Somos un país privilegiado por su biodiversidad, por sus bosques y selvas, por sus mares, manglares y recursos naturales, pero también somos responsables de lo que hagamos con todo ello. Esa responsabilidad exige actualizar la legislación con la que protegemos nuestro territorio, porque México no puede darse el lujo de tratar a su riqueza natural como si fuera inagotable.
De ahí la importancia de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, porque no se trata solamente de modificar una legislación, sino de plantear una nueva forma de entender la relación entre desarrollo, bienestar y protección de los ecosistemas.
La iniciativa parte de la idea de que el medio ambiente dejó de ser un asunto exclusivo de especialistas, ya que está relacionado con la salud, con el agua, con la producción de alimentos, con la economía de las comunidades y, en última instancia, con la calidad de vida de millones de mexicanas y mexicanos.
Uno de sus elementos más relevantes es el papel que se pretende dar a la participación ciudadana. La iniciativa incorpora los principios del Acuerdo de Escazú: acceso a la información, participación pública y justicia ambiental. Esto significa que las personas tendrán más herramientas para conocer y participar en las decisiones que puedan afectar su entorno.
También hay un reconocimiento importante a quienes viven y trabajan en los territorios que se busca conservar. La propuesta contempla mecanismos como el pago por servicios ambientales, para que las comunidades que protegen y restauran bosques, selvas y manglares puedan recibir un beneficio por esas tareas.
Y aquí hay un cambio de fondo, porque conservar deja de verse únicamente como una obligación y empieza a reconocerse además como una actividad que genera valor para las comunidades. Esto abre la puerta a una relación distinta entre Gobierno, pueblo y territorio.
La iniciativa busca, asimismo, ordenar mejor las competencias entre los distintos órdenes de gobierno, fortalecer la prevención y restauración ambiental e incorporar la ciencia y la innovación tecnológica frente a desafíos que ya no podemos posponer, como el cambio climático.
Por supuesto, una propuesta de esta dimensión merece ser revisada con seriedad. En el Congreso estaremos atentos a su análisis. Será necesario escuchar a las comunidades, a especialistas, organizaciones, sectores productivos y a todas las voces que puedan enriquecer la discusión.
La iniciativa dada a conocer por la presidenta sienta un precedente importante porque coloca al medio ambiente en el lugar que le corresponde: el de un factor indispensable para el bienestar y el desarrollo de México. Tenemos una enorme riqueza natural y cuidarla no significa detener el progreso; al contrario, significa asegurarnos de que el bienestar tenga un futuro.
X: @RicardoMonrealA
