Democracia sin tanto drama
Dice Boaventura de Sousa que el drama más democrático es el de la falta de democracia. En México, este drama se vivió con intensidad durante la época del partido hegemónico, y solamente se dejó atrás cuando la ciudadanía, y no el gobierno, comenzó a democratizar la democracia a través de la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente, pero en esa ocasión también quedó claro que para dejar atrás el drama democrático sería preciso realizar cambios institucionales profundos.
En 2017, María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, anunció su intención de convertirse en la primera candidata indígena independiente que contendiera por la Presidencia. Su esfuerzo por conseguir las 800 mil firmas necesarias fue encomiable, y si no se logró fue por la desigualdad intrínseca en nuestro sistema, que durante años maniató el desarrollo democrático en el país.
Si Marichuy no alcanzó el número de firmas no fue por carecer de ese número de simpatizantes, sino por la rigidez excluyente del INE, el cual decidió que todas las firmas deberían ser recolectadas mediante una aplicación diseñada para teléfonos celulares, difícilmente asequibles para un gran segmento de la población.
Es decir, de entrada, el sistema democrático fue discriminatorio con aquellas personas que simpatizaban con ese proyecto, pero no contaban con los medios necesarios para expresarlo y, a pesar de ello, Marichuy y su equipo lograron que el 94 por ciento de las firmas fueran validadas, un porcentaje mucho mayor que el de quienes sí consiguieron una candidatura independiente.
Tres años después, el mismo INE se niega a entender que la democracia no es sólo para un sector de la sociedad, sino para todas y todos los mexicanos, independientemente de su condición socioeconómica.
Excediendo las facultades que la Constitución le confiere en su artículo 35 en materia de revocación de mandato, y faltando a su obligación de asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-electorales, el INE creó un régimen de excepción para únicamente recabar en medios impresos las firmas de la solicitud de este mecanismo democrático para los 204 municipios identificados como de muy alta marginación, estableciendo como regla general la recopilación en formato digital mediante la aplicación, por lo que MORENA impugnó la medida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que recientemente ordenó al Instituto aceptar las firmas en formato impreso en todo el país.
¿Por qué el INE emitiría lineamientos estableciendo restricciones injustificadas para llevar a cabo por primera vez una consulta de revocación de mandato, sabiendo que el TEPJF ordenaría su modificación? ¿Por qué aferrarse a las mismas prácticas que en el pasado han dinamitado las posibilidades de contar con una democracia sin dramas?
Si el órgano electoral no trasciende su visión de una democracia oficialista a una de carácter ciudadano, no podremos seguir avanzando como nación en el restablecimiento de los lazos de confianza entre el pueblo y las instituciones. La reforma constitucional en materia político-electoral que próximamente se discutirá en el Congreso debe responder a la necesidad de fortalecer la imparcialidad en los mecanismos democráticos que están transformando nuestra vida pública.
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