Colombia: los desafíos del cambio
El 7 de agosto pasado tomó posesión el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Su victoria representa una verdadera alternancia política en el poder después de 200 años de gobiernos conservadores. Su tendencia ideológica, de izquierda, así como sus propuestas de gobierno han generado una gran expectativa en el electorado que votó por él y por su compañera de fórmula, la vicepresidenta Francia Márquez.
Ella es lideresa ambiental, afrocolombiana, madre soltera, abogada y técnica agropecuaria que encarna a las y los nadies, es decir, a personas que han estado marginadas o alejadas de los centros de poder, como las minorías étnicas o la población LGBTTTIQ+, entre otras.
Durante su asunción, el presidente Petro se hizo acompañar de la espada de Simón Bolívar, héroe de la independencia de Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú. El nuevo mandatario afirmó: “Llegar aquí junto a esta espada, para mí es toda una vida, una resistencia. […] Quiero que nunca más esté enterrada, retenida y que solo se envaine —como dijo su dueño, el libertador— cuando haya justicia en este país. Que sea del pueblo, es la espada del pueblo”.[1]
La gran aprobación ciudadana con que cuenta el presidente Petro al inicio de su gobierno (un 62 por ciento, en un país de poco más de 50 millones de habitantes) le brinda un margen de acción insustituible para llevar a cabo sus propuestas y reformas estructurales. Sin embargo, algunos retos, como el cambio político y social, la lucha contra la desigualdad y la consolidación de la paz en el país andino, son desafíos que no se vislumbran de sencilla resolución, aunque tampoco de imposible concreción.
Para comprender mejor lo que significa esta alternancia política es interesante reflexionar sobre el estado de las cosas que prevalece en el país, las resistencias y los límites que podría tener ese cambio en una nación lastimada por la violencia, la desigualdad, la corrupción y la concentración de la riqueza y de la tierra en pocas manos. Posteriormente, se explicarán las propuestas y acciones del nuevo gobierno ante estos desafíos.
El país que recibe el presidente Petro
Uno de los problemas estructurales que ha padecido Colombia es la desigualdad. El informe del Banco Mundial (BM) Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia[2] (2021) señala que el país andino es uno de los más desiguales a nivel mundial, además de que, en materia de ingresos, la desigualdad es la más alta entre los países miembros de la Organización para al Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la segunda más alta entre 18 países de América Latina, después de Brasil.
En términos de empleo, y de acuerdo también con el BM, sólo el 40 por ciento de la población posee un trabajo formal, una de las tasas más bajas de Latinoamérica.
En relación con la concentración de la tierra, cabe señalar que el uno por ciento de habitantes ocupa el 81 por ciento de ésta. Además, un 28 por ciento de las superficies cultivables del país no son productivas, lo que hace que alrededor del 30 por ciento de los alimentos que consume Colombia sean importados, debido, en parte, a latifundios en donde no se explota todo el potencial del terreno.
Asimismo, y de acuerdo con proyecciones del Banco de la República de ese país, la tasa de desempleo se mantendrá este año entre el 10.5 y el 13 por ciento; la inflación ha alcanzado el 9.6 por ciento en los últimos 12 meses, mientras que la pobreza alcanza al 39 por ciento de la población. Las autoridades entrantes estiman un déficit fiscal del 5.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, al tiempo que la deuda pública ronda el 56.5 por ciento del PIB. A esto se agrega que el 10 por ciento de la población concentra el 70 por ciento de la riqueza producida en aquella nación, lo cual, señaló el jefe de Estado, no aporta a la paz, es un despropósito y una amoralidad.
La violencia es otro de los problemas heredados al gobierno del presidente Petro. El conflicto armado interno que padece Colombia ha dejado por lo menos 450 mil personas fallecidas entre 1985 y 2018,[3] además de 10 mil desaparecidas, 16 mil niñas y niños reclutados, 50 mil personas secuestradas y miles de mujeres víctimas de violencia sexual.[4] En el informe “Plomo es lo que hay” se explica que en los últimos cuatro años se fortalecieron y expandieron grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, así como fracciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El documento establece que la presencia de estos grupos abarca el 37 por ciento del territorio del país andino.[5]
Los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos es otro tema que deriva de la violencia que ha vivido Colombia durante muchos años. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, desde septiembre de 2016 y hasta agosto de 2022, 1,341 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinados, mientras que en lo que va de este 2022 y hasta el 7 de agosto pasado, sumaban ya 114.
