Acordar y consensuar, no dividir ni confrontar
En medio de la crisis ocasionada por la enfermedad COVID-19 en México, el gobierno está profundizando las políticas de transformación del país en las cuales las personas más vulnerables son el objeto primordial de atención. No hacerlo significaría darles la espalda a quienes hasta hace poco se sentían al margen y que en el proyecto de la 4T encontraron una alternativa esperanzadora para cambiar el rumbo de sus vidas.
Del otro lado de la moneda se encuentran quienes desde el inicio del movimiento que llegó a la presidencia en julio de 2018 han resistido el cambio de régimen. Primero lo hicieron desde el poder, utilizando recursos públicos para impedir que una alternativa al antiguo y caduco statu quo fuese electa democráticamente. Ahora, gracias a la voluntad popular, quienes hicieron de todo para impedir el inicio de la transformación resisten y reaccionan echando mano de todos los medios a su alcance.
Por esta razón, resulta entendible que una disrupción de la magnitud de la pandemia por COVID-19 sea utilizada por estos grupos para evitar la consolidación del cambio de régimen y para ejercer presiones que impliquen una regresión a las políticas económicas del pasado y que impidan que lo que aún queda del antiguo orden sea removido de la escena pública.
Dentro de estas presiones se encuentra la exigencia de que el gobierno contrate deuda pública para crear un paquete de estímulos económicos encaminados a apoyar a las grandes empresas de acuerdo con las recetas que desde 1982 fueron adoptadas como dogma y que dieron lugar a la intensificación de la pobreza y a la ampliación de la desigualdad. Para comprobar los resultados de este modelo, los efectos de la deuda y el impacto de los rescates económicos, basta con revisitar la historia reciente de nuestro país.
Un breve repaso de la deuda pública en México
En 1982, México, junto con otros países latinoamericanos, no pudo soportar la deuda que había contraído de entidades internacionales para llevar a cabo proyectos de infraestructura. En ese mismo año, el país declaró la moratoria de la deuda. Este fracaso económico justificó el cambio de paradigma económico iniciado por los gobiernos mexicanos en los que se implementarían una serie de reformas orientadas a disminuir la participación del Estado en la economía y a integrar a la nación en la economía mundial.
Las reformas estructurales de los ochenta y de los noventa del siglo XX, como lo harían más tarde las de la segunda década del siglo XXI, fueron diseñadas en teoría para lograr mayor estabilidad macroeconómica y mayores tasas de crecimiento sostenidas. Además, en aquellos momentos, especialmente durante el sexenio de 1988 a 1994, se anunció que se esperaba que la apertura comercial disminuyera la brecha salarial y que las privatizaciones mejoraran la eficiencia. Sin embargo, en la realidad las cosas fueron muy diferentes.
En 1995, el país enfrentaría una nueva crisis financiera, la cual también fue solucionada ampliando la deuda pública. De 1982 a 1994, se esperaba que estas reformas hubiesen ayudado a disminuir la pobreza y la desigualdad, pero esto tampoco ocurrió. De hecho, de 1984 a 1994, el coeficiente de Gini (cero es igualdad perfecta y uno es desigualdad absoluta) de los ingresos de los hogares pasó de 0.49 a 0.55. Es decir, las reformas estructurales ampliaron la desigualdad del ingreso.
Al mismo tiempo, el porcentaje de personas que vivía en pobreza alimentaria y patrimonial pasó, de 1992 a 1996, del 21.4 por ciento y el 53.1 por ciento al 37.4 y al 69.0 por ciento, respectivamente. Este cambio es importante, pues en medio de ese periodo tuvieron lugar el rescate bancario y la crisis financiera que dieron como resultado que la deuda pública, como lo muestra la Gráfica 1, aumentara considerablemente para salvar a unos cuantos bancos.
Gráfica 1. Saldos de la Deuda del Sector Público Federal Variaciones, saldos de la deuda (1990-2019), Porcentajes del PIB
En ese momento, la deuda pública en México pasó de 357 mil 398 millones de pesos en 1994 a 837 mil 213 millones en 1995, lo cual representó un incremento del 134 por ciento en la deuda. Esta cifra estuvo dedicada casi en su totalidad al rescate financiero durante la época más neoliberal de México, durante la cual, como ya se explicó, el número de personas viviendo en pobreza aumentó.
Después de 1995 y hasta 2006, la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) fue disminuyendo, pero de 2006 a 2018 presentó un incremento importante. La Gráfica 2 muestra el incremento porcentual de la deuda a través de los años, y la Gráfica 3 muestra las cantidades equivalentes a la deuda pública en millones de pesos.
Gráfica 2. Saldos de la Deuda del Sector Público Federal Variaciones, saldos de la deuda (billones)
Gráfica 3. Cambios porcentuales anuales de la deuda pública en México
Es interesante que, incluso cuando de 2000 a 2012 se obtuvieron ingresos extraordinarios equivalentes a 1.2 billones de pesos —la mitad de ellos debido al auge del petróleo—, los gobiernos siguieron contratando deuda. Entre 2006 y 2012, la deuda se incrementó notoriamente, pasando del 18 por ciento, en porcentaje del PIB, al 33 por ciento. Esto se debió a que en medio de este periodo se dio la crisis financiera mundial de 2008, y el rescate siguió las directrices del modelo económico de ese entonces.
Al mismo tiempo, el porcentaje de personas viviendo en condición de pobreza pasó del 44 al 45 por ciento. Al igual que en 1994, el endeudamiento no benefició a la población más vulnerable.
