Guacamaya
Durante uno de los picos de la pandemia generada por la expansión del SARS-CoV-2, hubo quienes infectaron al mundo con otro tipo de virus: en octubre de 2020, autoridades de Estados Unidos informaron que grupos de cibercriminales secuestraron los sistemas de información de un número considerable de hospitales de ese país, amenazando con interrumpir sus servicios de salud pública, lo cual podría evitarse si los afectados pagaban el rescate solicitado.
Algunos años antes, en 2014, la empresa Sony fue víctima de un hackeo tras haber producido una película en la que se parodiaba la actuación del mandatario de Corea del Norte. Las versiones disponibles señalan que, después de haber anunciado y difundido el filme, la compañía japonesa recibió la amenaza de un bombardeo cibernético, lo cual ocurrió.
Ambos ataques son idénticos en sus métodos, pero distintos en sus propósitos. Mientras que en el primero los delincuentes tenían un fin meramente económico, el segundo poseía un tinte político. Lo sucedido en nuestro país la semana pasada, cuando un grupo denominado Guacamaya se atribuyó el ataque a los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional, se acerca, por la naturaleza de la organización, a acciones con enfoque político.
En sus propios términos, Guacamaya es un grupo activista que pretende entregar información a los pueblos para contribuir a la resistencia contra el proyecto desarrollista del norte global. Por el momento, su influencia en México es limitada, en buena parte porque sus exigencias están incluidas en la agenda pública del propio Gobierno.
Entre la información dada a conocer, las noticias sobre la salud del presidente han sido quizá las más relevantes. Se trata de reportes que apuntan a lo que ya se sabía: el primer mandatario recibió servicios de atención médica por riesgo de infarto, pero no se señala una enfermedad desconocida o algo que pudiera poner en peligro el último tramo de la actual administración.
En este sentido, si bien el ataque reflejó la vulnerabilidad de la seguridad digital de las plataformas de Gobierno, también mostró la fuerza de la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ofreció chivos expiatorios ni quedó al desnudo frente a la población, cada vez más habituada a conocer información directamente desde la Presidencia, para aplicar una de las políticas más características de la transición que inició en 2018 en México: que lo público sea cada vez más público.
No obstante, este pasaje nos deja algunas interrogantes. ¿Qué pasaría si se filtrara información que pusiera en riesgo la seguridad nacional? ¿Qué tan vulnerable es la información confidencial, de volverse pública mediante ataques como los ocurridos? ¿Cómo se defenderá en el futuro el Estado mexicano de grupos que pretendan violentar la seguridad digital?
Nos queda también la importante lección —que merece ser discutida y atendida— de la relación entre los gobiernos y empresas que proveen servicios de ciberseguridad y blindaje de la información. Estos entes privados tienen como objetivo central generar ganancias, y por eso su protección será eficiente en la medida que los clientes paguen las actualizaciones y los servicios “necesarios” para garantizar la no vulneración.
No se puede afirmar, bajo ningún escenario, que estas empresas busquen vulnerar de manera deliberada a quienes pretenden proteger, pero sí es un hecho que eventos como el ocurrido la semana pasada dejan en claro que el modelo de protección de datos no puede tener una lógica meramente económica, y que este es un momento propicio y adecuado para empezar a fortalecer y apostar por desarrollos de fuente abierta que no sean una camisa de fuerza para los gobiernos.
Sin duda es un tema que requiere mayor atención. La legislación y las políticas públicas al respecto habrán de garantizar que la información reservada mantenga su estatus, pues de lo contrario se incurriría en graves omisiones que dejarían en entredicho la seguridad y abrirían paso a un vacío de poder que sería caldo de cultivo para la impunidad. Que los estragos de las filtraciones fueran manejados correctamente no debe distraernos del hecho mismo y de su gravedad.
Las guacamayas son aves gregarias, que permiten conocer el estado de conservación del hábitat en el que se desarrollan, pues compiten por el alimento con otras especies. El ataque que el grupo Guacamaya realizó la semana pasada permitió, de cierta manera, conocer la estabilidad del Gobierno mexicano en la actualidad, y también poner en marcha una exhaustiva revisión sobre cómo y quién se encarga de proteger nuestra información.
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