Nueva normalidad = Estado de bienestar

La “nueva normalidad” implica una nueva moralidad pública, una nueva forma de democracia (participativa directa) y una nueva política económica.

Ayer se inició el retorno a la “nueva normalidad”, en México y en buena parte de América Latina. No es el fin de la jornada de sana distancia, pero sí el inicio de la reactivación, de manera gradual, ordenada y cauta.

Pero ¿qué es la “nueva normalidad”?

Habrá que considerar al menos dos dimensiones. A nivel de la sociedad, es el retorno a la vida laboral, productiva, educativa, cultural, personal y comunitaria bajo nuevas reglas de convivencia sanitaria y de higiene pública.

Mientras no haya medicina ni vacuna contra la enfermedad COVID-19, deberemos guardar distancia de todo aquello que implique la masificación y el contacto cuerpo a cuerpo, vis a vis, entre personas. Nuestro espacio vital en la calle y en la plaza pública será el de una circunferencia de metro y medio de diámetro, mientras que el cubrebocas y el gel antibacterial serán parte de nuestra indumentaria y utensilios cotidianos. Una vez aprobada la vacuna, seguramente formará parte de nuestro pasaporte de vida, que habremos de resellar periódicamente antes del invierno.

Pero habrá otra “nueva normalidad” a nivel del Estado y la cosa pública, cuya instrumentación también será gradual, ordenada y cauta, y hasta podríamos aplicar la figura de la semaforización para medir su avance. Es una nueva normalidad que involucra instituciones, leyes y actores públicos y privados, en los tres órdenes de gobierno.

Luz roja: si la Federación, los estados y municipios reportan una alta incidencia de los factores que acompañaron a la pandemia. Cuatro indicadores: sistema precario de salud pública (falta de hospitales, personal médico y equipo); corrupción endémica en el sistema de compras y adjudicaciones; descoordinación entre los sistemas locales y federales de atención a la pandemia; politización del enfoque y tratamiento de las medidas sanitarias.

Luz naranja: cuando se observe que la Federación, los estados y municipios mantengan una estrecha coordinación entre sus autoridades sanitarias; que adaptaron exitosamente instalaciones hospitalarias para la atención de enfermos de COVID-19 y aplicaron medidas de mitigación social y económica, como apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, siguen prevaleciendo la corrupción y la politización en el gasto en salud pública y la orientación del mismo.

Luz amarilla: cuando la Federación, las entidades y los municipios reporten que no se desbordó la pandemia, que la respuesta institucional y médica fue adecuada para atender a la población impactada, y que apoyaron con recursos propios a la población más vulnerable, de manera transparente y sin endeudarse.

Luz verde: cuando la Federación, los estados y municipios estén institucional, legal y socialmente preparados para edificar y consolidar el Estado de bienestar en sus jurisdicciones. Es decir, un sistema de salud y seguridad social orientado a atender y prevenir no solo el COVID-19, sino las otras pandemias silenciosas (diabetes, obesidad, hipertensión), acompañado de medidas de protección económica a la población más afectada (seguros de desempleo, ingreso básico universal, etc.); con gastos públicos austeros y con una nueva visión del servicio público.

En resumen, la “nueva normalidad” implica una nueva moralidad pública, una nueva forma de democracia (participativa directa) y una nueva política económica que ponga en el centro de su preocupación el crecimiento, sí, pero con igualdad social. Es decir, la “nueva normalidad” es sinónimo de Estado de bienestar en los tres órdenes de gobierno.

 

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