Olla de presión
Un pueblo es y será siempre un organismo vivo. Un conglomerado de personas que pudieran parecer distintas y lejanas entre sí, pero que en realidad están estrechamente unidas por factores que van desde lo natural hasta lo histórico y lo cultural, pasando por lo ideológico y lo social.
Existen abundantes ejemplos de pueblo vivo, como el que retrata el escritor afincado en México —aunque de origen incierto—, B. Traven, en su novela La rebelión de los colgados, obra que hace una denuncia profunda de la explotación y brutalidad ejercidas en contra de los grupos originarios de nuestro país en la región del trópico durante el inicio del siglo XX.
Esta novela narra la historia del levantamiento de los peones y su lucha por alcanzar la libertad, y revela que un pueblo vivo también es un sujeto colectivo capaz de reaccionar violentamente ante aquellos estímulos externos que lo someten a una presión extrema, como si se tratara de una olla exprés sin válvula.
Por ello, lo ocurrido el pasado fin de semana en Texcaltitlán, Estado de México, no se debe considerar un hecho aislado, sino un incidente que, por su origen y consecuencias, nos obliga a reflexionar para encontrar una perspectiva que permita analizar las causas de fondo y evitar conclusiones precipitadas.
Los hechos violentos en los que perdieron la vida tres civiles (entre ellos el delegado comunal) y fueron abatidos 11 presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado dieron pie a una situación muy preocupante y lamentable por varias razones. La principal, porque desató una reacción desesperada y desproporcionada de la gente, que fue detonada por la extorsión —en la modalidad de cobro de piso— a delegados de comunidades cercanas a Texcaltitlán por cada hectárea cosechada, según los testimonios dados a conocer.
Esa es una de las vertientes de la extorsión directa que más padece la sociedad mexicana tanto en el ámbito rural como en el urbano, y es una constante replicada por los grupos del crimen organizado en prácticamente todo el territorio nacional.
No debemos olvidar que durante el periodo neoliberal se observó un marcado incremento en la extorsión, afectando lo mismo el desarrollo económico que el tejido social. Las acciones asociadas con la llamada guerra contra el narco impulsaron el crecimiento exponencial del crimen organizado.
Asimismo, la disparidad en las condiciones laborales y la precariedad salarial crearon un ambiente propicio para que la extorsión, en todas sus manifestaciones, se convirtiera en una actividad ilícita altamente lucrativa, ante la cual se dejó a la población en una situación de vulnerabilidad e indefensión.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, dada a conocer por el INEGI, durante 2022, la extorsión fue uno de los tres delitos más frecuentes en México, con una tasa de 5,056 víctimas por cada 100,000 habitantes.
Es bien sabido que la cifra negra en México, es decir, los delitos no denunciados, es sumamente elevada. Esto es especialmente cierto cuando hablamos de extorsión, pues el 92 por ciento de los casos no se reporta a las autoridades.
Ello nos da una razón más para seguir fortaleciendo el marco normativo y la proactividad en la respuesta de las autoridades encargadas de la investigación, procuración e impartición de justicia. De lo contrario, será poco útil cualquier esfuerzo que realice el Estado mexicano para alentar la cultura de la denuncia ciudadana.
En el caso particular, hemos hecho lo que nos corresponde para impulsar la creación y reforma de leyes que contemplen sanciones y castigos más severos contra la extorsión, así como la homologación de dicho marco normativo en las 32 entidades federativas, a fin de que haya una visión unificada sobre la gravedad de ese delito.
En esto hice énfasis a principios del presente año, durante la realización del Foro de la Iniciativa de Ley contra el Delito de Extorsión en el Estado de Michoacán, acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Los efectos de la extorsión trascienden lo material: impactan la seguridad humana en la salud, en lo personal, en lo económico, lo político y lo comunitario. Es primordial crear tipologías que consideren el contexto y la diversidad de perpetradores, como en el caso del preocupante cobro de piso, ya que este, al ser asociado con la delincuencia organizada, representa un desafío legal por la ambigüedad en la competencia jurisdiccional entre la Federación y los estados, generando vacíos legales que pueden alimentar la impunidad y perjudicar aún más a las víctimas.
Enfrentar este problema requiere fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad, así como capacitar y especializar a su personal en la lucha contra la extorsión. Esto requiere recursos financieros, materiales y tecnológicos, pero también una formación continua y profesional para adaptarse a las complejidades cambiantes del delito.
Lo ocurrido en Texcaltitlán es la respuesta extrema de un pueblo vivo ante el impacto de la extorsión que se ha profundizado en el país. La reacción de las y los pobladores demuestra que podemos estar frente a una olla exprés, alimentada por toda la cadena de daños y secuelas que origina este delito en las personas y en la sociedad; una olla de presión que puede reventar si no se le proporciona una válvula de seguridad adecuada.
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