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Vacunas COVID-19: ¿bienes de la humanidad?

La pandemia de COVID-19 no ha cesado, mundialmente se registran más de 16 millones de contagios y 650 mil decesos. Maximizar y acelerar el desarrollo de una vacuna contra el virus SARS-CoV-2 se torna imperioso; sin embargo, la carrera por ésta engloba una serie de escenarios y variables que ponen sobre la mesa intereses más allá de la salud.

La urgencia es tal que, el pasado 21 de julio, la Subcomisión de Supervisión e Investigaciones de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos recibió en audiencia a las compañías farmacéuticas y de biotecnología que desarrollan la posible cura: Pfizer, AstraZeneca, BioNTech y CanSino, las cuales argumentan que podría estar lista el próximo mes de septiembre. De concretarse, haría de esta vacuna la registrada en menor tiempo, relevando a aquella que contra las paperas se procesó en cuatro años.

La necesidad de contener la pandemia ha llevado a estas empresas a combinar fases para acortar los tiempos de prueba. Sin embargo, el solo hecho de su descubrimiento y producción no deja de lado los enormes retos de fabricación y distribución, ya que satisfacer la demanda global será en sí mismo un notable desafío. En este sentido, no son mínimos ninguna variable, ningún aspecto por considerar en la cadena de suministro.[1]

Actualmente, se desarrollan más de 150 vacunas en todo el mundo, y cerca de una veintena se están probando, en fases preliminares, en personas. Sin embargo, existe ya una brecha en cuanto a quiénes podrán tener acceso. Tan solo el Gobierno estadounidense tiene acuerdos por más de 4,750 millones de dólares con distintas farmacéuticas para la producción de más de 400 millones de dosis (entiendo que solo con Pfizer el acuerdo es por 600 millones de dosis. Checas las cifras?) que serían distribuidas de manera gratuita entre sus ciudadanas y ciudadanos.

Ante esto, el denominado “nacionalismo de la vacuna”, es decir, la restricción de la distribución más allá del territorio y la garantía de suficientes suministros, sólo lo podrán lograr ciertos países. La realidad es que, sin un acceso equitativo a la vacuna, la pandemia seguirá cobrando vidas en los países menos desarrollados. Una variable más: la estrategia de vacunación, es decir, quiénes serán los primeros en recibirla: ¿el personal sanitario de primera línea, los grupos de riesgo, los niños y las niñas?

Tampoco se puede dejar de lado el componente económico que conlleva ser la empresa que coloque en el mercado mundial la vacuna contra la COVID-19. No sólo se trata de un logro para la salud, sino también de uno monetario, de prestigio, y un éxito político. Es decir, el país que logre la vacuna confirma sus capacidades como Estado, al tener la infraestructura económica, académica, científica y tecnológica para completar esta tarea, acreditando así su liderazgo. No por nada, Corea del Norte y Rusia se han sumado a la carrera para crear la vacuna, hecho que, en sí mismo, aumenta la tensión geopolítica respecto a un posible ganador.

China, por su parte, ha ofrecido su vacuna a América Latina y el Caribe, como un bien público de acceso universal, mas no gratuito, por lo que se ha comprometido a otorgar un crédito de mil millones de dólares para su adquisición.

 

 

La responsabilidad mundial no sólo recae en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, sino en que nadie se quede atrás, y lograr así la inmunidad global. Las y los líderes del mundo deberán poner en perspectiva que la mejor forma de proteger a la población será garantizando que la cura de la epidemia se aborde a escala global. Así se podrá construir el camino para que la sociedad en general inicie la reapertura y el funcionamiento de manera segura.

Si bien varios gobiernos y organismos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza Global para Vacunas e Inmunización (GAVI) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) se han pronunciado por que la vacuna sea un bien de la humanidad, aún no se determina el plan concreto para que esto sea una realidad. Gobiernos y organizaciones han otorgado fondos para el desarrollo de la vacuna, pero también se requiere conocer, entre otros aspectos, las condiciones de acceso y transparencia de los costos de su producción. Por ello debe ser impostergable el exhorto a un sistema global transparente que garantice su acceso.[2]

Lo enfatizó en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador en la primera reunión virtual del G20: la necesidad de la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para garantizar el acceso a insumos para hacer frente a la pandemia, iniciativa que posteriormente fue aprobada, con el respaldo de 179 países, como resolución de México ante la ONU, para evitar la especulación en medicamentos y equipo médico, así como para garantizar el acceso a las vacunas y evitar una distribución desigual que ahonde la brecha social entre las naciones.

En el mismo tenor, la carta abierta de la organización no gubernamental Oxfam, con la firma de 140 líderes y personas expertas de distintos países, que aboga por una vacuna popular, segura y efectiva disponible para todas las personas de manera gratuita,[3] pondera la propuesta mexicana.

Es decir, la intención ha sido puesta de manifiesto, ahora resta hacerla realidad y con perspectiva de futuro. Esto es, si bien lo apremiante es contener la pandemia de COVID-19 con una vacuna, no hay que perder de vista que no será el único virus que aquejará a la humanidad. De manera paralela, la sociedad global requiere estar preparada, y esto implica contar con la infraestructura multinivel de acceso a la salud pública, a la investigación, formación, desarrollo y cooperación científica y entre naciones, e incluso la importancia de marcos jurídicos sólidos, como lo ha puesto de manifiesto la iniciativa multilateral del Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19,[4] como herramienta para la construcción de leyes que sustenten sistemas de salud duraderos.

La lección que debe prevalecer hacia las futuras crisis sanitarias —en un mundo interconectado, con repercusiones universales—, se tiene que centrar en la necesidad de trabajar en la prevención, y no desbocarnos en la reacción. Sin obviar que, mientras exista una persona que no pueda acceder al sistema de salud público, a medicamentos o a vacunas, nadie estará a salvo.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

 

Fuentes:

[1] OMS. “Intensificar la producción de vacunas”, Boletín de la Organización Mundial de la Salud, volumen 98, número 5, mayo de 2020. Consultado el 26 de julio de 2020 en: https://bit.ly/2DgYIOk

[2] “El mundo logra un acuerdo para que el acceso a la vacuna contra el coronavirus sea ‘equitativo y oportuno’”, Noticias ONU, 19 de mayo de 2020. Consultado el 24 de julio de 2020 en: https://bit.ly/2DbWvE7

[3] Oxfam Internacional. “CARTA ABIERTA: Unidos por una vacuna universal contra el COVID-19”, medium.com, 14 de mayo de 2020. Consultado el 24 de julio de 2020 en: https://bit.ly/2D0hJF9

[4] “El nuevo Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 proporcionará información‎ jurídica clave y apoyo a la respuesta mundial a la COVID-19‎”, OMS, 22 de julio de 2020. Consultado el 27 de julio de 2020 en: https://bit.ly/3082VNv