Nuevo intento constituyente en Chile
La elaboración de constituciones se ha convertido en parte fundamental de los esfuerzos de consolidación de paz o de cambios de régimen político. En estos casos, la creación de un nuevo esquema jurídico da lugar a un marco diferente de gobierno. Los países que emergen de un conflicto suelen cambiar sus cartas magnas para señalar una ruptura con el sistema anterior y crear nuevas instituciones. Estudios recientes muestran que el proceso de elaborar una nueva norma fundamental promueve el trabajo conjunto entre las diferentes fuerzas políticas y puede incluso generar confianza entre las partes.[1]
La creación de constituciones ha ocurrido en contextos muy diferentes, desde las secuelas de la guerra civil en Nepal o Sudáfrica, o en condiciones de conflictos interétnicos o de violencia electoral, como en Kirguistán o Kenia.[2] En las últimas décadas, en América Latina surgieron nuevos documentos rectores en Brasil, Colombia, El Salvador, Paraguay, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia.[3]
La Constitución de Chile data de 1980, durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Aunque el texto se ha modificado varias veces, se le cuestiona por ser herencia de la dictadura, y además porque “consolida un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos”, que fue uno de los motivos de las protestas masivas de 2019.[4]
Las demandas sociales llevaron al referéndum del 4 de septiembre pasado para aprobar o rechazar una nueva carta fundamental.
En un artículo anterior presenté algunas reflexiones sobre el resultado del “Rechazo” y las primeras reacciones al plebiscito, como los cambios en la composición del Gobierno chileno con la inclusión de más personas de la izquierda tradicional al mando. Varios elementos contribuyeron al resultado: la falta de representación de las diversas fuerzas políticas en la Convención, las disputas internas entre los constituyentes y los escándalos durante el proceso.
Según encuestas, más de la mitad de las personas que votaron por rechazar la propuesta lo hicieron con base en una mirada crítica sobre la Convención.
Acuerdo por Chile
Hace unas semanas, los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde, y de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, dieron a conocer que los principales partidos políticos firmaron el Acuerdo por Chile, que marca el inicio del proceso constitucional. Se trata de una reforma para dotar al país de los mecanismos necesarios para adoptar una nueva Carta Magna.
El texto lo firmaron representantes de UDI, Renovación Nacional, Evopoli, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical, Partido Liberal, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Partido Comunes, Partido Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática y Acción Humanista, además de los movimientos Amarillos por Chile, Demócrata y Unir.[5]
El acuerdo incorporó muchas de las demandas de la derecha, como el tipo de órgano responsable de redactar la nueva Constitución y la manera de elegirlo. Mientras la izquierda proponía llevar a cabo elecciones directas de las y los integrantes del Constituyente, la derecha buscaba que su composición la definieran los partidos.
Analistas argumentan que esta negociación es una victoria para el presidente Gabriel Boric, quien pudo persuadir a los principales actores políticos de firmar el nuevo plan.[6]
Proceso constituyente
El Acuerdo por Chile especifica cómo será el proceso para aprobar la nueva Constitución y los órganos que participarán. El Consejo Constitucional estará integrado por 50 personas y se encargará de discutir y aprobar el texto (con tres quintas partes de los votos). Sus integrantes se elegirán en votación universal y obligatoria —en cumplimiento de la entrada en vigor de una nueva ley— en mayo de este año, a partir de listas abiertas de partidos, que podrán incluir a aspirantes independientes. Obedecerá el criterio de paridad entre mujeres y hombres e incluirá escaños indígenas.[7] Este órgano se disolverá cuando el proceso constituyente concluya.[8]
La Comisión Experta incluye a 24 personas, cuyo trabajo será presentar un anteproyecto de texto constitucional.[9] El Senado, las diputadas y los diputados elegirán a quienes participarán en este grupo, según la proporción de las distintas fuerzas políticas. Las decisiones se tomarán por tres quintas partes de la formación. Se prevé que la Comisión inicie sus trabajos a principios del año y que incorpore su voz al Consejo Constitucional.
El Comité Técnico de Admisibilidad estará compuesto por 14 juristas de reconocida trayectoria, que resolverán las diferencias que se presenten. El Senado elegirá a las y los integrantes, a partir de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputadas y Diputados. Su objetivo será determinar la inadmisibilidad de postulados, cuando sean contrarios a las bases institucionales.[10]
La idea es aprobar esta reforma constitucional en la primera quincena de enero, para arrancar el proceso. Se prevé que el 21 de octubre se entregue el texto final. La propuesta del documento deberá ratificarse mediante un plebiscito en diciembre de 2023.