El narcotráfico, otra de las dificultades heredadas al Gobierno entrante, ha sido combatido desde un enfoque más bien militarista, tanto en ese país como en otras naciones de América Latina, lo cual, de acuerdo con el presidente Petro, fracasó, ya que por ahora deja un millón de personas latinoamericanas asesinadas durante 40 años, así como 70 mil estadounidenses que fallecieron por sobredosis cada año. Agregó el titular del Ejecutivo que la guerra contra las drogas fortaleció a las mafias y debilitó a los Estados.[6]
Otro desafío que enfrenta el primer mandatario es el de unir e incluir a las diversas fuerzas políticas y sociales de Colombia a su proyecto de gobierno. Ello ha sido una asignatura que el mismo jefe de Estado abordó incluso antes de tomar protesta como presidente. Una parte de la clase política y empresarial, en mucho desconfiada de un gobierno de izquierda, ha expresado recelo por las posibles políticas públicas y económicas que busca desarrollar el actual mandatario. Sin embargo, éste se pronuncia por el capitalismo democrático,[7] e incluso afirmó que en su gobierno no se perseguirá a la oposición sino que, por el contrario, la idea es trabajar en conjunto por el bien del país.
La inclusión social de los grupos y minorías colombianos es otro pendiente que deberá afrontar el nuevo gobierno. Estos sectores han padecido de clasismo, racismo e indiferencia desde el poder y las oligarquías económicas, terratenientes y sociales. De acuerdo con la organización de la sociedad civil Caribe Afirmativo, la cual trabaja por la igualdad de la población diversa colombiana, tan sólo en 2021 la Fiscalía de ese país registró 254 asesinatos presuntamente motivados por temas de orientación sexual, identidad o expresión de género.[8]
La transición energética es un reto más que afrontará el presidente Petro, a fin de combatir el cambio climático, dejar atrás la dependencia exclusiva del modelo extractivista y reducir la dependencia del petróleo, el cual aporta el 3.3 por ciento del PIB nacional.[9]
En política internacional, una de las cuestiones pendientes heredadas de la pasada administración es el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, las cuales quedaron rotas en 2019, cuando el Gobierno del expresidente Duque respaldó y reconoció a Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente de Venezuela, además de que el mismo exmandatario colombiano “lo recibió en Cúcuta para acompañarlo en su intento fallido de ingresar supuesta “ayuda humanitaria” a Venezuela”.[10]
Este rompimiento de relaciones ha afectado a cerca de cuatro millones de colombianas y colombianos que vivían del comercio entre ambos países. Con el cierre de la frontera de más de 2,000 kilómetros, el intercambio comercial decayó de 3,500 millones a 150 millones de dólares estadounidenses.
Cabe recordar que el expresidente colombiano Duque señaló que el presidente Maduro otorgaba refugio a disidentes de las extintas FARC y a grupos relacionados con la droga, lo cual negó el mandatario venezolano, denunciando además conspiraciones del Gobierno colombiano para derrocarlo o incluso asesinarlo.
Por tanto, las relaciones con Venezuela son una de las prioridades del nuevo Gobierno en política exterior. En ese sentido, el primer mandatario colombiano nombró, el 11 de agosto pasado, al exsenador Armando Benedetti como embajador en aquella nación. Por su parte, el presidente Maduro había anunciado ya también la designación de su excanciller Félix Placencia como embajador en Colombia.
El presidente Petro señaló que se buscará normalizar las relaciones entre los dos países, restablecer la institucionalidad que existía décadas antes, garantizar las libertades y lograr que entre Colombia y Venezuela se pueda construir riqueza para ambos pueblos. El presidente Maduro, por su parte, expresó que se seguirá paso a paso avanzando en el restablecimiento y la reconstrucción de las relaciones políticas y comerciales colombo-venezolanas.
