Congresos anómalos
En su definición más simple, una anomalía hace referencia a una desviación de lo que se pensaba era previsible. En este sentido, si hoy se consultan los pronósticos que analistas, medios de comunicación, autoridades y cualquier persona realizaron en 2019 sobre cuál sería el desenvolvimiento de 2020 en materia económica, política, social u otra, nos daríamos cuenta de que este año se encuentra fuera de los parámetros de lo que podría ser considerado como normal.
La desviación de que lo que para la mayoría de las personas que integran la sociedad era previsible se ha reflejado sobre todo en la modificación de hábitos y de estilo de vida, pero también en cambios acelerados implementados por los gobiernos para administrar los asuntos públicos, los cuales no pueden ser detenidos, pero al mismo tiempo deben proteger la vida: un equilibrio que aún casi después de un año de haber convivido con la pandemia resulta complejo de lograr.
Uno de los ejemplos más claros de esta dificultad es Dinamarca. Al inicio de la pandemia, el país escandinavo fue una de las referencias de buenas prácticas sobre cómo se debía manejar una situación que para todos los países era desconocida, incluido el funcionamiento de los órganos públicos. Sin embargo, la semana pasada el Parlamento danés tuvo que suspender las votaciones después de que seis de sus integrantes y seis ministros dieran positivo por COVID-19. Esto sucedió paralelamente al registro máximo de nuevos casos diarios de coronavirus en ese país, situación que, en conjunto con una potencial parálisis legislativa que impida implementar medidas de contención, ha generado un notorio malestar social.
Pero el Parlamento danés no es la excepción, sino la regla de lo que ha sucedido este año con los congresos alrededor del mundo, los cuales han tenido periodos legislativos anómalos. Precisamente, para tratar de reducir la desviación de la habitualidad legislativa, algunos parlamentos decidieron implementar medidas que permitieran llevar a cabo sesiones a distancia, para evitar que sus labores se paralizaran.
En Ecuador, por ejemplo, la Asamblea Nacional modificó su reglamento interior para permitir la celebración de sesiones plenarias virtuales, votación de manera remota y que las sesiones continuaran siendo transmitidas en vivo. En Colombia, hace un mes, el Senado aprobó el proyecto de ley para reglamentar las sesiones no presenciales y mixtas del Congreso. Igualmente, en Honduras, el Congreso aprobó una resolución para autorizar la realización de reuniones virtuales del Pleno, la Junta Directiva y las comisiones legislativas.
En México, como en la mayoría de los países, la actividad legislativa estatal y federal fue declarada como prioritaria al inicio de la pandemia, junto con otros sectores que sin duda son indispensables. Por esta razón, en el Senado de la República se tomaron las medidas necesarias y mandatadas por la autoridad sanitaria para que las y los legisladores pudieran continuar con los trabajos parlamentarios, privilegiando la integridad de las personas que acuden a las instalaciones.
Como parte de estas medidas, se redujo el número de reuniones y actos presenciales, que fueron sustituidos por encuentros a distancia. Sin embargo, la potencial permanencia del coronavirus hasta que la vacuna pueda ser distribuida, obliga a profundizar y formalizar estos mecanismos, para evitar así escenarios como el que actualmente enfrenta el Parlamento danés.
La semana pasada, el Pleno del Senado mexicano aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la implementación de sesiones extraordinarias a distancia, y la misma modalidad para reuniones de la Mesa Directiva y comisiones, así como comparecencias de personas funcionarias públicas, sin que esto implique la suspensión de las sesiones presenciales, las cuales también cuentan con lineamientos de salubridad claros, establecidos en el acuerdo. Este mecanismo permitirá hacer frente a posibles situaciones de mayor emergencia, sin detener los trabajos legislativos.
La tecnología ha sido clave para afrontar los retos que plantea la nueva normalidad. En México, la continuidad del sistema educativo ha descansado en gran medida en las plataformas digitales, permitiendo que la educación de niñas, niños y jóvenes no se vea interrumpida o frenada por los riesgos que la COVID-19 implica. De igual modo, millones de trabajadores y trabajadoras han podido mantener sus puestos gracias al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
En este contexto, es igualmente importante que se generen las condiciones legales necesarias para que la administración pública, ahora y en un futuro, cuente con las herramientas necesarias para realizar su trabajo incluso bajo situaciones de riesgo.
La nueva normalidad que ha generado la pandemia implica modificar el rumbo de vida al que las sociedades estaban habituadas. En este sentido, se debe reconocer la voluntad de todos los grupos políticos en el Senado de la República, que ha permitido la creación de mecanismos que, por un lado, aseguren la continuidad del trabajo legislativo, en tanto actividad esencial y, por el otro, que sean responsables con la integridad, la vida y la salud de las personas.
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