Si creyéramos que un vecino o una vecina está haciendo algo que nos afecta, ¿nos meteríamos a su casa sin su permiso, o primero lo hablaríamos? Esa es la pregunta que debemos hacernos cuando analizamos la compleja, profunda y, a veces, tensa relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
Como coordinador del grupo parlamentario mayoritario en la Cámara de Diputados y presidente de su Junta de Coordinación Política, pero también como ciudadano y demócrata convencido, apuesto por el diálogo y la constante comunicación. Por eso me preocupa la forma en la que el Gobierno estadounidense pretende imponer sus decisiones, incluso en territorio mexicano, desde que inició el mandato. Ya son decenas de acciones unilaterales que, directa o indirectamente, afectan la soberanía nacional, tales como la criminalización de la migración en la frontera o la imposición de aranceles como instrumento de presión política.
Con más de 3 mil kilómetros de frontera compartida, ambos países han sido aliados y socios durante décadas. Por esa línea que nos une –más que nos divide–, han cruzado tradiciones culturales, productos agrícolas, conocimiento científico, música, cine y tecnología. También es cierto que por ella se filtran algunos males contemporáneos: drogas, armas y flujos ilícitos de dinero y capitales. Pero en lugar de construir muros costosos e ineficaces, deberíamos tender puentes de entendimiento, confianza y responsabilidad compartida.
Ambos gobiernos enfrentan un reto común: desmantelar al crimen organizado y frenar fenómenos como el tráfico de armas, el contrabando de drogas sintéticas, como el fentanilo, y el lavado de dinero. Sin embargo, la actitud del Gobierno estadounidense parece cada vez más unilateral. Las declaraciones recientes que nos colocan en la misma categoría que adversarios estratégicos carecen de fundamento y son profundamente ofensivas. Decir que México hace poco o nada en esta lucha es simplemente falso. Sobre todo, después de que el propio presidente Donald Trump ha reconocido que las incautaciones de fentanilo están disminuyendo.
Tan solo en los últimos días, México ha reformado su marco legal en materia de seguridad. Aprobamos nuevas leyes para fortalecer a la Guardia Nacional, y dotamos de mejores herramientas jurídicas a las autoridades encargadas de la investigación criminal e inteligencia. Reformas recientes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ya aprobadas por el Senado y en discusión en la Cámara de Diputados, son parte de una estrategia más amplia contra el lavado de dinero.
No lo decimos solo nosotros. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en su reporte de 2023, reconoció que México ha fortalecido su cumplimiento técnico. No estamos en listas grises ni negras, lo que desmiente discursos alarmistas, exagerados o falsos. Cuando se han detectado irregularidades, nuestras instituciones han actuado. La reciente intervención de la Secretaría de Hacienda, junto con el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario en tres instituciones financieras con faltas administrativas es ejemplo de ello. Las investigaciones están en curso, pero la materia penal requiere pruebas sólidas. Si Estados Unidos cuenta con esas evidencias, puede estar seguro de que se actuará conforme a nuestras leyes y procedimientos.
El Gobierno de México ha demostrado, en palabras y hechos, su voluntad de colaborar. Apenas ayer, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que toda institución sospechosa será investigada. Lo dijo con la firmeza, calma y prudencia que exige este momento. Su propuesta de construir un acuerdo bilateral en materia de seguridad, migración y comercio —independiente del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)— es un paso visionario hacia un entendimiento duradero.
Estados Unidos debe recordar que no somos un país subordinado, sino un socio con quien se puede dialogar, trabajar y construir soluciones conjuntas. Como vecinos, también debemos mirar más allá de los temas evidentes. El agua, por ejemplo, se convertirá en uno de los recursos más críticos del siglo XXI. Su gestión y conservación deben formar parte de una nueva agenda bilateral.
México no rehúye su responsabilidad. Combatimos la criminalidad dentro de nuestras fronteras con determinación, pero también con respeto a la ley y a los derechos humanos. Por eso rechazamos las acciones unilaterales, los discursos que buscan imponer agendas, el uso de los aranceles como instrumento de presión o el descrédito de los esfuerzos que están dando resultados.
La seguridad no se impone; se construye. Y solo puede sostenerse si se basa en el respeto mutuo, el diálogo abierto y la cooperación sincera. Avancemos hacia una estrategia integral, donde ambos países —con sus diferencias, pero también con sus intereses compartidos— puedan construir un futuro más seguro, justo y próspero para nuestras sociedades.
El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ya está haciendo su parte. Hago votos porque el diálogo prevalezca sobre la cerrazón y que la información se imponga sobre la secrecía. La seguridad en América del Norte es una tarea común, no una excusa para dividirnos.
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