¿Qué tan seguro es Zacatecas?
Esto hacen en tiempos electorales quienes pasean a los muertos en los mítines de campaña. Algunos partidos hacen votar a los difuntos; otros, los sacan a marchar.
Procuro no abordar en los espacios editoriales temas particulares o cercanos a mis afectos personales, pero la politización y la partidización con que se ha venido tratando el tema de la inseguridad en el estado de Zacatecas, en tiempos electorales, obligan a una excepción de esa regla.
Cuando fui gobernador del estado (1998-2004), Zacatecas venía de una crisis de inseguridad que había golpeado sobre todo al campo. Cuando concluí, era la segunda entidad más segura del país, de acuerdo con los indicadores de hace tres décadas. Recuerdo que en seis años hubo solo un secuestro, que se resolvió en 48 horas, y una “fuga” momentánea de reos del penal de Concha del Oro, cuando un grupo de ellos, al caerse la barda del centro penitenciario, salió para avisar al municipio de lo sucedido y ponerse a su disposición para ayudar a reconstruir la barda. Ninguno se fugó y junto con los trabajadores de la construcción rehicieron el muro. Así era el estado y así eran sus penales hace 30 años.
Vino la guerra de Calderón y todo eso cambió, no solo en Zacatecas, sino en el país entero. El penal de Cieneguillas se convirtió en el centro penitenciario de los Zetas (autogobernado por ellos, como inquilinos principales), de donde se fugaban cada vez que querían. La fractura al interior del Cartel de Sinaloa (los Beltrán Leyva contra el Chapo y el Mayo) transformó al estado en el escenario territorial de esa batalla campal.
La alianza entre los Beltrán Leyva y los Zetas de Tamaulipas condujo a estos a Coahuila y Zacatecas, convirtiendo al centro de la entidad en una auténtica frontera criminal entre sendos carteles. Y el municipio más extenso de esa guerra no convencional fue precisamente Fresnillo. Desde 2008, se detonó en las zonas rurales un conflicto que solo va cambiando de actores: Zetas vs. Sinaloa; los Cabrera de Durango vs. los del Noreste del Z40 y, recientemente, Cartel Jalisco vs. Mayos.
Con policías municipales percibiendo el Mínimo Profesional; con policías estatales sin capacidad de fuerza frente al armamento de los carteles, y con jueces sometidos a la presión del plomo o plata, los municipios del centro de Zacatecas, uno a uno, fueron sucumbiendo ante el avance de los grupos criminales. Solo el Ejército y la Guardia Nacional tienen la capacidad de fuerza para confrontarse con estas agrupaciones paramilitares de la delincuencia organizada.
Querer reducir la responsabilidad de enfrentar a los grupos transnacionales del crimen organizado a uno o dos órdenes de gobierno locales es carecer de visión integral ante un problema estructural. Pero esto suelen hacer en tiempos electorales quienes pasean a los muertos en los mítines de campaña. Algunos partidos hacen votar a los difuntos; otros, los sacan a marchar, pero nadie o muy pocos dicen cómo evitar que la violencia criminal ceda, finalmente, su lugar a la paz con justicia.
Después de 15 años de haberse iniciado la guerra de Calderón, Zacatecas empieza por fin a registrar mejoría: en los primeros dos años de la actual administración estatal las muertes dolosas disminuyeron de 1,741 en 2021 a 1,058 en 2023; el secuestro pasó en el mismo período de 17 casos a 9; la extorsión transitó de 486 casos denunciados en 2021 a 482 en 2023. Otros delitos, en cambio, sí subieron: la desaparición de personas fue de 909 casos denunciados en 2021 a 1,068 en 2023.
Pero nada de esto se ve en un contexto electoral crispado, ideológicamente polarizado, donde ni los muertos descansan en paz.
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