En relación con el tema migratorio entre Venezuela y Colombia, y de acuerdo con Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, el presidente Petro tendrá el desafío de la integración migratoria, ya que, según datos oficiales, alrededor de 2 millones 477 mil 588 personas venezolanas han salido de su país en los últimos años; cuentan con un permiso temporal de protección que les da acceso a salud, banca y trabajo formal, y que les brinda como plazo hasta 2031 para obtener una visa de residencia.
Esa integración migratoria pasa por la implementación de políticas que les faciliten el referido acceso al trabajo y a la vivienda en igualdad de condiciones, de acuerdo con Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela.[11]
En este contexto, el Gobierno colombiano también decidió restablecer, recientemente, relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, suspendidas desde 2001.
Con la Unión Americana, el nuevo embajador colombiano, Luis Gilberto Murillo, tendrá entre otras misiones promover la revisión del Tratado de Libre Comercio bilateral colombo-estadounidense, buscar cambios de fondo a la política antinarcóticos, así como allegarse del apoyo estadounidense para implementar el Acuerdo de Paz de 2016, y para desactivar a grupos armados que se encuentran fuera de la ley.[12]
Las propuestas y acciones del gobierno de Petro
El primer mandatario colombiano se comprometió a impulsar una agenda con gran contenido social para combatir la desigualdad y la pobreza, así como para reducir la brecha económica y social que prevalece en el país. El financiamiento de estos desafíos es entonces la cuestión central para abordarlos. Por ello, el jefe del Ejecutivo envió ya al Congreso una reforma fiscal para financiar programas sociales relacionados con educación universitaria gratuita, un plan contra el hambre, el fortalecimiento del sistema público de salud y subsidios a personas mayores que no tiene pensión, entre otros.
Esa reforma fiscal significa recaudar 26 billones de pesos colombianos adicionales en 2023, es decir, el 1.78 por ciento del PIB, alrededor de 6 mil millones de dólares estadounidenses.[13] En concreto, se trata de cinco puntos para aumentar la recaudación tributaria:
- Un impuesto a las personas que reciben más de 10 millones de pesos colombianos (alrededor de 2 mil 325 dólares estadounidenses), el cual se aplicará también a personas que reciban pensiones arriba de esta cantidad;
- Lucha contra la elusión y la evasión fiscal;
- Un impuesto a los sectores de petróleo, carbón y oro, para que una parte de esa ganancia de altos precios internacionales se recupere para el Estado;
- Un impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos, y
- Un impuesto al carbono, a fin de cobrar mayor conciencia de los costos sociales de la emisión de gases de efecto invernadero, debido al consumo de los combustibles fósiles asociado al desarrollo de la actividad económica del país.[14]
Por otra parte, el presidente Petro convocó a un gran Acuerdo Nacional, el cual echó a andar desde el primer día de su gobierno. Se trata de un diálogo para buscar consensos en temas como la lucha contra el hambre; las reformas tributaria, al sistema de salud, y de pensiones; la implementación de la paz, así como mitigar el ambiente de polarización que prevalece en Colombia. El objetivo es generar gobernabilidad a nivel nacional y en el Congreso, para lograr acuerdos en los proyectos de ley que interesen a la nación.
El jefe del Ejecutivo colombiano señaló que el Acuerdo debe incluir no simplemente a quienes han levantado las armas, sino a esa mayoría silenciosa del campesinado, indígenas mujeres, jóvenes, y a la oposición, a la cual le ha asegurado que siempre será bienvenida en la Casa de Nariño (residencia oficial y sede de trabajo del presidente de la República).
Cabe recordar, en este sentido, que el jefe de Estado colombiano logró consensos con partidos como el Liberal y el Conservador, de ideología opuesta. Incluso invitó al excandidato presidencial Rodolfo Hernández a formar parte de su propuesta de Acuerdo Nacional. Asimismo, el 29 de junio de 2022 se reunió para dialogar con el expresidente Álvaro Uribe, uno de sus más agudos críticos y figura central de los últimos años en la política de aquella nación.
El presidente Petro también propuso un diálogo social para enriquecer el Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026), en el que la ciudadanía juegue un papel fundamental desde el inicio de su administración. Esto significa, como lo señaló, que el pueblo tenga una capacidad de decisión, que es en realidad el concepto central de una democracia. Agregó que se busca que en los próximos cuatro años la sociedad tenga la capacidad de incidir en los artículos de la ley y en la distribución de los dineros públicos.
