La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el inicio de la consulta pública para integrar los lineamientos de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se busca, ante todo, garantizar los derechos de las audiencias.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que, en tiempos que exigen más participación ciudadana, haya voces que cuestionen un mecanismo que abre la puerta para que el pueblo opine antes de que una regulación entre en vigor.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Por ello, vale la pena detenerse un momento y separar los hechos de las especulaciones. Recordemos que la reforma en telecomunicaciones fue aprobada en 2025, por lo que ahora corresponde integrar los lineamientos que harán posible garantizar los derechos de las audiencias.

En ese sentido, los lineamientos no son definitivos. De ahí la decisión de la presidenta de someterlos a consulta pública, para que los concesionarios, especialistas, organizaciones y cualquier ciudadana o ciudadano interesado puedan revisarlos, opinar al respecto y hacer propuestas.

Difícilmente puede hablarse de censura cuando lo que se busca es abrir un proceso de participación ciudadana. La censura impide que alguien hable; la consulta, por el contrario, invita a que más personas expresen su punto de vista.

La propia mandataria reiteró que no existe ni existirá intención de censurar a la radio, la televisión o cualquier medio de comunicación. Lo que se busca es fortalecer el derecho constitucional de las audiencias a recibir información diferenciada, plural y con mecanismos para señalar cuando algún contenido fue inexacto o vulneró sus derechos.

Entre los puntos por discutir aparecen figuras que no resultan ajenas a las mejores prácticas internacionales, esto es, que cada medio cuente con un código de ética y que exista una persona defensora de las audiencias para atender inconformidades, entre otros.

Naturalmente, habrá aspectos que requerirán ciertos ajustes, y precisamente para eso sirve una consulta pública, para escuchar, corregir y construir mejores reglas antes de emitirlas de manera definitiva.

Recordemos que durante el periodo neoliberal las decisiones de esta naturaleza se tomaban en los escritorios. Hoy es distinto, pues se pone sobre la mesa un proyecto, se publica, se reciben opiniones y después se realizan las modificaciones que resulten pertinentes.

El Gobierno no determinará qué puede decirse y qué no; la participación de las audiencias descansa precisamente en que sean las y los propios radioescuchas y televidentes quienes expresen sus inconformidades mediante las instancias previstas.

Estamos hablando de un mecanismo orientado a reforzar la responsabilidad social de los medios, no a limitar la libertad de expresión. La democracia se fortalece cuando las instituciones escuchan, cuando las empresas participan y cuando la ciudadanía hace valer su voz, y la consulta pública representa justamente eso.

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