Respuesta a críticas del gobernador de Florida
El pasado 12 de mayo, el gobernador republicano de Florida (Estados Unidos), Ron DeSantis, firmó proyectos de ley que prohíben una moneda digital federal centralizada y la vigilancia gubernamental de las finanzas. En su mensaje se refirió a la crisis fronteriza y a la política migratoria del presidente Joe Biden; criticó el fin del Título 42 y agradeció la decisión de un juez federal que bloqueó temporalmente la política de libertad condicional para migrantes, que Washington había puesto en marcha.
En ese contexto, hizo señalamientos respecto a la falta de control de México sobre el paso de personas que buscan entrar a Estados Unidos, y también emitió una opinión negativa en torno a la operación en territorio nacional de los cárteles de las drogas que trafican fentanilo a la Unión Americana.
Estas aseveraciones son inaceptables por la forma en que el gobernador se refirió a las acciones de política nacional y también por el fondo que las sustenta.
Sus referencias a las estrategias de política nacional para atender el fenómeno migratorio y la delincuencia organizada de narcóticos rebasan la línea de respeto que debe haber entre representantes de Estados soberanos o líderes regionales. Es parte de una narrativa radical que, lejos de construir soluciones, enturbia la relación bilateral, ya de por sí compleja.
El gobernador de Florida busca la nominación del Partido Republicano para competir en las elecciones presidenciales de 2024, aunque todavía está detrás del expresidente Donald Trump en las encuestas. Se ha esforzado en mostrar una visión muy radical del estado de las cosas: en los últimos días firmó leyes sobre la libertad de conciencia de los médicos, en contra de los bonos sustentables, en oposición a la comunidad LGBTTTIQ+, y promulgó legislación antiinmigrante, por mencionar algunas normas recientes.
Ya estamos viendo que el tema migratorio será parte de las campañas políticas hacia los comicios del próximo año. Al respecto, algunas encuestas señalan que ocho de cada 10 republicanos consideran que aumentar las deportaciones es importante.
La legislación SB 1718 de Florida, firmada esta semana, tiene como justificación combatir los efectos de la inmigración indocumentada generada por las políticas fronterizas del Gobierno federal. La ley obliga a las empresas de ese estado a usar el programa de verificación de empleo E-Verify para identificar a trabajadores indocumentados, e incrementa los recursos públicos para trasladar a personas sin documentos a localidades que gobierna el Partido Demócrata. Es la normatividad más severa que haya promulgado un estado en esta materia. Activistas que defienden a personas migrantes señalan que ya los trabajadores indocumentados tienen miedo de presentarse a laborar o enviar a sus hijas e hijos a las escuelas. Quienes tengan la posibilidad considerarán marcharse a otro estado.
Esta legislación ignora que por mucho tiempo Florida ha sido hogar de una gran cantidad de inmigrantes. Uno de cada cinco residentes nació en otro país, constituyen más de una cuarta parte de la fuerza laboral y sus principales países de origen son Cuba (un 23 %), Haití (un 8 %), Colombia (un 6 %), México (un 6 %) y Jamaica (un 5 %). Se estima que hay unas 800 mil personas inmigrantes indocumentadas, que equivalen al 18 % de la población en esa situación y al 4 % de la población total del estado.
Los ámbitos con más participación de ese grupo poblacional son el hospitalario y de cuidados médicos y personales, la industria agrícola y la construcción. Según la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, alrededor de 300 mil personas que laboran en el campo viven sin documentos en el estado, lo que representa aproximadamente el 60 % de la fuerza laboral en este sector.
Según estimaciones, las personas inmigrantes, con documentos y sin ellos, han aportado decenas de miles de millones de dólares en impuestos. Un cálculo arroja que en 2018 las y los inmigrantes indocumentados en Florida pagaron 1.3 mil millones en tributos federales y 588.3 millones en estatales y locales. Como consumidores, aportan casi 100 mil millones de dólares a la economía del estado.
Analistas del tema consideran que este grupo de disposiciones legales no sólo afecta a las personas indocumentadas, sino que también tendrá repercusiones en las y los ciudadanos estadounidenses y en las comunidades de Florida. También pueden perjudicar a quienes están en proceso de obtener el estatus de residentes permanentes.
Asimismo, juristas señalan que esta legislación va en contra de la Constitución y que está en tensión con la ley federal sobre el tema.
Respecto al asunto del fentanilo, el gobernador vincula la llegada de inmigrantes con el tráfico de aquél, pero la evidencia demuestra que tal aseveración es falsa, pues las y los inmigrantes no trafican drogas, y la mayoría de las personas detenidas por esa actividad son estadounidenses. Ciertamente, hay una epidemia de opioides sintéticos en esa nación, y ya cobró la vida de cientos de miles de personas, pero la estrategia para su atención se debe enfocar en los elementos que realmente intervienen en el problema. Con esta visión han avanzado los Gobiernos de las dos naciones.
Sin una visión integral de los problemas, sea migración o tráfico de narcóticos, no hay manera de avanzar en una solución adecuada, porque será imposible atender sus causas reales y mejorar las condiciones de la población.
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