Galimatías
El término galimatías tiene un origen incierto, aunque, de acuerdo con la Real Academia Española, proviene del francés galimatias, que quiere decir “discurso o escrito embrollado”. Asimismo, en una de sus acepciones, se entiende como “confusión, desorden, lío”. Por eso, al enfrentar situaciones difíciles de entender o cuya explicación se ha complicado, suele decirse que se está ante un galimatías. Lo sucedido en Nuevo León bien puede catalogarse como un incidente de ese tipo.
Todo inició con mucha claridad: Samuel García Sepúlveda, gobernador constitucional de Nuevo León, solicitó licencia al Congreso del estado para poder participar en la contienda por la Presidencia de México. Lo hizo el 23 de octubre de este año. Dos días después, la mayoría de la legislatura local —compuesta por el PRI y el PAN— aprobó la licencia, que tendría efectos a partir del 2 de diciembre de 2023, pero también eligió como gobernador interino a José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal.
Menos de un mes después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó ese nombramiento, bajo el argumento que Salinas Garza no era elegible, debido a que una sola persona no podía concentrar dos o más Poderes. Tras la revocación, el Congreso local tuvo que designar a un nuevo gobernador interino, lo cual sucedió el 29 de noviembre de 2023, y Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal del Ministerio Público estatal, fue elegido por la mayoría legislativa.
El nombramiento fue cuestionado nuevamente por el gobernador constitucional, quien emitió un acuerdo en el Periódico Oficial, en el cual hizo pública su determinación de cancelar la licencia solicitada, para, con ello, permitir que el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, pudiera fungir como encargado del despacho del Poder Ejecutivo estatal; es decir, que fuera el propio Ejecutivo quien designara al encargado de suplirlo durante su ausencia.
Aquí inicia el verdadero galimatías. El juez tercero de distrito en materia del trabajo de la Ciudad de México revocó el nombramiento de Orozco como interino, lo que permitió pensar que el encargado de cubrir a Samuel García sería el secretario general de Gobierno.
Sin embargo, horas más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Gobierno de Nuevo León permitir que Orozco Suárez asumiera como gobernador interino, y después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró infundado el reclamo de García Sepúlveda respecto a la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino por parte del Congreso local. Frente a esta acción legal, que pondría en el cargo de gobernador interino a una persona de afiliación política distinta de la del gobernador con licencia, este decidió abandonar la carrera presidencial y regresar de lleno a su cargo.
Esta crisis política generó reacciones disímbolas, encontradas y dispares, atendibles todas, pero algunas de ellas, desproporcionadas, pues hay quienes afirman que el gobernador Samuel García está impedido para regresar a su encargo constitucional y que incluso comete el delito de usurpación de funciones. No obstante, se aleja de la Constitución el impedir que asuma un puesto popular quien fue votado de la misma manera, pues estos cargos son irrenunciables. Y aun cuando haya solicitado licencia, la persona servidora pública electa por sufragio universal puede retomar sus funciones cuando lo desee, incluso antes del plazo previsto en la licencia otorgada.
Es muy delicado y muy grave para la vida institucional y para la vida democrática del país que el Poder Judicial haya tomado tal decisión. También llama la atención la forma de plantearla, así como la inédita manera de resolver el recurso —en unas horas, admitiéndolo y resolviéndolo al mismo tiempo—, para otorgar la suspensión o la ampliación de la controversia constitucional.
Las fuerzas políticas que contienden en la renovación presidencial deben tener extremo cuidado, porque la SCJN lamentablemente ya tomó partido. Lo más extraño es que los órganos jurisdiccionales afirman que debe mantenerse al gobernador interino por encima del gobernador electo popularmente. Vaya despropósito.
Este galimatías nos deja una lección importante. Por fortuna, no todos los ministros y ministras piensan así. En ellos cabe la prudencia y la preocupación del giro dado por este órgano máximo de justicia. Por nuestra parte, hacemos votos para que prevalezca la sensatez en aras de fortalecer la democracia.
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