Juventud, inclusión y cultura en el Senado
En vísperas del final del primer periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, en el Senado de la República seguimos trabajando en favor de la sociedad mexicana, por lo que el pasado martes se aprobaron importantes cambios al sistema jurídico nacional en materia de cultura, salud y juventud, tres temas de suma relevancia para la época actual.
En primer lugar, destaca la aprobación de la nueva Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, cuyo origen fue una iniciativa que presenté junto a la senadora Susana Harp, con el objetivo de evitar que las obras artísticas que producen las personas que integran esos grupos poblacionales sean plagiadas por empresas mexicanas o extranjeras, sin el merecido reconocimiento y pago de derechos. Fue turnada al Ejecutivo para su publicación.
También se modificaron diversos artículos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para incluir la prevención del delito, la paz y la cultura de la legalidad entre los temas que deben abordar los programas y cursos de orientación que se elaboran en coordinación con la administración pública federal, así como para impartir educación financiera en escuelas, centros de trabajo y en el propio Instituto, y para cambiar la selección de quienes integran el Consejo Ciudadano, la cual será pública y se transmitirá por medios digitales. Los cambios fueron enviados a la Cámara de Diputados para su discusión, votación y, en su caso, aprobación.
Otro elemento importante fue la primera lectura del dictamen para reformar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, para prohibir que a las personas con discapacidad les sea negado el aseguramiento. Su origen es una iniciativa que presenté en agosto de 2020, y que se apoya en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, en la cual se establece que la aplicación de los principios constitucionales no se excluye por la naturaleza privada del mencionado contrato.
Éste es un claro ejemplo de la importancia de contar con una legislación robusta en cuanto a la protección de grupos vulnerables, ya que los intereses económicos de las aseguradoras pueden generar mecanismos discriminatorios que prejuzguen la condición de quien solicita el servicio, por lo que las normas deben establecer la obligación de analizar las solicitudes con apego al orden legal y crear productos adecuados para las personas con discapacidad.
Considerando que el próximo 15 de diciembre concluye el primer periodo ordinario de sesiones, y conscientes de la responsabilidad de atender el rezago legislativo, también presenté una iniciativa para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que el Congreso debe aprobar por mandato judicial. En la mayoría parlamentaria del Senado mexicano seguiremos trabajando hasta el último momento para generar los cambios que exige la ciudadanía y continuar el avance de la Cuarta Transformación de nuestra vida pública, en la cual el espíritu de las leyes se nutre directamente de la voluntad popular por un cambio profundo de las instituciones.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
