Reformas al sistema financiero
Desde el inicio de la actual Legislatura, la mayoría parlamentaria del Senado de la República ha planteado diversas iniciativas para generar mejores condiciones que protejan los derechos de las personas usuarias del sistema financiero mexicano. Las respuestas ciudadanas a cada una de estas iniciativas han sido siempre enérgicas y favorables, probando la exigencia social para que se reforme este sector y se corrijan potenciales desviaciones que representan pérdidas monetarias para la población.
Esta necesidad se ha hecho más notoria durante la pandemia, pues en un país en el que gran cantidad de personas viven al día, resulta sumamente importante que el Estado pueda crear las condiciones adecuadas para que las y los mexicanos puedan generar ahorros y sobre todo incrementar su poder adquisitivo. En este sentido, recientemente en el Senado de la República se han propuesto dos iniciativas de reformas al sistema financiero, que buscan impactar de manera inmediata en la economía familiar.
La primera está orientada a establecer regulaciones claras sobre la manera en que las instituciones bancarias ofrecen diversos productos o solicitan donaciones a través de los cajeros automáticos. La introducción de estas máquinas revolucionó los sistemas financieros, al optimizar el tiempo y disminuir las dificultades para realizar ciertas operaciones. Sin embargo, estas herramientas también han tenido usos inadecuados, al ofrecer servicios sin la información suficiente o generando condiciones que inducen a su selección involuntaria.
En lo personal, recuerdo una ocasión en la que por error acepté adquirir un producto financiero al utilizar un cajero automático. El proceso de obtención fue sumamente sencillo, pero cancelarlo tomó al menos un par de meses, tiempo en el que se generaron cargos que no fueron devueltos. Esta situación es recurrente, y debido a ella muchas personas usuarias han contratado productos financieros por ese medio, no necesariamente bajo las mejores condiciones, pues la inmediatez de la decisión limita de manera considerable la información disponible.
Para que esto deje de suceder, se ha propuesto modificar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de establecer que las entidades financieras que operen cajeros automáticos tengan prohibido ofrecer cualquier servicio financiero a través de éstos, salvo que cuenten con el consentimiento expreso e informado de sus clientes.
La segunda propuesta busca mejorar las condiciones del flujo de divisas en México. Actualmente, dentro del sistema financiero mexicano resulta sumamente complejo que las instituciones de crédito puedan administrar y disponer de dólares, por las dificultades existentes para que el excedente de esta divisa en el sistema pueda ser canalizado o utilizado de alguna manera.
Lo anterior se debe en gran medida a que, desde 2012, en Estados Unidos se endurecieron las restricciones de las operaciones con dólares desde y hacia su territorio, buscando combatir las realizadas con recursos de procedencia ilícita. Esto provocó que se volvieran más complejas las operaciones con esa moneda a cargo de instituciones de crédito desde otros países —incluido México—, al ser producto de sanciones significativas, lo cual generó una alta concentración de dólares en nuestra nación, los cuales no pueden ser colocados en el mercado ni repatriados a la Unión Americana.
Estas complejidades, que surgen a partir de dificultades del sistema financiero mundial, repercuten directamente en la población más vulnerable. Por ejemplo, esa distorsión en el mercado impide que una persona migrante que regresa a México con dólares en efectivo obtenga un precio justo en pesos en el intercambio de divisas. Esto también ocurre con comercios que deben hacer transacciones en dólares en efectivo y que ven restringida esta capacidad por las limitaciones de captación y distribución de dólares del sistema financiero mexicano.
Con esto en mente, en la Cámara Alta se ha presentado una iniciativa para reformar la Ley del Banco de México, para que el excedente del efectivo de otras divisas que capten las instituciones de crédito, y que no pueda ser repatriado a su país de origen, sea susceptible de formar parte de la reserva internacional, contemplando siempre los mecanismos necesarios para cumplir con las exigencias de corresponsabilidad en el combate a operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. Esto tendrá el efecto virtuoso de despresurizar el sistema y crear condiciones más favorables para que las instituciones financieras mexicanas puedan tener mayor capacidad de recepción de dólares, lo cual directamente mejoraría las condiciones de cambio para cada persona o comercio que necesite hacer uso en efectivo de esta divisa.
Esther Duflo, la reciente Nobel de Economía, argumenta que la pobreza en los países es un problema tan grande que debe ser atendido con soluciones que generen pequeños cambios positivos que en su conjunto ayudarán a mitigarla en su totalidad. Algo similar sucede con el sistema financiero en México: durante años se generaron condiciones que no favorecieron a las personas usuarias, y que se fueron volviendo más complejas. Lo anterior nos obliga a tomar pequeños pasos, como estas dos iniciativas, para sentar las bases de un sistema financiero más justo, más eficiente y productivo.
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