Otra de las grandes apuestas del nuevo presidente es la llamada “paz total”, la cual conlleva entre sus objetivos el sometimiento a la justicia de los grupos del crimen organizado que obtienen recursos del narcotráfico, como por ejemplo el Clan del Golfo. De igual manera, implica retomar el diálogo interrumpido en 2019 con el ELN, debido al ataque de este grupo armado contra la Escuela de Cadetes de la Policía de Bogotá, que dejó 22 muertos. También incluye cumplir e implementar de manera óptima el Acuerdo de Paz, suscrito en 2016 por el Estado colombiano y las extintas FARC. El mandatario expresó en su toma de posesión: “Convocamos [a los grupos armados] a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia […]”.[15]
La “paz total” pasa también por seguir las recomendaciones del informe final “Hay futuro si hay verdad”, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia (CEV), publicado en junio pasado. Se trata de una institución autónoma, surgida del Acuerdo de Paz.
Algunas de las conclusiones del informe son:
- El narcotráfico ha sido financiador del conflicto, y una arraigada industria que permeó el sistema político y la economía;
- El conflicto no sólo tuvo causas armadas, sino también no armadas, parte de un entramado económico, social y político e incluso cultural que fomentaron el alzamiento en armas de campesinos y lideres políticos excluidos;
- El modelo económico neoliberal que se estableció durante décadas, en especial después de los años 90, fomentó la exclusión y la desigualdad;
- El modelo de seguridad del Estado, en parte financiado por Estados Unidos e ideado en el marco de la guerra contra las drogas, puso a las Fuerzas Armadas en “modo guerra”. Ello impidió abordar el conflicto como un complejo proceso histórico en el que el Estado desempeñó, también, un papel como victimario;
- La exclusión no sólo fue económica: los patrones de discriminación racial, étnica, cultural y de género desempeñaron un rol crucial en la persistencia del conflicto, y
- El Estado desprotegió regiones y poblaciones vulnerables, sobre todo a jóvenes que, ante la crisis económica y las lógicas de guerra presentes en sus territorios, se vieron obligados a entrar a los grupos armados como una forma de vida posible.[16]
En lo que se refiere a las políticas de no discriminación se espera, por ejemplo, que el Gobierno actual active el Plan de Acción de la Política Pública LGBT, detenido desde 2018. Ello implicaría acciones integrales para proteger a las personas trans; crear la Mesa de Casos Urgentes, que investigará y prevendrá la violencia contra las personas LGBTTTIQ+; implementar un plan de acceso diferencial para prevenir y atender el VIH, así como prohibir las terapias de conversión, entre otras medidas.[17]
La transición energética también es un tópico que el nuevo Gobierno busca impulsar, no sólo promoviendo y democratizando el uso de energías limpias para enfrentar el cambio climático, sino también no emitiendo nuevas licencias de explotación petrolera. Además, recientemente, un grupo de congresistas presentó un proyecto de ley que busca prohibir la fracturación hidráulica, o fracking, para obtener petróleo o gas natural, y fue respaldado por la administración del presidente Petro.
La reforma agraria es un tema que el nuevo Ejecutivo abordará por medio de una reforma rural integral, que significa un cambio del sistema agrario, el cual otorgará tierra a los campesinos que no la poseen, además de que el Estado apoyará el desarrollo del campo. Asimismo, el Gobierno colombiano enviará una comunicación al Sistema de las Naciones Unidas para adoptar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.
Con respecto al cambio de estrategia de lucha contra las drogas, el presidente Petro propuso una nueva Convención Internacional que acepte que la guerra contra las drogas fracasó.
Sin duda, el estado en que recibe el país el presidente Petro deja ver que hay mucho por hacer para combatir la desigualdad, la pobreza, la discriminación de las minorías, la corrupción, generar condiciones para recuperar la paz, instrumentar reformas como la fiscal, la agraria, la del sistema de salud, lograr la transición energética y desplegar una diplomacia multilateral que tenga como principios rectores la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
El nuevo mandatario colombiano tiene ante sí el gran desafío de buscar avanzar lo más posible en la transformación, para bien, de un statu quo generado desde hace 200 años. Afortunadamente, la mayoría del pueblo del país andino estará con él para apoyarlo en este camino de cambio.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
Fuentes
[1] AFP y AP, “La espada de Bolívar, el símbolo que puso en discordia la asunción de Petro en Colombia”. Milenio (7 de agosto, 2022), sec. Mundo, Latinoamérica [En línea]: https://bit.ly/3AnBbGw [Consulta: 14 de agosto, 2022].