Se identificaron ciertas “bases constitucionales” intocables. Estos principios incluyen la concepción de que Chile es una república democrática y que el Estado es unitario y descentralizado. Asimismo, se reconocen los derechos humanos de los tratados internacionales. La Constitución consagrará que el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos. Se reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. Además, se dispone que los emblemas nacionales son la bandera, el escudo y el himno nacional, y que hay tres poderes separados e independientes entre sí: Ejecutivo, Judicial y Legislativo bicameral.
Adicionalmente, se consagran los órganos autónomos, como el Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República; se protegen los derechos y libertades fundamentales, como el de la vida, la igualdad ante la ley, propiedad, libertad de conciencia y de culto, el interés superior de niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijas e hijos, entre otros. Además, se establece la subordinación al poder civil de las Fuerzas Armadas y del Orden; se definen cuatro estados de excepción constitucional, y la importancia de la conservación de la naturaleza.[11]
Los procesos constituyentes de 2022 y el de este año tienen algunas diferencias. Una es el número de integrantes del Consejo, quienes discuten y aprueban el documento. Previamente eran 155 personas, ahora son 50. En el proceso que viene, a este órgano se sumarán una Comisión Experta y un Comité Técnico, cuya conformación definirá el Congreso.
Además, en 2023 las y los legisladores tendrán un peso mayor. El plan también otorga más poder a los partidos políticos. La primera Convención favoreció la elección de candidaturas independientes. Esta vez, la votación se hará con listas abiertas compuestas por partidos o pactos entre estos (con candidaturas independientes posibles). Respecto a los escaños indígenas, estos se asignarán según el porcentaje de votación que reciban. La nueva propuesta, además, no se redactará a partir de cero, sino que deberá considerar las bases constitucionales acordadas por los partidos.[12]
Apoyo político
Un amplio espectro de partidos apoya el acuerdo, entre ellos, las fuerzas de izquierda y centroizquierda, integrantes de la otrora Concertación (Partido Socialista, Radical y Demócrata Cristiano) y grupos de derecha y centro-derecha que están en la oposición.
El Partido Republicano, en el extremo derecho, no está de acuerdo con el plan. Tampoco el Partido de la Gente, autodefinido como una formación “sin ideologías políticas”. En la izquierda el respaldo fue amplio, pero hay voces disidentes, como la de la expresidenta de la Comisión Constituyente, la activista y académica Elisa Loncon, quien ha señalado que el proceso favorece a la derecha y que el resultado será una reforma en lugar de una nueva carta constituyente. Añadió que el actual proceso es un “retroceso político al siglo XIX en materia indígena”.[13]
El presidente Boric planteó que “es preferible un acuerdo imperfecto que no tenerlo”, al explicar el proceso. El diputado Javier Macaya, en favor del plan, aseguró que este “no es un triunfo de por sí, sino el reinicio de un camino constituyente”. El parlamentario advirtió que los principios constitucionales definidos y el desarrollo de un anteproyecto por la Comisión Experta evitarán “experimentos refundacionales”. En tanto, voces del Partido Comunista, que también signó el acuerdo, critican que están presentes los “fantasmas de la democracia tutelada”, pero consideran que, en general, la propuesta es positiva. Refieren que la Constitución va a “establecer un piso mínimo”, que servirá para construir un Estado social democrático de derecho.[14] Hacia el futuro, analistas anticipan que lo importante es que el acuerdo rescata los principios generales del derecho constitucional chileno y brinda herramientas para elaborar una carta magna más realista.[15]
Adicionalmente, el plan cuenta con la mayoría del apoyo de la población. Según el último estudio de la casa de investigación de mercado CADEM, en promedio, el 83 por ciento apoya las bases institucionales y fundamentales del acuerdo constitucional, y el 64 por ciento está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución[16]
Voces expertas señalan que el Acuerdo por Chile permitirá al presidente Boric avanzar en una agenda de prioridades, como la disminución de la desigualdad, la solución del conflicto Mapuche, la seguridad pública y la descarbonización.
