Jueces sin rostro
Una de las adiciones a la reforma del Poder Judicial federal (PJF) fue la figura denominada jueces sin rostro.
La propuesta modifica el artículo 20 de nuestra Constitución Política, para establecer que “tratándose de la delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”.
Y abunda que “se trata de incluir un órgano administrativo sin rostro, también denominado ‘jueces sin rostro’, el cual será creado dentro de los sistemas de determinadas jurisdicciones, encargadas del proceso y juicio de delitos generalmente vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado”.
Lo anterior significa que habrá órganos con juezas y jueces anónimos, a fin de salvaguardar sus identidades —y la de sus familias— cuando realicen su labor de impartir justicia en situaciones de alto riesgo, como al juzgar casos vinculados al crimen organizado, narcotráfico o terrorismo.
Se trata de una estrategia jurídica para combatir la violencia y la delincuencia organizada, mientras se protege a las personas juzgadoras, que se ha implementado en otras latitudes. Cabe recordar, por ejemplo, la experiencia de Italia, donde se adoptó esta figura en los años noventa del siglo pasado, después de que la mafia siciliana diera muerte a 24 jueces, entre ellos, al conocido juzgador y fiscal antimafia Giovanni Falcone.
En Colombia también se aplicó esta figura, para combatir la llamada narcoguerrilla, alentada por el narcotraficante Pablo Escobar, y que causó la muerte de más de 290 funcionarios de la Policía y del Poder Judicial, los cuales perseguían tanto a narcotraficantes como a guerrilleros. La misma narcoguerrilla fue la causante del asesinato, en 1989, del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien se mostraba proclive a la extradición de los capos del narcotráfico colombiano hacia Estados Unidos.
En 2019, en varios estados federados de Brasil (Río de Janeiro, Bahía, Pará, Mato Grosso, Roraima, Santa Catarina y Alagoas) se implementó una figura llamada Tribunales sin rostro, para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado y los grupos paramilitares, después de una ola de ejecuciones de jueces y magistrados.
En nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso implementar la figura de jueces sin rostro, con el objetivo de proteger a las y los juzgadores y magistrados que resuelven casos del crimen organizado. El planteamiento fue secundado por la presidenta electa, la Dra. Claudia Sheinbaum, quien manifestó que el planteamiento del jefe de Estado era muy importante para que las y los jueces no se encuentren sujetos a una amenaza y que puedan actuar con mayor libertad.
Es muy grande el daño que se causa a la impartición de justicia con juezas y jueces amedrentados por la presión de la violencia o nulificados por amenazas de muerte. De hecho, en nuestro país también ha habido pérdidas muy lamentables de personas impartidoras de justicia que cumplían con su deber.
Por ejemplo, en 2016, en Metepec, Estado de México, fue asesinado el juez federal Vicente Antonio Bermúdez, a cargo de los casos de los narcotraficantes Abigael González, el Cuini, y Miguel Ángel Treviño, el Zeta 40.
En 2020, Uriel Villegas, otro juez federal, y Verónica Barajas, su esposa, fueron ejecutados al salir de su domicilio, en Colima. El juzgador tuvo a su cargo, entre otros, uno de los procesos penales que se instruyeron en contra de Rubén Oseguera González, el Menchito.
La reforma al PJF sigue su curso y proyecta incluir la figura de las y los jueces sin rostro, que ayudará a combatir la impunidad, al tiempo que reforzará la protección a personas juzgadoras y sus familias.
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