Consulta popular: una deuda democrática
En el mundo existen ejemplos de cómo se ha garantizado a la ciudadanía su derecho a ser consultada en temas que afectan la vida en sociedad y el rumbo de las naciones. En Suiza, en 2009, la población participó en un referéndum para decidir si constitucionalmente pudieran o no ser construidos minaretes en las mezquitas de ese país; el resultado en aquella ocasión fue que legalmente se prohibiera la construcción de este importante símbolo para la religión musulmana. Más recientemente —y quizá uno de los casos más emblemáticos de la democracia participativa— las y los ciudadanos del Reino Unido votaron a favor de abandonar la Unión Europea.
Casos como el suizo y el británico, en donde se dio un paso hacia el conservadurismo, muestran que los resultados de la democracia pueden llegar a ser en efecto polémicos y controversiales. Sin embargo, también reflejan que en repetidas ocasiones las políticas dictadas desde el Gobierno hacia la sociedad, sin ningún tipo de consulta, no siempre son afines a la voluntad popular. Ahí radica la importancia de generar los mecanismos para que la ciudadanía participe con mayor intensidad en la toma de decisiones de trascendencia nacional.
En México, bajo la lógica del antiguo régimen, la participación política fue estrictamente limitada a los comicios que se realizaban periódicamente. Y cuando la sociedad organizada logró aglutinar voluntades para exigir a los gobiernos anteriores más apertura y espacios de participación, la represión fue la regla y no la excepción.
De esa manera, durante años, los antiguos gobiernos en México se negaron a escuchar la voz de la ciudadanía, principalmente por el temor de que el pueblo tuviera finalmente el poder de sancionar y castigar las conductas de las y los funcionarios que lastimaron al país. Este caso se ilustra a la perfección al comparar cómo se solucionaban en otras naciones los escándalos de corrupción, en comparación con lo que acontecía en la nuestra.
En Guatemala, en septiembre de 2015, el entonces presidente Otto Pérez Molina renunció a su cargo tras perder su inmunidad por decisión del Congreso, y después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara que se sometiera a prisión preventiva por acusaciones de corrupción. Mientras tanto, en ese mismo periodo de tiempo, en México se descubrió lo que hoy se conoce como la estafa maestra, un esquema de corrupción que, a pesar de haber sido comprobado a través de diversas auditorías e investigaciones periodísticas, no tuvo ninguna consecuencia.
A pesar de las extensas investigaciones y del descontento que el caso generó, no existió ninguna voluntad política para que realmente se impartiera justicia. Si en ese momento se hubiese contado con un mecanismo de consulta popular, mediante el cual la ciudadanía mexicana hubiera podido expresar su sentir y provocar que las instituciones realmente actuaran de manera congruente, es muy probable que el asunto se desahogara de una manera más transparente.
Con ejemplos como éste queda claro que el rumbo que debemos tomar como nación es hacia mecanismos de democracia participativa más accesibles a la ciudadanía, y no generar trámites demasiado complejos que puedan desincentivar la participación, o que sirvan más como contención de la opinión pública que como un medio para escuchar las distintas voces que componen nuestra diversidad política. Por eso, en las cámaras del Congreso de la Unión se están tramitando iniciativas de avanzada para retirar el fuero a quien ocupe la Presidencia de la República y a las y los legisladores federales; también se introdujo la revocación de mandato y se fortaleció el derecho de las personas a ser consultadas sobre proyectos que impacten en su comunidad.
No obstante, la institución de la consulta popular todavía puede ser perfeccionada para cumplir efectivamente con su propósito de conocer la voluntad ciudadana sobre temas concretos, y en ese sentido, el pasado martes en el Senado de la República se admitió una iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional, con tres modificaciones cruciales: reducir el porcentaje de personas peticionarias a la mitad, del dos por ciento al uno por ciento de la lista nominal; reducir al 30 por ciento la exigencia de participantes para que la consulta sea vinculante, y que ésta se pueda realizar una vez al año —durante la jornada electoral cuando sea procedente—, esto último con el objetivo de ahorrar miles de millones de pesos, lo que en tiempos de austeridad y contracción económica debe ser una prioridad.
En México, durante décadas, las instituciones fueron una cortina tras la cual se escondían los abusos que se llevaban a cabo en contra de la sociedad, pero la voluntad política del Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y de quienes lo respaldan ha hecho posible que ahora las voces de las y los mexicanos estén cobrando fuerza y siendo escuchadas. Finalmente, en el cambio de régimen se está cumpliendo con la gran deuda democrática que no había sido saldada por más de un siglo.
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