El Congreso en 2021
Como lo establece nuestra Constitución federal, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, es decir, de sus instituciones. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que las funciones de éstas se ejecutan mediante las facultades de las y los servidores públicos, por lo que la votación y la elección de representantes populares están íntimamente ligadas con el rumbo de todo México. Y los comicios del próximo año serán especialmente relevantes para el Poder Legislativo, pues se renovará por completo la Cámara de Diputados y los congresos locales de 30 entidades federativas.
Con la victoria electoral de 2018 que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el movimiento de transformación logró mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión, y ello permitió una colaboración interinstitucional basada en el respeto, la autonomía y el compromiso con el pueblo de México, que hizo posible sentar las bases del cambio.
Debido a que las senadoras y los senadores duran en su cargo dos legislaturas, es decir, seis años, la conformación actual de la Cámara Alta permanecerá igual hasta 2024. Caso contrario el de la Cámara de Diputados, que renovará sus quinientas curules en 2021, lo que generará nuevas fuerzas políticas, alianzas y acuerdos, que dependerán del sufragio de la ciudadanía entre dos proyectos claramente distintos y en oposición. Por un lado, seguir adelante con la transformación y la reconstrucción del Estado de bienestar, y por otro, el regreso al viejo régimen de privilegios, complicidades y corrupción.
Y precisamente una de las mayores implicaciones de los comicios de 2021 tiene que ver con la facultad exclusiva de las y los diputados federales para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde se incluyen las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura.
Aunque existe una pluralidad de partidos, la masiva participación política de 2018 a favor de la coalición Juntos Haremos Historia, sin duda impulsada por la figura de AMLO como candidato presidencial, obligó al conservadurismo a reagruparse y dejar de lado las apariencias, para ofrecer la mayor resistencia posible al cambio, entre la cual es crucial la relativa a la mencionada aprobación del gasto público, por lo que la integración de la LXV Legislatura es estratégica para el futuro de nuestra patria.
Además, de la próxima conformación de la Cámara de Diputados y de los congresos estatales depende también que prospere una larga agenda legislativa que tenemos pendiente para seguir edificando la transformación sobre las bases que se asentaron en los primeros años del nuevo gobierno, especialmente las reformas profundas que modifican nuestra Constitución, como el derecho de las personas con discapacidad a recibir apoyos económicos por parte del Estado, la prohibición de condonar impuestos, y la creación de mecanismos de democracia participativa, como la revocación de mandato y la consulta popular, que no habrían sido posibles sin la aprobación de la mayoría de los legislativos locales, que salvo el caso de Coahuila y Quintana Roo, estarán en juego el próximo año.
Del mismo modo, depende de los próximos comicios poder solventar el rezago legislativo que ocasionó el control político del conservadurismo sobre los congresos locales, que aprobaba reformas por encargo de las élites o que incluso eran diseñadas desde el extranjero. Con lo importante que resulta el fortalecimiento del Estado de bienestar, sobre todo en el contexto de la pandemia de COVID-19, todas y todos estamos convocados a actuar con responsabilidad y optimismo en el futuro.
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