el Poder Legislativo, representado en ambas cámaras federales, la de Diputados y la de Senadores. Gracias a la ingeniería constitucional de nuestro país, la facultad de crear leyes y otras normas jurídicas se deposita en una estructura bicameral, que permite un mejor contrapeso en las decisiones políticas que atañen a toda la nación.
En este sentido, la iniciativa para regular los créditos de nómina con cobranza delegada, que en los últimos días ha generado polémica entre la opinión pública, es un claro ejemplo de cómo el proceso legislativo garantiza la protección de los derechos de toda la población, cuando las y los legisladores federales asumen su responsabilidad de analizar las iniciativas y los dictámenes antes que votarlos por consigna, como sucedía en las administraciones del viejo régimen. En ese entonces, la corriente opositora de izquierda no contaba con la representación suficiente para frenar las reformas que dañaban los derechos de la sociedad.
En 2018, dos senadores de la bancada de MORENA presentaron una iniciativa para regular el crédito de nómina, y darle la forma de un contrato jurídico nominado, con el fin de evitar abusos y respetando lo establecido por el artículo 98 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que las y los trabajadores tienen el derecho de disponer libremente de sus salarios, declarando nula cualquier disposición que desvirtúe esta garantía.
Esa iniciativa se aprobó con la intención de generar mayores mecanismos de control en el sistema financiero, y fue enviada a la Cámara de Diputados, la cual aprobó diversos cambios a la propuesta original, algunos que podrían no ser objetados, como la facultad de las personas empleadoras de acordar con las personas acreditantes mejores condiciones en favor de las y los trabajadores, y otros que seguramente estarán sujetos a debate, como la inclusión de los contratos de seguro a este esquema de cobro. Por ello, sin duda se deberá llevar a cabo un ejercicio amplio de análisis y discusión ahora que el proyecto ha regresado a la Cámara de origen.
Todo indica que el dictamen que se genere en las comisiones del Senado de la República implicará cambios que deberán ser puestos a consideración, una vez más, de la colegisladora, la cual podría aprobarlo o hacer nuevas modificaciones; en este último caso, como lo establece el artículo 72 constitucional, ya no podría volver a presentarse en el actual periodo ordinario de sesiones.
Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado la posibilidad de ejercer su derecho de veto a esta reforma, en caso de que su aprobación en ambas cámaras prosperara, pues considera que perjudicaría los derechos laborales. En el Senado existe, de igual manera, la convicción de regular este tipo de contratos, sin afectar a las y los trabajadores, garantizando la libre disposición de su salario, que representa el sustento de sus familias y la posibilidad de seguir mejorando sus condiciones de vida.
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