La Corte: entre Rousseau, Montesquieu y Publius

Corregidora, la calle que separa Palacio Nacional de la SCJN, es en este momento la avenida más ancha y sinuosa del país.

Que nadie se asuste por el diferendo que estamos presenciando entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tarde o temprano, la 4T y la Corte iban a encontrarse las caras. Que sea con ideas y propuestas, no con estridencias ni amenazas…, de uno o de otro lado.

El maestro Héctor Fix-Zamudio, exégeta por excelencia del Poder Judicial en nuestro país, subrayó el eclecticismo judicial con el que se adoptó la judicatura desde el México independiente. La Corte es producto de tres influencias: la tradición novohispana (iusnaturalista), las Cortes de Cádiz de 1812 (ilustracionista o garantista francesa) y la inspiración federalista estadounidense (iuspositivista), diseñada por Hamilton, Madison y Jay —bajo el seudónimo colectivo Publius— en los artículos escritos para El Federalista.

¿La Corte está hecha para garantizar la justicia o para aplicar el derecho? ¿Cómo seleccionar a las y los magistrados y jueces: por elección directa en las urnas o indirecta, en las cámaras? ¿Quién enjuicia al juez: sus pares internos o los nones que lo nombraron externamente? ¿Sueldos y prestaciones de ensueño, inamovilidad y fuero judicial son las mejores medidas para garantizar independencia, imparcialidad e integridad de juezas y jueces? Y lo más importante, ¿cómo evitar la llamada dictadura judicial o el gobierno de jueces, esa variante de gobierno disfuncional en que las y los magistrados invalidan a legisladores o paralizan a los ejecutivos, en nombre de la división de poderes?

El presidente AMLO ha planteado la necesidad de reformar a la SCJN para que deje de ser “un poder podrido y corrupto”. Para ello propone que ministras y ministros sean electos de manera directa por sufragio popular, tal como lo preveía la Constitución liberal de 1857. Este planteamiento se lo debemos a Juan Jacobo Rousseau, para quien la voluntad popular es la fuente originaria y única de la legitimidad del poder público en sus tres modalidades: ejecutiva, legislativa y judicial. Si el presidente y los legisladores emanan del pueblo, los jueces también deben provenir de la misma fuente, para tener un pie de igualdad, autoridad y responsabilidad frente a los otros poderes.

Ministros de la talla de Ignacio L. Vallarta, José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada, León Guzmán, José María Castillo Velasco, Ignacio Mariscal, entre otros, pasaron por las urnas, no por las cámaras, y dieron a la SCJN una de las etapas más brillantes de su historia.

Pero la Corte del Porfiriato se integró también bajo la misma modalidad, convirtiéndose en un ápendice del Ejecutivo y dando pie a una de las etapas más nefastas de la impartición de justicia, a tal grado que aportó su costal de pólvora al estallido revolucionario de 1910.

Por algo el Constituyente revolucionario de 1917 eliminó la elección directa de ministros y sentó las bases para la modalidad indirecta y mancomunada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Desecharon a Rousseau y abrazaron a Montesquieu, con su diseño de alineación y balanceo entre poderes.

La calle que separa Palacio Nacional de la SCJN, Corregidora, es en este momento la avenida más ancha y sinuosa del país. Sentar a dialogar en ella a Rousseau, Montesquieu y Publius ayudaría a encontrar la dimensión correcta de la transformación tridimensional que México necesita: ni muy cerca ni muy lejos, sino con una justa y funcional medianía entre poderes.

 

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