En su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional, el mandatario anunció más de 30 iniciativas de ley concentradas en las áreas de salud, educación, pensiones, vivienda y trabajo.[17] Para seguir adelante con todos los temas, el jefe de Estado busca dialogar y avanzar en acuerdos con la izquierda tradicional, e incluso con los sectores de la derecha.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
Fuentes
[1] Charlotte Fiedler, “Why writing a new constitution after conflict can contribute to peace”. German Institute of Development and Sustainability (noviembre, 2019), sec. Publications, Briefing Paper [En línea]: https://bit.ly/3WNfclh [Consulta: 28 de diciembre, 2022].
[2] Berghof Foundation and the United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs, Constitutions and Peace Processes: A Primer. Berghof Foundation, Berlín, 2020, 82 pp. [En línea]: https://bit.ly/3if4JQr [Consulta: 1 de enero, 2023].
[3] Rodrigo Uprimny, “The Recent Transformation of Constitutional Law in Latin America: Trends and Challenges”. Texas Law Review, 7, 89 (junio, 2011), pp. 1587-1609 [En línea]: https://bit.ly/3ItO5XY [Consulta: 1 de enero, 2023].
[4] Redacción, “Elecciones en Chile: por qué es tan polémica la Constitución de Pinochet que 155 representantes van a sustituir”. BBC News Mundo (17 de mayo, 2021), sec. América Latina [En línea]: https://bbc.in/3vD3oGp [Consulta: 2 de enero, 2023].
[5] Senado de la República de Chile, “Acuerdo por Chile: Definen Consejo Constitucional, Comité de Expertos e itinerario para nuevo proceso constituyente”. Senado de la República de Chile (12 de diciembre, 2022), sec. Noticias [En línea]: https://bit.ly/3vAqb5F [Consulta: 2 de enero, 2023].
[6] Frida Ghitis, “Chile Takes Another Stab at Drafting a New Constitution”. World Politics Review (22 de diciembre, 2022), sec. Column [En línea]: https://bit.ly/3CfVrdJ [Consulta: 1 de enero, 2023].
[7] Paula Molina, “3 preguntas para entender cómo se escribirá la nueva Constitución de Chile tras el apabullante rechazo en el proceso anterior”. BBC News Mundo (13 de diciembre, 2022), sec. América Latina [En línea]: https://bbc.in/3X4Dmav [Consulta: 3 de enero, 2023].
[8] Europa Press, “La comisión en el Senado de la Constitución de Chile aprueba una reforma para iniciar un nuevo proceso constituyente”. Notimérica (27 de diciembre, 2022), sec. Política [En línea]: https://bit.ly/3In2Z2w [Consulta: 1 de enero, 2023].
[9] Rocío Montes, “Asamblea electa y comité de expertos: Chile acuerda un nuevo proceso constituyente”. El País (12 de diciembre, 2022), sec. Chile, ed. América-México [En línea]: https://bit.ly/3GevH2C [Consulta: 2 de enero, 2023].
[10] Senado de la República de Chile, op. cit.
[11] Equipo Infogate, “Los 12 principios irrenunciables llamados “Bases Constitucionales” que son la base de la Nueva Constitución”. Infogate (13 de diciembre, 2022), sec. Congreso [En línea]: https://bit.ly/3WI9Doe [Consulta: 1 de enero, 2023].
[12] P. Molina, op. cit.
[13] Diario UChile, “Elisa Loncon: “El actual proceso constituyente es un retroceso político al siglo XIX en materia indígena””.
Diario UChile (27 de diciembre, 2022), sec. Política [En línea]: https://bit.ly/3jPdpxD [Consulta: 1 de enero, 2023].
[14] P. Molina, op. cit.
[15] Andrea Aguilar Córdoba, “Las claves de Chile para retomar la redacción de una nueva Constitución”. El Tiempo (18 de diciembre, 2022), sec. Internacional, Latinoamérica [En línea]: https://bit.ly/3GD2ct1 [Consulta: 1 de enero, 2023].
[16] CADEM, “En promedio, 83% apoya las bases institucionales y fundamentales del acuerdo constitucional”. CADEM (25 de diciembre, 2022), sec. Estudios, Plaza Pública [En línea]: https://bit.ly/3GyadiF [Consulta: 1 de enero, 2023].
[17] Claudia Heiss, “Nueva Constitución chilena: segundo intento”. Nueva Sociedad (diciembre, 2022), sec. Opinión [En línea]: https://bit.ly/3GDbqoM [Consulta: 1 de enero, 2023].