Para 2012, la deuda pública de México en proporción al PIB era del 33 por ciento. Hacia finales de la administración pasada, había crecido en 7 puntos porcentuales (llegando a alcanzar un máximo de casi el 48 por ciento durante 2016). Este cálculo considera los activos de la banca de desarrollo, IMSSS, ISSSTE, entre otros, pero si sólo se incluyen los pasivos totales generados por el sector público, resalta que de 2012 a 2018 la deuda pública en México llegó a incrementarse hasta 12 puntos porcentuales del PIB.
En pesos y centavos, esto significó que la deuda neta del sector público se incrementó en casi 6 billones de pesos en una sola administración; tal cantidad, prorrateada entre la población total del país, equivale aproximadamente a 50,000 pesos. Este endeudamiento se dio en un periodo de relativa tranquilidad económica a nivel internacional, pues no hubo una crisis mundial de por medio. El problema de esta deuda es que difícilmente podremos saber en que se gastó ese dinero, pues mientras la productividad del país no aumentó, la carga impositiva en cada mexicana y mexicano sí lo hizo.
¿Qué lecciones nos deja el pasado?
Este simple y breve análisis muestra que, desde la época neoliberal, la deuda pública de México ha aumentado, algo que no es malo por sí mismo. Lo que resulta negativo es que los recursos que todas y todos los mexicanos tenemos que pagar hoy en día como consecuencia de este endeudamiento hayan ido a parar a proyectos que no se reflejan en una mejora económica de la población.
En 2018, México tenía una deuda pública neta equivalente a 10.8 billones de pesos. Esto equivale a aproximadamente un costo de 90,000 pesos por persona, incluyendo niñas y niños. Como se puede apreciar en cualquiera de las gráficas presentadas, la nueva administración, la de Andrés Manuel López Obrador, recibió el país en el punto más alto de su historia en materia de deuda pública, y tan solo en estos meses de gobierno se han logrado estabilizar y mantener los niveles de ésta.
El endeudamiento en algunos países ha funcionado para incrementar su productividad; existen algunas naciones que tienen deudas públicas por encima de su PIB. Sin embargo, en México la deuda fue utilizada de manera poco ética, pues se tomó el dinero de todas y de todos los mexicanos para después beneficiar a una muy pequeña minoría. Esta condición hizo que el país tuviera más difícil acceso a los mercados financieros, y que las condiciones de préstamo no sean las ideales.
Mientras tanto, en el país aproximadamente 61.7 millones de personas viven en pobreza o pobreza extrema. Entonces, la pregunta es para qué han servido los rescates y el endeudamiento, y de que manera podrían, ante la crisis actual por la pandemia, atender las necesidades urgentes de las personas más vulnerables sin hacerles pagar los costos del rescate.
Seguramente, la deuda pública no habría aumentado tan dramáticamente durante las últimas administraciones o, si hubiera sido gastada de manera responsable, en estos momentos el país contaría con mayores recursos para llevar a cabo un rescate económico más amplio. Éste es un claro ejemplo de cómo la unión del poder político y el poder económico en México generó que los recursos públicos fueran utilizados para enriquecer a unos cuantos, a costa de la mayoría. El proyecto alternativo de nación implica desterrar estos comportamientos, asegurando la puesta en marcha de medidas económicas encaminadas a lograr la justicia social y la disminución de la desigualdad.
Haber reafirmado la voluntad de no repetir este tipo de acciones durante el manejo de la crisis ha exacerbado la posición de algunos integrantes del sector empresarial que esperan que el gobierno recurra nuevamente a este tipo de políticas, sin darle prioridad a la atención de los millones de personas que difícilmente se verían beneficiadas de un endeudamiento. Al respecto, el presidente ha sido muy claro: en esta ocasión no será el pueblo quien se tenga que apretar el cinturón.
El presidente también ha dejado en claro que el gobierno nunca estará cerrado al diálogo, y que la situación se evaluará dentro de un periodo de tiempo determinado para precisar hacia dónde se tienen que encaminar las medidas económicas necesarias para volver a la normalidad. Lo que entonces se necesita es cooperación y voluntad de todos los sectores, para solidarizarse con el esfuerzo de las autoridades encaminado a brindar soporte a las personas que históricamente habían sido marginadas y que no son representadas por ninguna cámara o consejo.
De esta manera, la crisis por COVID-19 ha puesto bajo la luz las ya existentes separaciones sociales, demostrando que el mundo está dividido en grupos de interés que en tiempos de crisis buscan defender sus posiciones a través de la conformación de diversos sectores. Por encima de todos estos sectores se encuentra la autonomía relativa del Estado con la que hoy cuenta México y que permite hacer frente a las necesidades constantes y actuales de la sociedad, sin responder al servicio de un sector específico o sin ceder a las presiones ejercidas por los mismos.
Como todas las crisis, ésta se enfrentará en diferentes etapas, y durante la fase inicial se ha tomado la decisión de focalizar los recursos para profundizar las políticas que democráticamente han sido electas. Ello no implica que las demandas y propuestas de los otros sectores no sean válidas, lo que no puede pasar es que, como antes, los intereses específicos estén por encima de los de la mayoría. Si esta premisa es aceptada como legítima, si todos respetan la democracia, entonces construir el andamiaje para atender esta crisis de manera conjunta será mucho más sencillo.
Aún falta mucho por hacer para volver a la normalidad; lograrlo de manera rápida y eficiente dependerá de la capacidad que se tenga para no alejarse del camino del entendimiento. En estos momentos, lo sensato es acordar y consensuar, no dividir ni confrontar.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
