En 1950, cuando la palabra robot todavía pertenecía más al terreno de la ficción que al de la vida cotidiana, Isaac Asimov publicó Yo, robot, un volumen de cuentos y novelas cortas que dejó sembrado un tema que ya es ineludible en nuestros días.

Sus Tres Leyes de la Robótica no son tanto un manual de ingeniería, sino más bien un ejercicio de ética. Asimov comprendió que el verdadero desafío consiste en decidir bajo cuáles principios deberían actuar las máquinas inteligentes al interactuar con la humanidad.

Estas ideas nacieron como literatura de ciencia ficción, pero terminaron convirtiéndose en referencia obligada para cualquiera que reflexione ahora sobre la inteligencia artificial. Y si bien fue sorprendente imaginar máquinas que aprenden o toman decisiones, aún más lo es entender que toda tecnología poderosa necesita límites, responsabilidades y principios.

Hoy hablamos con asistentes virtuales, utilizamos algoritmos, delegamos tareas a sistemas automatizados, convivimos con herramientas capaces de escribir, traducir, diagnosticar enfermedades o generar imágenes casi indistinguibles de la realidad. Sin embargo, mientras esta tecnología avanza aceleradamente, el debate jurídico para su regulación marcha con demasiada lentitud.

Es algo en lo que yo hice hincapié en mi libro Hacia una ley de inteligencia artificial en México: análisis y propuestas. Ahí sostuve (y lo sigo sosteniendo) que la regulación es, más que un freno, una brújula, y que la ausencia de reglas abre la puerta a la arbitrariedad, a la concentración de poder en unas cuantas manos y a la posibilidad de que la tecnología se convierta en un instrumento de desigualdad.

Regular significa reconocer que la inteligencia artificial ya está aquí y que debe servir al pueblo, no someterlo. Con frecuencia se presenta una falsa disyuntiva entre innovación y regulación, como si establecer reglas equivaliera a condenar el desarrollo tecnológico.

Las sociedades que han sabido aprovechar mejor las revoluciones tecnológicas son aquellas que construyeron instituciones capaces de ofrecer certeza, proteger derechos y generar confianza. La innovación florece cuando existe un piso jurídico claro, no cuando impera la incertidumbre.

México no puede limitarse a observar cómo otros países definen las reglas de una tecnología que ya influye en la economía, la educación, la seguridad, la salud y hasta en la vida democrática. Las decisiones que antes tomaban las personas comienzan a apoyarse en sistemas automatizados. Sin mecanismos de transparencia, resulta imposible conocer si dichos procesos reproducen prejuicios, discriminan o afectan derechos fundamentales.

El desafío también consiste en garantizar que los beneficios lleguen a toda la población. La inteligencia artificial puede acercar servicios médicos, optimizar el aprendizaje, fortalecer la investigación y hacer más eficientes a los gobiernos, pero esas posibilidades solo producirán bienestar si existen reglas que privilegien el interés público.

En ese sentido, resulta pertinente la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su planteamiento parte la idea de que México necesita discutir la inteligencia artificial con seriedad, convocando al Congreso, a las universidades, a especialistas y a la sociedad en su conjunto para construir un marco jurídico moderno.

Al mismo tiempo, ha insistido en impulsar la formación de nuevas generaciones en esta disciplina, convencida de que el desarrollo tecnológico debe traducirse en empleos de calidad y en mayor capacidad científica para el país.

Hoy el debate también alcanza a fenómenos como los videos falsos generados mediante inteligencia artificial, los fraudes digitales o la manipulación de contenidos políticos. La posibilidad de alterar imágenes, voces y hechos plantea desafíos inéditos para la democracia y para la confianza pública. La tecnología también puede convertirse en una herramienta de engaño cuando no existen obligaciones de transparencia sobre el origen de los contenidos.

Toda transformación tecnológica modifica, asimismo, las relaciones de poder. Quien controla los datos, los algoritmos y la infraestructura digital posee una influencia que hace apenas unas décadas parecía impensable.

Por eso, esta discusión no puede limitarse al terreno técnico. Estamos hablando, sobre todo, de un debate político, social y democrático acerca del tipo de nación que queremos construir y de quién debe beneficiarse con el conocimiento producido por estas herramientas.

Regular la inteligencia artificial significa asumir una responsabilidad histórica para orientar el progreso y establecer garantías, y no para detenerlo ni para sembrar obstáculos.

Si las generaciones anteriores debieron crear leyes para proteger el medio ambiente o los derechos de las y los trabajadores y consumidores, le correspondde a la nuestra establecer un marco jurídico que coloque a la inteligencia artificial al servicio del bienestar colectivo.

Tenemos la obligación de construir leyes para regular las tecnologías que ya forman parte de nuestra vida diaria. Esa diferencia convierte el debate en una tarea urgente. El futuro no llegará cuando decidamos discutirlo; el futuro ya está aquí.

La verdadera decisión consiste en determinar si permitiremos que la inteligencia artificial avance sin dirección o si tendremos la capacidad de dotarla de un horizonte ético, democrático y, sobre todo, profundamente humano.

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