En tiempos de Cicerón, en Roma ya se discutía acerca de los impuestos, el uso del dinero público y la responsabilidad de quien gobierna. En De Officiis (44 a. C.), el orador romano sostenía que el deber del Estado consistía en procurar el bienestar común y en no despojar a la ciudadanía de sus recursos.
Cicerón defendía la administración de los impuestos con prudencia y rectitud moral. Para él, cuidar el erario era una obligación política y ética consistente en recaudar lo necesario para sostener a la comunidad, sin favoritismos ni privilegios que rompieran la confianza entre sociedad e instituciones.
Esa discusión, planteada hace más de dos mil años, nos recuerda la reciente polémica alrededor de la Ley de Ingresos de la Federación 2027 y del Programa de Regularización Fiscal. La intensidad del debate es comprensible, pues cuando se discuten las finanzas públicas también se delibera sobre la capacidad del país para atender sus necesidades.
Reconocer que se deben fortalecer los ingresos no es signo de debilidad, sino de responsabilidad. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido claro: no habrá nuevos impuestos generales ni aumentos en las tasas del ISR o del IVA. Lo que se necesitan son mecanismos eficaces para mejorar la recaudación y evitar que los recursos queden atrapados en litigios prolongados.
La propuesta de regularización fiscal que se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados tiene como propósito permitir que contribuyentes grandes y medianos liquiden sus adeudos con el SAT sin multas ni recargos. Pero no se trata de un perdón; es una oportunidad para cumplir.
Es preferible que el Estado reciba ahora los recursos que le corresponden a mantener créditos fiscales sujetos a largos procesos judiciales. La oposición llamó a esta medida “amnistía”, “trato preferencial” y “rescate”, cuando en realidad es pragmatismo fiscal, ya que así cada peso que ingresa a la hacienda pública puede destinarse a infraestructura, salud, educación y seguridad.
El debate fue extenso. Escuchamos diversas intervenciones, algunas con imprecisiones y otras con afirmaciones exageradas. Por eso, considero oportuno arrojar luz sobre algunos mitos y realidades para entender los alcances de los instrumentos jurídicos aprobados.
En primer lugar, la Ley de Ingresos no representa un golpe a las familias ni un regalo a los bancos. La retención sobre intereses, por ejemplo, baja del 0.90 al 0.68 por ciento, lo que beneficia a pequeños ahorradores y personas jubiladas.
Asimismo, el Régimen Simplificado de Confianza se amplía para apoyar a pequeñas y medianas empresas, que representan más del 95 por ciento de las unidades económicas. También se refuerzan los controles contra la evasión en el sector de combustibles, para cerrar espacios al huachicol fiscal.
El Paquete Económico 2027 se sostiene en tres pilares: la Ley de Ingresos, la Ley del ISR y la Ley Federal de Derechos. En conjunto, proyectan ingresos por 10.6 billones de pesos, que representan un incremento del 4.3 por ciento respecto a 2026.
Más del 58 por ciento provendrá de impuestos, lo que confirma el peso de la recaudación en las finanzas nacionales. El financiamiento pierde participación, mientras que la deuda neta se mantiene en un nivel del 55.8 por ciento del PIB en 2027. Se trata de un equilibrio delicado que exige prudencia y responsabilidad.
La polémica forma parte de la democracia. La oposición tiene derecho a cuestionar las decisiones del gobierno y nosotros tenemos la obligación de responder con argumentos. Lo que no se puede aceptar es que se califique al Paquete Económico como irresponsable, cuando lo que busca es anticiparse a los problemas, reconocer las dificultades de los ingresos públicos y plantear medidas concretas para enfrentarlas.
La palabra “regularización” despierta suspicacias, pero debe tomarse en cuenta que miles de contribuyentes acumulan adeudos, los cuales, si no se resuelven, pueden convertirse en litigios costosos tanto para el Estado como para quienes deben. Al eliminar multas y recargos, abrimos una vía para recuperar recursos que de otro modo podrían permanecer estáticos durante años.
La presidenta expresó con claridad que necesitamos un Estado fuerte, con capacidad para financiar el desarrollo sin imponer nuevas cargas tributarias a las familias. El Paquete Económico 2027 responde a esa visión. En la Cámara de Diputados hicimos ya lo que nos corresponde; ahora toca al Senado continuar con el proceso.
El debate seguirá. Habrá quienes insistan en que se trata de un perdón al empresariado y quienes sostengan que debieron crearse nuevos impuestos. Pero lo cierto es que este paquete económico fortalece la recaudación, respalda a las pequeñas y medianas empresas, combate la evasión y procura mantener la estabilidad fiscal.
La política económica también se mide en la confianza que inspira. México necesita la certeza de que el Estado podrá cumplir sus obligaciones, atender las necesidades de la población y sostener el desarrollo sin comprometer el futuro. Ese es el propósito del Paquete Económico 2027 y esa es, ante todo, nuestra responsabilidad frente al pueblo.
X: @RicardoMonrealA
