Dos años
Dos años han transcurrido de la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos años, con un estilo de gobierno diametralmente opuesto de los del pasado: austero, sobrio, honesto, incansable y firme en los propósitos fundamentales, que son el cambio de régimen y la transformación profunda de las instituciones.
Se trata de una tarea compleja y que es incomprendida por quienes se beneficiaron de los regímenes neoliberales, y que, desde distintas y variadas trincheras, intentan recuperar espacios políticos y recobrar los privilegios que les han sido suprimidos.
Por eso, cambiar el rumbo de un país requiere de cambios estructurales y no sólo cosméticos, pues, como la historia nos recuerda, el inicio de las transformaciones no implica su consolidación. Y en este contexto se inscribe el esfuerzo que en el Congreso mexicano se ha realizado, y que en este espacio, en una mera síntesis enunciativa, referiré.
El centro de los trabajos legislativos de estos dos años incluye 17 reformas constitucionales, 25 nuevas leyes y 228 reformas a diversos ordenamientos, lo cual concreta un total de 270 productos legislativos, y ha tenido como base el fortalecimiento de la democracia.
Por eso, en el Senado de la República se han creado las bases jurídicas para hacer valer los principios democráticos, al elevar a delito grave el uso de programas sociales con fines electorales y aprobando el mecanismo de la consulta popular, que, en conjunción con la revocación de mandato, facilitará que la ciudadanía ejerza su derecho a la representación efectiva.
En materia social, en el Congreso se han construido los cimientos del Estado de bienestar al que debemos aspirar. Se elevaron a rango constitucional los programas sociales dirigidos a las personas más vulnerables; se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual garantizará el acceso a la salud efectiva; se aprobó una nueva reforma educativa y se estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Además, se aprobaron reformas en materia de reconocimiento de pueblos y comunidades afromexicanas.
Dentro del ámbito económico, el Congreso ha aprobado reformas que de manera inmediata se reflejan en mejoras de la economía nacional, entre las que se encuentran la cancelación de la condonación de impuestos, la prohibición de facturas falsas y empresas fantasma y el incremento al salario mínimo, equivalente a casi el 40 por ciento. Como acompañamiento a estas políticas, el Senado también reguló las compensaciones a personas funcionarias públicas.
Además, se catalogó como delito grave a la corrupción, que mermaba al erario; se creó la Ley Federal de Austeridad Republicana, con la cual se pone fin a una época de abusos y despilfarro por parte de las autoridades, y se logró la aprobación del T-MEC, que es el instrumento comercial más importante para México y América del Norte.
En lo que respecta la construcción de un orden jurídico que favorezca el Estado de derecho y la pacificación del país, en el Congreso se aprobó la creación de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, dos instituciones diseñadas para transitar hacia la pacificación del país y dejar atrás los efectos que la violencia y la impunidad han generado en el desgastado tejido social. A esto se le suma la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial, un primer paso para fortalecer las instituciones de procuración e impartición de justicia en México, y la reforma constitucional en materia de extinción de dominio sobre bienes ilícitamente obtenidos.
Además de los cambios logrados en estos tres rubros, se pueden mencionar las siguientes acciones legislativas que representan un avance rumbo a la consolidación de la 4T: aprobación de la reforma laboral para fortalecer los derechos de las y los trabajadores; eliminación de fideicomisos para combatir la opacidad en el gasto público; otorgamiento de derechos a las personas trabajadoras del hogar; expedición de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana; aprobación de la Ley de Amnistía, para liberar a quien injustificadamente se encuentra en prisión; aprobación de la reforma que permite al Gobierno federal comprar medicamentos en el extranjero, y la reciente aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que pone a México a la vanguardia en la materia, atendiendo una demanda social que había sido ignorada.
Haber aprobado estas reformas progresistas, que permiten mantener el rumbo constitucional y legal que hasta el momento se ha impreso al proyecto de nación, ha requerido la construcción de mayorías absolutas, que han sido logradas a través del consenso y el diálogo. Revertir estos cambios a la ley no sería imposible, pero sí complicado.
Por eso, a dos años de gobierno se puede decir que los trabajos del Congreso, respetando la plena autonomía entre poderes, han contribuido a la construcción de la idea de nación que más de 30 millones de mexicanas y mexicanos apoyaron en las urnas.
Con estos cambios legales y estructurales, México se aleja de lo sucedido en otros países, en donde los deseos de la voluntad popular han sido revertidos por la reacción de quienes buscan mantener el statu quo.
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