“Lento y Evasivo”
Podría imputárseles otro delito: traición a la patria, por haber permitido, tolerado y auspiciado una injerencia armada en territorio nacional, causando la muerte de mexicanos y extranjeros.
“Rápido y Furioso” es el nombre de una operación encubierta de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Gobierno de los Estados Unidos de América para introducir de manera ilegal armas de alto calibre a México (más de dos mil rifles de asalto R-15 y AK-47 o “cuernos de chivo”), con el fin de identificar a los compradores y proveedores de la delincuencia organizada en México, y proceder a levantar cargos y judicializar la investigación.
El operativo inició en noviembre de 2009 y fue denunciado públicamente por el agente especial de la ATF, Vince Cefalu, en diciembre de 2010, después de que el agente fronterizo Brian Terry fuese asesinado con una de las armas del operativo “controlado”, causando un escándalo y una investigación en el Congreso estadounidense, que culminó con un juicio legislativo al procurador general de Justicia del gobierno de Barack Obama, Erick Holder.
El caso provocó una serie de renuncias y despidos de agentes y funcionarios de la ATF, del gobierno de Arizona, así como del Departamento de Justicia, dejando abierta una gran incógnita: ¿el gobierno de México supo, consintió y autorizó este operativo?
Desde el primer día del escándalo, el gobierno mexicano buscó deslindarse y hasta protestó de manera airada ante Washington. Sin embargo, siempre hubo dudas de que un operativo de ese tamaño con tal número de funcionarios norteamericanos involucrados, hubiese pasado desapercibido para el gobierno de México, encabezado en ese momento por el presidente Felipe Calderón.
Una década después, empieza aflorar la verdad. El día de ayer, durante la conferencia matutina, el presidente AMLO mostró un memorándum desclasificado del gobierno estadounidense (conseguido a su vez por la periodista Dolia Estévez), en el que se revela que el entonces procurador de México, Eduardo Medina Mora, había sido informado de tal operativo desde 2007, es decir, tres años antes de que estallara el escándalo.
Por documentos de WikiLeaks, por el reporte final que elaboró el Congreso de la Unión Americana y por las investigaciones periodísticas de medios norteamericanos y de nuestro país, en la cadena de mando de oficiales mexicanos participantes se señalan dos nombres clave: el entonces agregado de la PGR en Tucson, Arizona, Carlos Fernando Luque Ordóñez, y el exprocurador Eduardo Medina Mora.
¿Quiénes más podrían estar involucrados? Esto es lo que precisamente se ha intentado investigar desde hace una década, porque al operativo “Rápido y Furioso” en EUA parece haber seguido el operativo “Lento y Evasivo”, para encubrir a funcionarios mexicanos de entonces.
En 2014, el colectivo Desarme México presentó una denuncia ante la hoy extinta PGR para determinar “si funcionarios del gobierno de México participaron en el delito de tráfico de armas y en qué medida”. Exigían que: “en su caso, se les responsabilice de la puesta en peligro de la sociedad al vulnerar la seguridad pública”.
Pero también podría imputárseles otro delito: traición a la patria, por haber permitido, tolerado y auspiciado una injerencia armada en territorio nacional, causando la muerte de mexicanos y extranjeros.
Con la nota diplomática enviada el día de ayer por el gobierno mexicano al de Estados Unidos de América, el operativo de encubrimiento “Lento y Evasivo” podría estar llegando a su fin. Tarde, pero la justicia siempre llega.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
