Privilegiar la verdad y la justicia
Luego de haberse cumplido un año más de la trágica desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero, es necesario reflexionar sobre este y otros oscuros capítulos de nuestra historia. La fecha nos invita a revivir no sólo el dolor y la indignación por aquel atroz evento, sino también a analizar la evolución de México y el compromiso actual con la verdad y la justicia.
Aquellos terribles sucesos, ocurridos en 2014 en Iguala, Guerrero, dejaron al descubierto la podredumbre de un sistema político que había operado durante décadas. Y aquel Gobierno intentó minimizar la gravedad de los hechos, estrategia que se alineaba con una triste tradición de impunidad y opacidad que caracterizó al periodo neoliberal en México.
Pero el de Ayotzinapa no es un hecho aislado. Debemos recordar también otros episodios lamentables, como el caso Aguas Blancas, en 1995, y la masacre de Acteal, en 1997. Estos eventos se caracterizaron por la falta de respuesta adecuada por parte del Estado, la impunidad y el olvido sistemático de las víctimas. El Gobierno de entonces parecía más preocupado por proteger sus intereses económicos que por garantizar la justicia y la seguridad de la población.
La llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, marcó un punto de inflexión en la historia de México. Su compromiso con la justicia social y la transparencia se ha reflejado en su enfoque respecto a casos como el de Ayotzinapa. Desde el inicio de su mandato se emprendieron nuevas investigaciones y se brindó apoyo a las familias de las víctimas (víctimas a su vez) en su búsqueda de respuestas. La creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa fue un paso crucial hacia la verdad y la justicia que tanto necesitamos.
Comparando la actitud del Gobierno del presidente López Obrador con la de sus antecesores, es evidente un cambio de paradigma en la búsqueda de verdad y justicia. Este enfoque es esencial tanto para honrar la memoria de las víctimas de Ayotzinapa, Aguas Blancas y Acteal como para construir un México más justo y seguro.
Sin embargo, no podemos dar por sentado este cambio; la lucha tiene que continuar. El Gobierno actual debe seguir comprometido con la rendición de cuentas y la erradicación de la impunidad. Además, es fundamental que la sociedad civil mantenga su exigencia de transparencia y responsabilidad.
A nueve años de los hechos del caso Ayotzinapa, recordemos a los estudiantes desaparecidos y a todas las víctimas de la violencia; renovemos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, y luchemos para asegurarnos de que nunca más se repitan los oscuros capítulos del pasado neoliberal en nuestro país. Con un liderazgo comprometido y una sociedad vigilante, podemos construir un México mejor para todas y todos.
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