Ingrid, Brenda y Fátima
Durante las últimas dos semanas, tres diferentes casos de violencia extrema contra mujeres han estrujado los sentimientos de nuestra sociedad.
El primero fue el caso de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada por su pareja con un grado de violencia inenarrable. Pocos días después, la opinión pública se centró en el caso de Brenda, una mujer que fue ingresada en una cárcel para varones en Zacatecas en donde fue víctima de violación y revictimizada por las autoridades locales. Esta misma semana, el brutal asesinato de Fátima, una niña que apenas iniciaba su vida, hizo enfurecer a toda la sociedad.
Estos recientes y lamentables casos son evidencia de la extrema violencia de la cual las mujeres en México son víctimas día con día. De acuerdo con el Inegi, en 2018 ocurrieron 36,685 homicidios en nuestro país, de los cuales, el 10.2 por ciento (3,752 casos) fueron cometidos contra mujeres, y en 187 de los casos la víctima tenía menos de 15 años. Es por demás ocioso el debate en torno a si el número de casos son muchos o pocos: tenemos que centrarnos en el hecho de que en el país al que aspiramos, el que estamos intentando construir, la erradicación de estos acontecimientos es una prioridad.
Por esa razón, en el centro de los esfuerzos actuales se encuentra la convicción de generar mejores protocolos de actuación y herramientas para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. En el Senado de la República hemos ya presentado una iniciativa para replantear y facilitar a las autoridades mecanismos que les permitan castigar los feminicidios. Desde la propia Cámara Alta también se están planteando modificaciones importantes de ley para hacer de la alerta de género una herramienta más eficaz, y se seguirán construyendo todos los instrumentos necesarios que ayuden a que las mujeres y las niñas accedan a una vida libre de violencia.
Los tres feminicidios mencionados han puesto también en el centro del debate las causas de la violencia. Es innegable que los modelos económicos implementados en cualquier país tienen implicaciones sociales que afectan a sus habitantes de diferente manera. En México, la lógica de mercado mezclada con la corrupción adelgazó al Estado, imposibilitándolo para realizar incluso sus acciones de protección y de actuar como garante de la seguridad de las y los mexicanos. Esto facilitó la escalada en los niveles de violencia que actualmente vivimos y que afectan, especialmente, a los grupos vulnerables.
Los tres casos evidencian también que las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad en todos los ambientes: en la escuela, dentro de su propio hogar e incluso cuando se encuentran bajo la tutela del Estado.
Poder enfrentar la terrible situación que en la actualidad experimentan las mujeres diariamente: acoso verbal, físico y el caso extremo del feminicidio, producto de la cultura machista que ha imperado en nuestro país por generaciones, no será fácil. Requiere entender las causas del problema. No se trata de culpar al pasado o a los modelos económicos anteriores, sino, a partir de un análisis profundo de la situación, emprender nuevas estrategias que nos permitan transitar hacia una sociedad de equidad, en la que cada mujer pueda ejercer sus derechos, como la libertad, con plenitud y tranquilidad.
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