Mucho antes de que los algoritmos empezaran a decidir qué ver, qué comprar o qué información consumir, Stanisław Lem advirtió que la tecnología podía terminar siguiendo reglas propias. En su obra Summa Technologiae (1964), el pensador polaco imaginó la “fantomática”, antecedente de la realidad virtual, y reflexionó sobre la posibilidad de los intelectos sintéticos.
No le preocupaba una rebelión de las máquinas, sino algo más difícil de contener, esto es, que la propia evolución de la tecnología terminara rebasando la capacidad humana para dirigirla. Seis décadas después, con la inteligencia artificial (IA), hacemos nuestra su preocupación.
La innovación avanza a una velocidad que los Estados difícilmente pueden seguir, de tal manera que las decisiones que inciden en el trabajo, la información y la vida pública pasan por sistemas que no siempre comprendemos del todo. Y, más allá de lo que la IA puede hacer, el problema es también quién establece las reglas para decidir cómo debe utilizarse.
Hace tiempo que este debate dejó de ser asunto exclusivo de personas científicas o especialistas. Durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York, la gobernanza de la IA forma parte de una conversación internacional cada vez más urgente.
La ONU ya puso en marcha el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, precisamente para discutir cómo lograr que dicha tecnología beneficie de manera justa a todos los países del orbe y no quede determinada únicamente por quienes concentran su desarrollo.
Las posiciones, sin embargo, están lejos de ser uniformes. Washington, por ejemplo, defiende reducir obstáculos regulatorios para acelerar la innovación, mientras que empresas como OpenAI y Anthropic han planteado la necesidad de establecer reglas nacionales obligatorias para los sistemas más avanzados.
Lo que está en juego rebasa con mucho la discusión técnica. Se habla de seguridad, derechos humanos, empleo, concentración de riqueza y poder, discriminación y acceso a los beneficios de una tecnología que puede transformar prácticamente todos los ámbitos de la vida de las personas. También está la pregunta más sencilla y, quizá, la más importante: ¿quién decide para qué se utiliza la IA y bajo cuáles condiciones?
México no puede permanecer al margen. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el país debe discutir la regulación de la IA y que existen ámbitos en los que tienen que establecerse reglas. Con esto no se pretende censurar, se busca abrir una discusión pública sobre los efectos que dichas tecnologías ya tienen en la sociedad actual.
De ahí que en el Congreso figure este tema como una prioridad en la agenda legislativa. Lo que se intenta es una regulación responsable que garantice que las decisiones algorítmicas respeten los derechos humanos y que exista transparencia sobre el funcionamiento y uso de estos sistemas.
De igual manera, se trata de que puedan identificarse y corregirse los posibles sesgos discriminatorios y que la innovación tenga como horizonte la prosperidad y el bienestar colectivos. Regular no significa detener la tecnología, más bien es establecer hacia dónde queremos que avance.
La experiencia internacional muestra por qué hace falta actuar. Como muestra tenemos la manipulación de información, los posibles desplazamientos laborales, los sesgos que reproducen desigualdades y la concentración de capacidades tecnológicas en unas cuantas empresas.
También hay una dimensión de soberanía. No podemos asumir que las decisiones fundamentales sobre una tecnología que ya llega a nuestros centros educativos y de trabajo, hospitales, Gobiernos y hogares deben tomarse exclusivamente en oficinas privadas de Silicon Valley.
México tiene derecho a establecer las condiciones bajo las cuales la IA se incorpora a la vida nacional, priorizando el bienestar del pueblo. Eso exige entender que la regulación no puede limitarse a poner obstáculos; también debe abrir oportunidades. El reto consiste en lograr que una tecnología con extraordinaria capacidad de transformación no termine ampliando las desigualdades.
Se trata, pues, de una discusión que ya no pertenece al futuro. El debate seguirá dándose a escala global, pero algo parece cada vez más claro: dejar que la tecnología avance sin una conversación democrática tampoco es una decisión neutral.
Nuestro país tiene ante sí la oportunidad de participar en esa discusión con la clara idea de que la IA debe servir a las personas y no sustituir la capacidad de éstas para decidir sobre el rumbo de la sociedad. Lo importante es construir las leyes y los mecanismos que permitan la coexistencia de ambas, y no la elección entre tecnología o regulación.
Es apremiante que el futuro digital no sea diseñado solamente por quienes tienen la capacidad tecnológica para hacerlo. También debe construirse con la participación de los pueblos, con derechos protegidos y con gobiernos capaces de exigir cuentas. La IA ya está transformando el mundo; lo que todavía está en nuestras manos es decidir las reglas que queremos para vivir con ella.
X: @RicardoMonrealA
