Nuevo León, Samuel y el Congreso
Celebremos que la gobernabilidad se ha afianzado en Nuevo León de manera civilizada y democrática.
Al final, prevalecieron el acuerdo, la sensatez y la altura de miras entre el Ejecutivo y el Legislativo de Nuevo León, para garantizar la gobernabilidad democrática de una entidad entrañablemente importante para México y para la 4T.
El estado del norte es un referente político para los tiempos que estamos viviendo. Ha tenido de manera consecutiva dos mandatarios que ganaron desafiando los canales de participación política tradicionales: Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, primer gobernador independiente —sin partido político de por medio— en la historia del país, quien entregó el Gobierno a Samuel García, el más joven de los Ejecutivos locales en este momento, que si bien contó con el registro de Movimiento Ciudadano, cimentó su victoria en el manejo eficaz de su imagen y mensajes en las redes sociales, donde jugó un papel preponderante su también joven esposa, Mariana Rodríguez, una influencer ampliamente reconocida en la entidad.
Sin embargo, tanto Jaime Rodríguez como Samuel García ganaron el Poder Ejecutivo, pero no el Legislativo, y de aquí nacieron todas sus complicaciones políticas. Triunfar con las redes sociales proporciona legitimidad, pero no siempre gobernabilidad, y esta es una de las insuficiencias que brota desde el primer día que se ejerce el gobierno constitucional.
Cuando se obtiene el ejecutivo, pero no el legislativo, se trabaja bajo una modalidad conocida como “gobierno dividido”. En estas condiciones, ejercer el gobierno requiere sostener de manera continua y sistemática una vía de diálogo, negociación y acuerdos, que no siempre llegan a buen puerto. El punto de inflexión de los gobiernos divididos es establecer los límites y términos irreductibles de una negociación, en la cual las partes tengan claro hasta dónde los acuerdos son legítimos y hasta dónde se vuelven un mecanismo de chantaje, extorsión o subyugación de una parte sobre la otra.
En 1997 inició la etapa de los gobiernos divididos a nivel federal, cuando el PRI pierde por primera vez en su historia la mayoría en la Cámara de Diputados. Ernesto Zedillo (segundo trienio), Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ganaron la Presidencia, pero no el Congreso, y se vieron obligados a negociar de manera permanente, sistemática y continua todos sus programas, proyectos y presupuestos, no siempre de manera transparente y democrática, sino mediante acuerdos cupulares, algunos de naturaleza inconfesable.
Esta es la práctica parlamentaria que el gobernador Samuel García no consintió aplicar durante su gobierno, a juzgar por el plan de once puntos que la mayoría del Congreso neoleonés le puso como condición para otorgarle licencia y dejar como interino a un integrante de su gabinete.
La alternativa a los gobiernos divididos son los gobiernos parlamentarios o de gabinete o de coalición, que en la Constitución federal se contemplan como opción, pero que en la Carta Fundamental de Nuevo León no existen.
En estas formas alternativas de gobierno, las crisis como la de Nuevo León se resuelven convocando a otras elecciones o sometiendo a un plebiscito ciudadano los acuerdos de una y otra parte, para que el pueblo decida quién tiene la razón.
Mientras esto sucede, celebremos que la gobernabilidad se ha afianzado en Nuevo León de manera civilizada y democrática.
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