[2] Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-Banco Mundial, Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia. Banco Mundial, Washington D.C., 2021 [En línea]: https://bit.ly/3AliJi2 [Consulta: 15 de agosto, 2022].
[3] Nathali Gómez, “Los 11 principales desafíos que afrontará Petro en la Colombia del postconflicto (o la pesada herencia del uribismo)”. RT (20 de junio, 2022) [En línea]: https://bit.ly/3Prgmyz [Consulta: 15 de agosto, 2022].
[4] EFE, “Muestran en Chile el informe de la Comisión de la Verdad sobre le conflicto colombiano”. EFE (5 de agosto, 2022), sec. Sociedad, ed. América [En línea]: https://bit.ly/3QOSMg5 [Consulta: 16 de agosto, 2022].
[5] N. Gómez, op. cit.
[6] Infobae, “‘La paz es posible si cambiamos la política contra las drogas, porque la guerra en su contra fracasó’: Gustavo Petro”. Infobae (7 de agosto, 2022), sec. Colombia [En línea]: https://bit.ly/3zY0cXB [Consulta: 16 de agosto, 2022].
[7] “[El capitalismo democrático] implica una resignificación de las prioridades con miras a desarrollar la capacidad productiva de Colombia por medio de ‘la ausencia de monopolios, el respeto a la naturaleza y a la dignidad de las personas trabajadoras’” (Daniel Salazar Castellanos, “Capitalismo democrático: ¿en qué consiste el modelo que Petro quiere para Colombia?”. Bloomberg Línea (29 de junio, 2022), sec. Economía [En línea]: https://bit.ly/3dDfxoN [Consulta: 19 de agosto, 2022]).
[8] Carlos Mayorga Alejo y Laura Rodríguez Salamanca, “Los retos de Petro y Márquez para hacer de Colombia una “‘potencia mundial de la vida’”. Distintas Latitudes (8 de agosto, 2022), sec. Explicadores [En línea]: https://bit.ly/3QMKDZK [Consulta: 17 de agosto, 2022].
[9] Santiago Torrado, “Las propuestas económicas de Gustavo Petro: transición energética y reforma tributaria”. El País (19 de junio, 2022), sec. Elecciones Colombia 2022, ed. América-México [En línea]: https://bit.ly/3Aoo5Jj [Consulta: 17 de agosto, 2022].
[10] N. Gómez, op. cit.
[11] C. Mayorga Alejo y L. Rodríguez Salamanca, op. cit.
[12] Fernando Millán, “Los retos que le esperan al nuevo presidente de Colombia”. Al Día News (5 de agosto, 2022) [En línea]: https://bit.ly/3QuT5wS [Consulta: 19 de agosto, 2022].
[13] Juan Esteban Lewin, “El Gobierno de Petro presenta la reforma tributaria en su primer día”. El País (8 de agosto, 2022), sec. América Colombia, ed. América-México [En línea]: https://bit.ly/3zVSKfD [Consulta: 18 de agosto, 2022].
[14] EFE, “Gobierno de Petro presenta millonaria reforma tributaria para igualdad social”. swissinfo.ch (8 de agosto, 2022), ed. Español [En línea]: https://bit.ly/3AnAA7S [Consulta: 17 de agosto, 2022].
[15] RT, “Gustavo Petro: ‘Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva, como nadie, como nunca’”. RT (7 de agosto, 2022) [En línea]: https://bit.ly/3C6lzZv [Consulta: 16 de agosto, 2022].
[16] Redacción, “‘Cómo nos atrevimos a dejar que pasara’: 5 claves del histórico informe de la Comisión de la verdad sobre la guerra en Colombia”. BBC News Mundo (28 de junio, 2022), sec. América Latina [En línea]: https://bbc.in/3CbeTco [Consulta: 18 de agosto, 2022].
[17] C. Mayorga Alejo y L. Rodríguez Salamanca, op. cit.
